Nuestra (violenta) democracia

A reserva de lo que ocurra el fin de semana, esta será la elección más grande y violenta en la historia contemporánea de México. Después de superar a la de 2021, la jornada electoral de 2024 ha sido reconocida de esa manera por el mayor padrón electoral registrado jamás, pero también por la documentada violencia política y criminal vinculada justamente al proceso electoral. Abundan los registros rigurosos: Lantia Intelligence, Animal Político, Data Cívica, el Seminario sobre Violencia y Paz, entre otros, hemos ido dado cuenta del tamaño del drama. El reciente asesinato, a sangre fría, de Alfredo Cabrera, candidato del PAN, PRI y PRD a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez, representa una suerte de corolario del horror y la violencia electoral. ¿Qué hacer con tal nivel de violencia?

Hasta hace dos o tres décadas, una parte de la discusión sobre la violencia en México acostumbraba a distinguir la violencia política de la criminal. La primera parecía asociarse a una dimensión vinculada a las agendas de liberación, represión y control por parte de estados burocrático-autoritarios, muy particulares de la experiencia latinoamericana durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta. Desde esa perspectiva, la violencia vinculada a lo político estaba enmarcada entre causas y agendas, asociada a procesos de deseos de cambio político confrontados con resistencias y preferencias por el statu quo. La violencia política mexicana, desde ese punto de vista, encontraba eco, resonancia y significado en el contexto de la represión estudiantil, la guerra sucia y la corrupción de agencias estatales.

Por otro lado, distinta de la política, estaba la violencia criminal. Desprendida, asociada y/o promovida a través de grupos violentos no estatales motivados fundamentalmente por actividades criminales y mercados ilegales (sobre todo narcotraficantes, aunque no exclusivamente), estas formas violentas se presentaban en el análisis como políticamente estériles. Dado que su principal motivación, según parecía, era prioritaria o exclusivamente económica, entonces las relaciones de poder y los vínculos con el Estado ocurrían como una circunstancia de la búsqueda por riqueza económica. No es que, desde esta perspectiva, la violencia criminal fuese menos problemática que la política ni viceversa. La distinción, tan analítica como artificial, tenía la finalidad de reconocer cambios en la forma en la que la violencia era usada para definir el ordenamiento social y político del país. De hecho, cuando un caso de violencia política también tenía características de criminal, la mejor explicación era la de reconocer que la complejidad lo colocaba en una categoría sui generis.

A la luz de la violencia electoral contemporánea, la evidencia confirma las sospechas que vienen sembrándose desde hace años y cuestiona la pertinencia de continuar diferenciando la violencia política de la criminal. Todo lo contrario: todo parece sugerir que en el México contemporáneo -particularmente el electoral- hay política en lo criminal, y crimen en lo político. ¿Y ahora qué? Depende del sector. A las y los académicos y especialistas en la materia nos espera una agenda de investigación densa, intensa y compleja que nos permita comprender la manera en que se han reconfigurado, entrelazado y retroalimentado las redes criminales con las redes políticas en los niveles más locales de México. Para las autoridades, junto con esa agenda, vendrá también una tarea aún más complicada que recaerá sobre todo en el próximo gobierno federal, el cual tendrá que reconocer las características del caso y diseñar una estrategia de contención en la medida en la que se interese en la problemática.

Finalmente, la mayor tarea la cargará la sociedad, a la cual le espera un reto gigantesco: enfrentar nuestra democracia violenta. La democracia es una vía de participación, un mecanismo de representación respetuoso de la diversidad, incluyente, y que reconoce a los derechos como pilares de convivencia. Imposible renunciar a ella si pretendemos aspirar a un mejor país. No obstante, la democracia no resuelve problemas per se; de hecho, los visibiliza y ofrece canales para gestionarlos. La violencia política y criminal está cumpliendo con una función instrumental orientada hacia determinar quién manda sobre quién, para qué, y bajo qué criterios. Al respecto, la democracia puede ayudar a canalizar el conflicto, pero no bastará para construir la paz. Dicho de otra forma, la paz se construye sí o sí en democracia, pero no solamente gracias a ella sino a través de ella.

Por lo pronto, una tarea urgente para el día siguiente a la elección: urge cuidar y proyectar a quienes trabajan para y por la paz (víctimas, personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas, periodistas, personas funcionarias públicas con trabajo por la paz, etcétera). De lo contrario seguirá la tendencia, y la siguiente será la elección más grande y violenta de la historia…una vez más.

* Rodrigo Peña es doctor por el Instituto de Historia de la Universidad de Leiden (Países Bajos). Actualmente es investigador y director ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.