Nuestra política de represión

El fin de semana pasado, distintos medios publicaron videos e imágenes de autoridades mexicanas hostigando a migrantes mientras salían de Tapachula, Chiapas. Animal Político, por ejemplo, reportó que un despliegue de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y el Ejército fue responsable del operativo que violentamente detuvo el paso de una caravana migrante. Para muchos, esta fue la primera vez que vieron la brutalidad con la que actúan los agentes del Estado mexicano: pateando a personas que cargaban niños y golpeando a gente que estaba tirada en el piso. Sin embargo, estos videos no representan nada nuevo en la política migratoria de nuestro país.

En 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto, presionado por la administración de Obama, instauró el Programa Frontera Sur, un programa enfocado en detener y deportar a migrantes tratando de llegar a Estados Unidos por la frontera sur. Tan solo en el primer año del programa, aumentó el número de migrantes detenidos en el sur del país en un 323 %. Esto no cambió con la llegada de López Obrador. De acuerdo al Wall Street Journal, las detenciones de migrantes de marzo de este año son más del doble de lo que fueron el año anterior y las deportaciones han aumentado en un 65 %.

Pero no es solo que México está gobernando la frontera sur con una mano más dura -intercediendo más migrantes y deportándolos-, sino que estos operativos están plagados por un uso de la fuerza desmedido que constantemente lleva a violaciones de derechos humanos. Ya en diciembre de 2019, tan solo un año después de que AMLO tomara posesión, la organización estadounidense WOLA expresó que “el despliegue de la Guardia Nacional… en la frontera sur plantea preocupaciones sobre los derechos humanos”. Desde entonces, colectivos e individuos han denunciado a las autoridades mexicanas por distintas violaciones, desde el uso sistemático de la fuerza, hasta la privación de libertad injustificada en condiciones insalubres y de hacinamiento, y diversas violaciones al trato digno e integridad.  Estas violaciones han llevado, incluso, a la muerte. El año pasado, migrantes detenidos en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, protestaron las condiciones de su encierro e incendiaron la estación, provocando la muerte de un migrante guatemalteco.

Así que, por más que el Instituto Nacional de Migración hoy insista que “basa sus acciones…con estricto respeto a los derechos humanos”, la realidad es otra.

Parte del problema radica en que el control migratorio en las fronteras está en manos de las fuerzas armadas y de un cuerpo de seguridad pseudo-militar como la Guardia Nacional. Evidentemente el entregar un asunto civil (la migración no es un delito) a un grupo especializado en el control social a través del uso de la fuerza, aumenta los riesgos de que haya abusos en el uso de la misma. Años de investigación en materia de seguridad demuestran que esos son los efectos de la militarización y por eso tantos grupos se opusieron a la Guardia Nacional.

Sin embargo, en el fondo, el problema viene de que, como lo dijo el presidente ayer, la “contención” es nuestra política migratoria. El Secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, lo dejó aún más claro la semana pasada, cuando declaró que el objetivo del ejército en la frontera sur es “detener toda la migración”. Más que contención, esto es represión.

La política de represión lleva a la militarización de la frontera y permite que el Estado invierta en infraestructura para detener migrantes, en tecnología para encontrarlos, y en personal para acecharlos. Peor aún, la política misma envalentona a los agentes del Estado a comportarse como fueron capturados en cámara este fin de semana. Ya que si los que están a cargo dicen que el objetivo es detener la migración, es de esperarse que sus subordinados hagan todo lo posible para lograr esa meta. Y, lo que es aún más triste, a la larga esa política reafirma la visión del migrante como criminal que tiene que ser hostigado y ahuyentado. En ese sentido, la política de represión acaba justificando aún más represión.

Vale la pena recordar que toda la violencia que vimos en esos videos, y de la que estoy hablando, la ejerce el Estado mexicano y existe al margen de todos los riesgos que vienen por parte del crimen organizado. Estos grupos han secuestrado, esclavizado, extorsionado, y asesinado migrantes en varios de los eventos más trágicos de nuestra historia reciente. El gobierno actual y el anterior, lejos de hacer algo al respecto, han optado por implementar medidas que ponen aún más en riesgo la vida de los migrantes en su intento por quedarse o pasar por nuestro país. ¿En verdad es esto lo que queremos?

@elpgerson