Nuestra inseguridad energética

Por: Luis Serra (@luisserra23)

El acalorado debate que se ha dado en las últimas semanas sobre cuál es la reforma energética que necesita nuestro país se ha centrado, por un lado, en convencer a la opinión pública que México enfrenta una verdadera presión energética y, por el otro, en denunciar los supuestos eufemismos utilizados por algunos actores políticos (como “apertura a la inversión privada” y “Pemex no puede solo”) para justificar la necesidad de dicha reforma. A cambio de ello, se dejó de lado una cuestión ajena a pasiones ideológicas, de mayor relevancia para el futuro del país y que sólo fue mencionada de forma tangencial por el Presidente Peña durante la presentación de su propuesta de reforma energética: la seguridad energética de México. Pero ¿qué es la seguridad energética y hacia dónde vamos?

La Agencia Internacional de Energía la entiende como la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a un precio asequible, tanto en el corto, como en el largo plazo. En el corto plazo, la seguridad energética se refiere a la capacidad de reacción del sistema a cambios abruptos o desbalances entre oferta y demanda. En el largo plazo en cambio, se refiere a las inversiones necesarias para abastecer energía conforme al desarrollo económico del país y sus necesidades ambientales. Otras definiciones relativamente parecidas son las del Foro Económico Mundial y el Consejo Mundial de Energía. Por su parte, la propuesta del Presidente Peña considera que “se debe aprovechar la disponibilidad de energía primaria en el territorio nacional para lograr la procuración continua, diversificada y económica del suministro energético para ésta y las siguientes generaciones”.

Bajo cualquiera de estas visiones, y más importante aún, dejando de lado tanto las mitologías populistas como las conservadoras, México es un país inseguro energéticamente. La estructura del sector energético en materia de hidrocarburos y en generación bruta de electricidad que diversos gobiernos federales han fomentado no está capacitada para afrontar los retos que se le han presentado y que se agravarán a tasas aceleradas en el próximo decenio:

• De 2000 a 2011 la sociedad mexicana incrementó su consumo de energía a una tasa promedio anual de 2.08%, pero durante el mismo periodo la producción de energía primaria disminuyó a una tasa anual de 0.3%;
• El consumo bruto de electricidad del país crecerá a una tasa anual promedio de 3.97% de 2014 al 2026, demanda para la cual se tiene ampliar la capacidad de generación de electricidad en 40.81GW, lo cual a su vez requiere una inversión de alrededor de 1.34 billones de pesos de acuerdo a datos oficiales de la Comisión Federal de Electricidad;
• La demanda actual por gas natural asciende a casi 9.6 millones de pies cúbicos diarios y la red del Sistema Nacional de Gasoductos sólo puede transportar 5 millones de pies cúbicos al día, esto es, no se puede importar el insumo para satisfacerla, y para 2026 la situación empeora aún más: se necesitarán 13.2 millones de pies cúbicos cada día; y, finalmente,
• A pesar de que México cuenta con un gran potencial en energías renovables (altos niveles de insolación en un 70% del territorio nacional, alta intensidad de vientos en áreas como el Istmo de Tehuantepec, cuarta potencia mundial en recursos geotérmicos, alto potencial en plantas mini hidráulicas y grandes volúmenes de esquilmos agrícolas), sólo percibe el 0.74% de la inversión mundial total en este tipo de energía.

La opinión pública se hace la siguiente pregunta de manera frecuente: ¿por qué se dice que México tiene un problema energético si se trata de un país con tantos recursos naturales y aún es considerado un país petrolero? Si se apela a pasiones ideológicas las respuestas tienden a ser reduccionistas y, en ocasiones, fantasiosas. Sin embargo, una exploración más a detalle indica que el progreso de nuestro país hacia la inseguridad energética no ha sido trivial. Veamos por qué.

Distintas generaciones de administraciones públicas han mantenido una visión de corto plazo del sector energético mexicano, lo cual por un lado, ha limitado a Pemex a ser garante de las cifras macroeconómicas y de las finanzas públicas del Estado mexicano, y, por el otro, al ser una fuente “segura” de ingresos para el erario público, ha provocado una alta dependencia de los hidrocarburos. Adicionalmente, se ha promovido un portafolio de inversión en hidrocarburos estrictamente basado en criterios financieros, cuyo objetivo ha sido maximizar el monto de crudo extraído en el menor tiempo posible sin considerar el deterioro que dicha práctica ha impuesto en el horizonte de vida productiva de algunos campos, tal y como sucedió con Cantarell. Precisamente este tipo de estrategia de explotación ha fomentado a su vez que los costos de oportunidad de los recursos en hidrocarburos no explotados (343 mil millones de pesos anuales desde 2005) no sean incorporados dentro de la métrica de negocio de Pemex. Finalmente, la capacidad de cambio del sector energético ha sido constantemente frenada por diversos actores políticos de distintas ideologías porque persiste en el imaginario colectivo una asociación de la posesión del petróleo a la defensa de la soberanía nacional.

Estas condiciones han facilitado el agravamiento de las siguientes problemáticas:

• Una caída en la producción de petróleo por la baja incorporación de reservas y perforación de pozos explorados, así como por el decaimiento de campos de “fácil extracción” (de 2006 a 2011 la producción cayó en un millón de barriles diarios de petróleo crudo equivalente y de 1980 a 2010 la incorporación de reservas se desplomó en un 3,725%);
• Abandono de la investigación científica en petróleo: sólo 5 de cada 100 instituciones de investigación científica estudian temas relacionados a la industria petrolera, además de que no hay planeación en el desarrollo de recursos humanos calificados (de 2006 a 2011 el número de matriculados y graduados del programa de Doctorado en el Instituto Mexicano del Petróleo cayó en 54% y 60%, respectivamente);
• Una falta de planeación en el desarrollo de la infraestructura para la distribución del gas natural, lo cual genera alertas críticas –cortes al suministro del gas- costosas para la actividad industrial, así como una percepción del gas natural como producto comercial inferior que promueve su venteo al inicio de la cadena productiva (en 2012 las alertas críticas representaron pérdidas por 1,500-3,300 millones de dólares para la industria mexicana y en 2011 se perdieron alrededor de 150 millones de dólares anuales en venteo);
• Un sector eléctrico deficiente que, por un lado, mantiene una red de energía eléctrica que opera al límite de su capacidad y sufre pérdidas asociadas al consumo ilegal –diablitos- (en 2011 representaron el 50% de las pérdidas de energía o lo que es equivalente a 28,500 millones de pesos) y, por el otro, presenta una excesiva capacidad instalada que envejece y se vuelve obsoleta e ineficiente (50% de las subestaciones tiene 26 o más años de edad), lo cual aumenta el costo de producción de la electricidad;
• Subsidios energéticos regresivos e ineficientes que carecen de toda lógica redistributiva y sustentable(benefician a la población de mayor ingreso y promueven un mayor consumo de combustibles de origen fósil que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero) y que representan un alto costo de oportunidad para otros programas sociales eficientes y de protección ambiental (de 2005 a 2011 los subsidios a gas L.P., electricidad y gasolinas representaron 1.15 billones de pesos); y, por último,
• La matriz energética mexicana no es sustentable porque es altamente dependiente de hidrocarburos (en 2012 sólo se produjo 18.3% de la electricidad a partir de energías limpias, esto es, energías renovables y energía nuclear), insumos energéticos finitos, contaminantes y con precios volátiles.

¿Hacia dónde vamos entonces? Hacia un México que en 2023 experimentará un desabasto energético, situación que impondrá particular presión sobre la competitividad de la industria nacional ante el nuevo arreglo geopolítico energético. Para evitar tal escenario, México necesita modificar su sector energético; incluso las voces de mayor oposición a la apertura del mismo lo reconocen.

Primero, la administración pública debe generar una visión de largo plazo que libere a Pemex de sus funciones como brazo operativo del Estado y le permita, por un lado, reinvertir sus ganancias de la renta petrolera en investigación y desarrollo, y, por el otro, tener la capacidad financiera para desarrollar la infraestructura necesaria para la distribución del gas natural. Además, la visión del largo plazo exige la creación de un Fondo Soberano –como el Petoro noruego– que efectivamente pueda distribuir los beneficios de la explotación de los hidrocarburos de forma intergeneracional.

Segundo, Pemex necesita de una reorganización estructural que elimine sus problemas de corrupción y que mejore su eficiencia operativa.

Tercero, se tiene que incorporar el costo de oportunidad de los recursos no explotados dentro de la métrica de negocios de Pemex para que ésta sea sustentable y defina un portafolio de inversión basado en las fortalezas de Pemex, esto es, que le permita desarrollar libremente aquellos proyectos en los que cuenta más experiencia y para los que la tasa de éxito es mayor.

Cuarto, el concepto de soberanía nacional se tiene que reconstituir para que deje de estar ligado a la posesión del petróleo; la soberanía nacional tiene que estar ligada a la seguridad energética.

Quinto, precisamente por el punto anterior, debe ser claro para todo planificador social que una verdadera modificación al sector energético en México forzosamente tiene que considerar cambios a la estructura del sector eléctrico, específicamente cambios que otorguen transparencia a la definición de las tarifas eléctricas y permita la expansión y modernización de la red de transmisión.

Por último, la seguridad energética debe estar estrechamente relacionada al desarrollo sustentable, de tal manera que la seguridad energética de México exige una transición hacia fuentes de energía limpias que permitan el desarrollo ininterrumpido de la actividad productiva sin dañar el medio ambiente. Pero, ¿de qué tipo de energías estamos hablando? ¿Gas shale? ¿Energía nuclear? ¿Energías renovables? ¿Por qué tipo de energía debe apostar México? Eso se discutirá en la segunda parte de este artículo, dedicado a la transición energética.

*Luis Serra es Investigador Senior en CIDAC [email protected]