NSJP: chivo expiatorio de una estrategia fallida (1)
blogeditor · 1 de agosto de 2017
Esta semana arrancamos con una serie de entradas sobre el tema más importante en el debate político: el uso de la fuerza y el ejercicio de la acción penal. Teóricos y filósofos de todas las denominaciones acuerdan que es la responsabilidad más delicada —y grave— del Estado.
Esta es la primera de cinco entregas.
En 2008, Felipe Calderón impulsó una reforma constitucional que urgía a legisladores locales y federales a transformar sus sistemas de justicia penal de acuerdo a ciertos principios. El cambio no sería inmediato: se previó una implementación de ocho años. Ejercido el presupuesto y cumplido el plazo se puede afirmar que fallamos.
Las nuevos principios no son ambiciosos: la policía debe investigar científicamente los delitos y no depender de la flagrancia; el ministerio público ya no dirige la investigación y ahora actúa como una fiscalía que persigue los delitos ponderando la gravedad de cada caso. También prevé un control judicial más estricto. En resumen busca la materialización institucional de la presunción de inocencia y el debido proceso.
Todo mundo se tomó la foto, pero nadie puso manos a la obra. El gobierno de Felipe Calderón reformó las leyes, pero continuó con las malas prácticas: fabricación de culpables, ejecuciones extrajudiciales, criminalización del consumo de drogas, abuso de la prisión preventiva y la normalización del arraigo.
Es cierto que el nuevo modelo no está implementado correctamente, pero eso no significa que debamos dar marcha atrás. Sería como desaparecer de la constitución los derechos que el Estado no nos provee.
Hace un par de meses Miguel Ángel Mancera culpó al nuevo sistema de justicia penal del recrudecimiento de la violencia en la Ciudad de México. Afirmó, sin compartirnos detalles de su razonamiento, que miles de criminales peligrosos quedaron libres y que la procuraduría tenía las manos atadas para luchar contra el crimen. No existe tal nexo causal.
La semana pasada la Marina abatió a “El Ojos” y destapó una ola de especulación. Ciertamente cumplieron con su objetivo: politizar el operativo y embarrar a Morena. La pregunta correcta es por qué nuestras fuerzas armadas decidieron ejecutar al sicario en vez de detenerlo y procesarlo. El juicio hubiera revelado los detalles de la operación criminal y el destino del dinero. En cambio, El Ojos se llevó su historia a la tumba.
El nuevo sistema de justicia nos dio una oportunidad para transformar instituciones y cambiar políticas, pero nos aferramos al pasado. Las omisiones han tenido consecuencias.
Se ha aumentado el gasto en seguridad pública y ha crecido dramáticamente la violencia; se han concebido instituciones que perfeccionarían el sistema y se les ha usado de chivo expiatorio; se ha perseguido a “los malos” sin explicar los motivos ni conseguir la paz; se creó un aparato para para luchar contra las drogas que producido más muertos que rehabilitado adictos.
¿Qué hacer cuando algo no funciona? Hay que cambiarlo. Solo los conservadores y autoritarios opinan que lo más importante es imponer cualquier ley vigente cueste lo que cueste.
Quienes saben de política criminal entienden que el diablo está en los detalles: hay que saber cómo invertir para lograr la paz.
Durante cuatro días presentaremos cuatro breves monografías. Tratarán sobre derechos humanos, el proceso penal, el sistema penitenciario y la transparencia.
Parte 2: Derechos humanos y sentido común
Parte 3: Vigilarnos es mejor que vigilar
Parte 4: Quién hace qué en el Nuevo Sistema de Justicia Penal