Nos siguen quedando a deber...

Nos alcanzó la Semana Santa y nuestros legisladores federales se tomaron sus ¿merecidas? vacaciones dejando varios pendientes que difícilmente alcanzarán a salir en lo que resta del periodo ordinario de sesiones, entre éstos la dictaminación en comisiones del Senado de una iniciativa impulsada por los tres principales partidos políticos que busca contribuir a frenar la extorsión y el secuestro.

La iniciativa presentada por los senadores Tomás Torres Mercado, Fernando Castro Trenti y Alejandro González Alcocer incluye diversas disposiciones para que las compañías de telefonía celular asuman un rol más activo en la prevención y combate a la extorsión  y el secuestro.

Entre otras cosas incluidas en el proyecto legislativo que hemos apoyado desde su concepción destacan la geolocalización en tiempo real de los celulares utilizados por criminales, la desactivación e inutilización de aparatos reportados como robados para que no puedan ser utilizados por los criminales, la abrogación del inútil Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (RENAUT) y el estricto control de los sistemas de bloqueos de señales de celular al interior de los centros penitenciarios.

Como se verá la iniciativa contiene elementos de gran valía en el combate a estos ilícitos que tristemente han escalado proporcionalmente en los últimos dos años.

Además la propuesta cuenta con la disposición, al menos de entrada, de todas las compañías telefónicas que han accedido a participar en las discusiones aportando ideas y acotando lo que es tecnológicamente posible con la red que tiene México.

Los tres legisladores que presentaron la iniciativa han tratado con todos los recursos a su alcance de subirla lo antes posible a la agenda legislativa, pero lamentablemente los intereses electorales y partidistas alejan la posibilidad de que podamos ver concretada esta reforma con la urgencia que merece.

Apenas la semana pasada destaqué en este espacio una buena noticia relacionada con la aprobación en la ALDF del dictamen de la nueva Ley de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro en el DF y ahora es necesario decir que a nivel federal –y con sus muy honrosas excepciones, algunas ya mencionadas más arriba- nuestros legisladores nos siguen quedando a deber.

Parece que se les olvida para quién trabajan y a quiénes están obligados a servir. Es inaguantable escuchar sus “argumentos” en el sentido de que “no hay prisa” en este y otros temas prioritarios para el país como las reformas laboral, fiscal y política, por decir sólo algunas.

Es evidente que como acostumbran no quieren asumir los costos de sus decisiones estando tan cerca la elección del estado de México y más adelante la sucesión presidencial.

En ese cálculo mezquino de intereses el país sigue retrasándose y los ciudadanos seguimos expuestos a prácticas criminales que podrían enfrentarse con mayor eficacia.

Ellos dicen que “no hay prisa” que las cosas se harán “a su tiempo” y después de un sesudo análisis, pero desde la sociedad civil organizada les recordamos que estamos vigilando sus pasos y que tomamos nota de su mezquindad.

La ciudadanía está más despierta y ya no será tan fácil seguir la fórmula del atole con el dedo que por tantos años ha funcionado en la política mexicana.

Espero de corazón, que los políticos y servidores públicos se den cuenta de que sólo con resultados podrán congraciarse con un electorado desencantado, escéptico y en ocasiones asqueado de la política.

Que sean quienes buscan retrasar los cambios sean los que paguen el famoso “costo político” de su inacción, su mezquindad y su miopía.