Nos pusieron un cuatrote: la sobrerrepresentación en el Congreso

Imagine usted que el total de personas en México vota por el 40% por un partido político, el 30% por otro, el 15% por un tercero y el 15% por un cuarto. ¿Estaría usted de acuerdo que el partido que ganó el 40% obtenga el 100% de las curules en el Congreso? Es más, ¿estaría de acuerdo que ese partido se llevara el 64% de las curules y sólo el 36% quedara con el resto de las fuerzas políticas? Hoy la Constitución plantea en su artículo 54 que ningún partido político puede superar el umbral de sobrerrepresentación del 8%. Es decir, si un partido gana con el 40% de la votación el mayor número de distritos de mayoría relativa, su representación en el Congreso no puede superar el 48% con ambos principios de integración: mayoría relativa y representación proporcional.

En 2018, nos pusieron un cuatro-te. A pesar de la claridad de los límites constitucionales, la coalición de Andrés Manuel aprovechó los vacíos legales y obtuvo una sobrerrepresentación de 18%. La alianza Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES) obtuvo 43% de la votación, pero en conjunto lograron el 62% de la Cámara baja, sólo 4% por debajo del número mínimo de diputados requerido para alcanzar la mayoría calificada de 2/3 partes para modificar la Constitución. Sin la coalición, Morena hubiera obtenido apenas 215 de los 306 que llegaron. Como un juego de suma cero, en este caso lo que gana un partido lo pierde otro. La diferencia de 91 legisladores sería mucho menor si las reglas electorales garantizaran que la distribución de diputados de representación proporcional sea los más acorde posible a la votación nacional emitida.

El argumento que utilizaron es que la suma de sobrerrepresentaciones de los tres partidos de la coalición no está prohibida, es decir cada partido político podría tender legalmente un 8% de sobrerrepresentación y en conjunto como coalición podrían llegar hasta el umbral de 24% en detrimento de otras fuerzas políticas. La trampa de los partidos políticos estuvo en postular candidatos afiliados a Morena como si fueran del PT o del PES y después de la redistribución de candidatos de representación proporcional y de la instalación del Congreso de la Unión, decenas de los no afiliados “petistas” y “pesistas” regresaron al partido que contaba con su afiliación -y simpatía-. Después de la distribución ya no se podía sancionar la sobrerrepresentación.

Eso fue lo que discutieron los consejeros electorales la semana pasada. ¿Cómo evitar que los partidos políticos o sus coaliciones violen lo establecido en la Constitución? Si las coaliciones postulan a candidatos que no se encuentran afiliados a sus institutos políticos, como el Partido Verde o el PT que candidatea a personas afiliadas de MORENA, el resultado de mayoría relativa se asignará al partido del cual el candidato o la candidata tenga afiliación política vigente al 21 de marzo de 2021. En caso de que la persona candidata no tenga afiliación, el triunfo se reconocerá para el partido que tenga registrado competir por ese distrito en el convenio de la coalición. Me parece razonabilísimo.

Ante ello, Andrés Manuel y Mario Delgado despotricaron sobre el INE y se le han ido encima en semanas recientes bajo el argumento recurrente de “esquiroles del viejo régimen”, “conservadores que nos quieren quitar nuestra mayoría a la mala”, entre otra serie de ideas pasionales enraizadas en los intestinos y nunca en la evidencia. Utilizar la tribuna presidencial para atacar instituciones es un despropósito para cualquier democracia; que el presidente y su partido político busquen cómo burlar la ley de manera sistemática debe prender todas las alertas par evitar construir mayorías artificiales que hagan más profundo el retroceso democrático que estamos viviendo.

Nos pusieron un cuatro-te que está dañando los cimientos democráticos de nuestro país. Reaccionar ante ello nos obliga no sólo a defender instituciones tan relevantes como el INE, sino a vigilar que cumpla nuestra Constitución y nuestras leyes. La competencia electoral no puede ser tan cruenta ni tan soez ni tan polarizante que acabe por romper desde las conversaciones de sobremesa hasta las instituciones políticas y sociales que sostienen nuestra democracia. Lo mínimo que debemos identificar y defender desde la ciudadanía son las reglas del juego democrático y exigir a todos los jugadores que las acepten, las cumplan y, en el caso electoral, que acepten la derrota con la evidencia que integran y ofrecen cientos de miles de ciudadanos funcionarios de casilla al reportar los resultados ante el INE el día de la jornada electoral.

@luisffernandez