Nos amparamos

 

Año con año vemos cómo el dinero público de la educación se va de las manos. El círculo vicioso es implacable: se asigna el dinero, se desvía el dinero, se detectan irregularidades, no hay consecuencias y se asigna el dinero una vez más para el siguiente ejercicio. En el camino se alimenta a una burocracia eficiente y poderosa: la cúpula del SNTE. Ante ello, un grupo de ciudadanos decidió ampararse contra las autoridades con el fin de terminar con este abuso.

Gracias al trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se sabe que en 2010 se erogaron 3 mil 149 millones de pesos en pagos ilegales con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y al Ramo 25 (para la educación en el Distrito Federal). Estos pagos ilegales (véanse las disposiciones Cuarta y Décima del Acuerdo 482) se destinaron a trabajadores comisionados al SNTE; a personal con licencia de trabajo; a trabajadores adscritos a centros de trabajo “AGS” (personal comisionado al sindicato) y “ADG” o “AGD” (personal comisionado a otras dependencias ajenas al ámbito educativo); a personal que simultáneamente desempeñó un cargo de elección popular y; a conceptos o gastos de operación no educativos como son los “apoyos” y transferencias al SNTE.

A pesar de que la Auditoría detectó las irregularidades, no se promovieron las responsabilidades administrativas y penales por estos pagos ilegales en contra de los funcionarios públicos ante las instancias competentes, así como la devolución del dinero a la Hacienda pública. Acorde con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2010, en sólo cinco por ciento de los casos detectados por la Auditoría se promovieron sanciones. El resto quedó en la impunidad.

A partir de septiembre de 2012, más de 230 mil ciudadanos exigieron a las autoridades que no se destinaran recursos a estos rubros. La Cámara de Diputados no solo ignoró la petición, sino que quitó el único cerrojo que había en el Presupuesto de Egresos donde se decía con toda precisión que estos conceptos eran ilegales (Artículo 10 en el PEF 2012). Para 2013, el dinero de la educación se quedó sin candados. Por ello, es previsible que la secretaría de Hacienda distribuya los recursos de la educación a los estados sin que exista la garantía de su buen uso. En tanto, la Secretaría de la Función Pública —teniendo en sus atribuciones la vigilancia del buen uso de los dineros públicos— no pesca ni un resfriado.

Este sistema es funcional a la cúpula que encabeza Elba Esther Gordillo y ha podido subsistir en el tiempo. Sea por indolencia o complicidad de las autoridades, el resultado es que este desvío de recursos condena a las escuelas a vivir con carencias, pues de acuerdo con la SEP, 2 de cada 10 escuelas no tienen agua potable; 3 de cada 10 no tienen electricidad; 6 de cada 10 no cuentan con drenaje; 7 de cada 10 están sin áreas deportivas; 8 de 10 sin teléfono; y 9 de cada 10 no tienen laboratorios. Con solo dos años del dinero desviado, pudo haberse cumplido la meta de todo el sexenio pasado y rehabilitar a las 14 mil escuelas primarias y secundarias cuyo equipamiento se encontraba en estado malo y pésimo.

Ante esta realidad, las iniciativas Mexicanos Primero y Justicia Justa promovieron una demanda de Amparo en contra de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, la ASF y la Cámara de Diputados para que el juez les exija que finquen responsabilidades, hagan lo necesario para que se devuelva el dinero y se fijen las normas imperiosas para que este abuso ya no siga. De tener una sentencia favorable, las autoridades deben acatar la orden del juez o enfrentar penas por ello, incluida su destitución.

El mal gasto del erario público es una violación a los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. Más aún, es una violación al derecho humano a la educación acorde con los tratados internacionales y la Constitución. La fracción VIII del Artículo 3º establece que el Congreso de la Unión “expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan”.

La figura del Amparo es una herramienta jurídica y pacífica que tiene la ciudadanía para hacer exigibles y justiciables los derechos humanos. La hora ha llegado. El juez tiene la palabra.

 

Seguimos acá la conversación.

 

* El autor actualmente colabora en Mexicanos Primero.