Normalizar la violencia no anula sus consecuencias

Hace más de dos años Nancy tuvo que despedirse de su hijo Manuel. Mientras lo sostenía entre sus brazos, luego de que recibiera varios disparos, le hizo una promesa: sus nietos no vivirían lo que él padeció. Su caso fue titular de un día y luego su nombre pasó a ser uno más de los que integran las estadísticas de un México impactado por asesinatos violentos y otros delitos.

Perder un hijo o un familiar por la violencia es la historia de decenas de miles de personas en México. Como la experiencia de Nancy hay muchas similares, repetidas, reproducidas en los noticieros a diario, escuchadas en las pláticas de sobremesa una y otra vez, y olvidadas una y otra vez. La violencia, infortunadamente, forma parte de la vida cotidiana de muchas comunidades. Tanto, que en muchos casos hemos terminado por normalizarla, por aprender a vivir con ella y por resignarnos hasta volvernos inmunes al sufrimiento que causa a miles de personas.

México, como muchos países afectados por la violencia en la región y en el mundo, sufre desde hace años sus consecuencias humanitarias: homicidios, desapariciones, desplazamientos, separación de familias, amenazas. Ello incluye tanto a las personas migrantes que enfrentan en su paso múltiples peligros que pueden comprometer su vida y su dignidad, como a numerosas comunidades locales cercadas por grupos armados.

Desde hace años la violencia en México ha provocado múltiples consecuencias humanitarias: homicidios, desapariciones, desplazamientos, separación de familias. Ello incluye a las personas migrantes que enfrentan en su paso diferentes peligros y a las comunidades cercadas de miedo por la presencia de grupos armados. A ello hay que sumar los estragos generados por la pandemia.

El CICR, que en 1994 llevó a cabo su primera misión humanitaria en el país, abrió su actual delegación regional en 2002, luego de que el Senado de la República ratificara el Acuerdo de Sede firmado con el Gobierno de México en julio de 2001. Nuestro trabajo y presencia continuos en territorio mexicano desde hace más de 20 años nos enseñan cuán graves son las consecuencias humanitarias y el dolor que causa la violencia armada y nos obligan a luchar contra el letargo y la anestesia para dejar de normalizarla.

La violencia armada no solo afecta el presente de muchas personas, también hipoteca su futuro: incrementa las vulnerabilidades económicas y sociales de las poblaciones e impacta directa e indirectamente en sus rutinas y salud, tanto física como mental.

Pero nuestra experiencia en el contexto mexicano también nos da esperanza. Paralelo a los retos, hemos visto multiplicarse los esfuerzos colectivos de una sociedad civil vibrante que se organiza para empujar cambios estructurales. Hemos sido testigos de la resiliencia de comunidades que generan espacios para reconstruir el tejido social y hemos notado el interés de muchas autoridades para brindar mejores respuestas.

También hay avances desde el ámbito jurídico, como lo es la Ley general en materia de desaparición o la aprobación de la creación Centro Nacional de Identificación Humana, pasos fundamentales para reconocer los derechos de las personas desaparecidas y sus familias, así como de hacer frente a los retos forenses en el país.

Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer. Tomará tiempo superar las consecuencias de la violencia en México. No hay soluciones sencillas ni de corto plazo. Se requiere de presupuesto, de la unión y voluntad de muchas fuerzas políticas y sociales, de la coordinación de autoridades, del apoyo de organismos nacionales e internacionales, y, sobre todo, de procesos que incluyen a las mismas comunidades.

También, y como paso fundamental, se requiere reconocer y tomar conciencia colectiva de cuánto nos cuesta la violencia en términos de vidas y futuros perdidos: empezar por su des-nor-ma-li-za-ción. Esto nos permite reconocer el dolor de las víctimas, recuperar la empatía, salir de nuestras propias burbujas, entender la violencia como un problema común y buscar, diseñar e implementar soluciones de calado.

Desde el CICR trabajamos para asistir y proteger a comunidades afectadas por la violencia, familiares de desaparecidos y personas migrantes, al tiempo que buscamos fortalecer tejidos sociales y suministramos información a las poblaciones para que conozcan sus derechos y puedan acceder a ellos. Queremos mejorar el presente de las personas y ayudarles a encontrar alternativas para su futuro.

Reconocer la violencia como uno de nuestros más graves problemas es un paso adelante para trabajar juntos en revertir la tendencia, para que cada día haya menos personas como Nancy con hijos muriendo en sus brazos. La indignación y el rechazo frente al virus de la violencia es lo menos que les debemos a las víctimas de esta larga y endémica tragedia.

* Miguel Adrián Ramírez González (@MRamirezCICR) es jefe de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México.