Es la cooperación, no la sanción

El argumento central del Leviatán es conocido de sobra. Se repite en medios de comunicación, en la academia y en nuestras conversaciones cotidianas con ligereza. No es que necesariamente sepamos quién fue Thomas Hobbes ni podamos definir el estado de naturaleza según lo entendió él. Es lo que sucede con las grandes ideas: circulan hasta volverse parte del sentido común, aunque no siempre expliquen ni den cuenta del orden “real” de las cosas.

Lo cierto es que a nadie extraña escuchar o leer que las personas somos naturalmente egoístas y que la función de la norma jurídica es, justamente, limitar las posibilidades -en principio inagotables- de imponer nuestra voluntad. La premisa también sirve para definir lo que en economía se conoce como principio de escasez: las necesidades son infinitas y los medios para satisfacerlas son, por el contrario, escasas.

El problema para Hobbes no es tanto que haya quien pueda, a nivel individual, imponerse al resto, sea por la fuerza o por la inteligencia, sino que, primero, nadie puede hacerlo para siempre y, segundo, aún si pudiera (que no puede), es posible que un grupo organizado llegara a conquistar a ese disgregado de personas e imponer su ley y voluntad. Para evitar ese sojuzgamiento involuntario se necesita entonces un ente legítimo que regule, establezca límites y garantice una cierta armonía. Todo, bajo la renuncia individual a la posibilidad de hacer lo que nos venga en gana, para decirlo en términos llanos.

El orden social es posible porque (supuestamente) renunciamos a satisfacer todos nuestros deseos en todo momento; en otros términos, porque cooperamos. Y cooperar siempre significa pensar que no estamos solas en el mundo.  El problema lo vio también John Nash, muchos siglos después, al tratar de resolver el dilema que planteaba la teoría de juegos: si cada persona sólo buscara optimizar sus circunstancias sin tener en cuenta a las demás, terminaríamos por bloquearnos todas.

Desconozco si la película “Una mente brillante” se base en situaciones reales para contarnos cómo el profesor concluye en sus planteamientos sobre el “equilibrio” en situaciones de no cooperación, por lo que prefiero recurrir a un ejemplo propio, que vivimos además diariamente en nuestras caóticas ciudades.

Todas hemos estado alguna vez atascadas en el tráfico. Avanzamos lento sobre una avenida y nos acercamos a un semáforo en verde. Seguir nuestro paso puede implicar que nos toque el rojo, con lo que terminamos por bloquear el paso de quienes atraviesan la avenida. Hasta ahí, no habría mayor inconveniente. En lo individual no parecería demasiado importante bloquear el paso de los vehículos si uno obtiene el beneficio de seguir adelante.

El problema está cuando alguien del otro lado decide hacer lo mismo cuando a él o ella se le pone el verde, a sabiendas de que no va a pasar el tiempo que dure el semáforo y termina por bloquearnos, pero al mismo tiempo él mismo queda bloqueado por quienes como uno, decidió seguirse a pesar de la posibilidad de caer en rojo. Ahora pensemos en el derecho y la democracia.

No es infrecuente que las plataformas electorales de los partidos prometan sanciones más elevadas para resolver el problema de inseguridad. O en realidad el problema que sea. Desde la academia, hay quienes, siguiendo la idea hobbesiana, han sostenido que menos que elevar la sanción, lo que en todo caso impacta en el cumplimiento debido de la norma, es la posibilidad (real) de que se aplique la sanción. Al final se supone que, al ser egoístas por naturaleza, tendemos a maximizar. Si resulta más costoso no cumplir la norma que cumplirla, vamos a cumplir. Y viceversa.

Hay otro problema, ahora asociado a ese cumplimiento, que es cómo asegurarlo. Un sistema democrático supone establecer límites al ejercicio del poder, especialmente al poder punitivo. El Estado, entonces, no puede hacer lo que sea en aras de garantizar el orden público. En defensa de Hobbes habrá que decir que él no estaba pensando en un sistema democrático; es otro tema, pero lo que buscaba era fundamentar y legitimar a un totalitarismo en la era del despotismo ilustrado.

Volviendo al punto, un orden democrático tendrá muchos límites y controles en el uso de la violencia legítima. No es legítima sólo porque tiene un fundamento normativo, sino por cómo se utiliza, bajo qué circunstancias y quiénes están facultadas para ejercerla.

En los últimos años hemos visto crecer, yo diría, de manera alarmante, las facultades punitivas del Estado, la fuerza de las corporaciones policiacas y colapsar los controles básicos. El ejemplo más dramático es El Salvador bajo el mandato de Bukele. Pero no es el único. Las soluciones de fuerza desmedida toman fuerza, valga la redundancia, a medida que hay una menor capacidad para mantener el orden y crece el reclamo social por seguridad. Pero sucede en otros ámbitos.

La pausa navideña no nos ha dado tregua: en el radio, televisión y redes sociales vemos una y otra vez mensajes de precandidaturas únicas, dirigidas a militantes del partido que sea. Es un tecnicismo que usan a su favor partidos y candidaturas, porque de todas maneras terminamos por verlos todas, sin ser militantes.

Habrá quien busque, con alguna razón, echar en cara a las autoridades la permisividad y el pasmo: debería haber sanciones ejemplares. Pero, otra vez, tenemos un problema. Si ninguno de nuestros actores coopera (y en realidad vale igual para ilícitos de tránsito y penales), dado que no podemos materialmente sancionar a todos, tendremos que sancionar a alguno o algunos, aleatoriamente. O sea, aplicar de manera algo selectiva la ley; tomar un caso emblemático para mandar el mensaje. Sucede en todos lados, pero en el derecho electoral es no sólo indeseable sino hasta desaconsejable.

La solución, por ende, no es solamente aplicar la norma, porque no es un problema exclusivamente jurídico. Tiene una dimensión ética innegable. Tenemos que pensar en los términos de nuestra cooperación, en vez de pensar en nuestra ganancia, en el espacio que sea. Y pasa por cambiar nuestro sentido común.

* Alonso Vázquez Moyers (@alonsomoyers) es profesor-investigador de la Escuela Judicial Electoral (@TEPJF_EJE).