No se trata de dinero o poder, sino de la emancipación de lo público

Cuando la corrupción es normalizada, la crítica ciudadana se debilita o deja de existir; esto deriva en indiferencia y apatía social que resultan por demás peligrosas para la vida democrática. Cuando la ciudadanía no encuentra mecanismos para hacer responsables a los funcionarios públicos, la corrupción y la impunidad crecen. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción llevada a cabo en 2004 marca uno de los precedentes más importantes para garantizar la inclusión de la sociedad en el combate a la corrupción. En su artículo 13, urge a los Estados miembro, siendo México uno de estos, fomentar medidas de participación activa que involucren a la sociedad en la prevención y lucha contra la corrupción, así como para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción nacido en 2016 fue resultado de la exigencia, pero sobre todo de la acción colectiva y colocó en el centro de la lucha anticorrupción a la participación ciudadana. Se entendía que el combate a la corrupción no se originaría del sistema político, sino fuera de éste, de la sociedad, ya que -como lo dijo Gabriel Zaid-, “la corrupción es el sistema”. Fue así que se crearon los comités de participación ciudadana, que no solo integran los sistemas anticorrupción, sino que los presiden, encabezan pues la estrategia anticorrupción de México.

El Sistema Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL) fue el primero en conformarse y en mostrar algunos avances. Ha sido reconocido por un estudio auspiciado por el CIDE, Transparencia Mexicana, el Tec de Monterrey, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, UNODC México y otras instituciones como el que registra el mejor nivel de coordinación entre todos los sistemas estatales del país. La Política Estatal Anticorrupción es la política pública en su tipo mejor evaluada en México. Se ha diseñado un software para el registro de declaraciones 3 de 3, que se ha compartido gratuitamente a entes públicos y ha significado un ahorro de más de 200 millones de pesos a las arcas municipales y estatales. Fue el primero en el país en advertir la relevancia de transparentar y abrir al escrutinio público las deudas y gastos generados de la contingencia sanitaria por COVID 19.

El Comité de Participación Social (CPS) de Jalisco tiene atribuciones, que los demás CPCs del país no tienen, en los procesos de designaciones de distintos cargos públicos. Esta atribución ha originado desavenencias entre el CPS y el Congreso del Estado. El primero, exigiendo que se nombre por mérito, capacidad e integridad; el segundo, nombrando por la lógica de “cuates y cuotas”.  El proceso de designación más revelador del conflicto fue el de las y los consejeros de la Judicatura en el verano de 2020. Las y los diputados no solo ignoraron las evaluaciones elaboradas por el CPS, sino -más grave aún- incumplieron sus propias reglas. Nombraron aspirantes que no eran elegibles en los términos de su propia convocatoria. El CPS junto con OSCs estatales y nacionales, y universidades, alzaron la voz y denunciaron la discrecionalidad y arbitrariedad en los nombramientos. El Congreso del Estado respondió con un llamado de atención al CPS, exigiéndole que deje de interferir en el poder soberano que tienen para nombrar y se dedique a combatir la corrupción. Y es precisamente eso lo que hace el CPS, combatir las causas de la corrupción, es decir, la captura de lo público por intereses privados, específicamente, la captura de los cargos públicos.

El conflicto se exacerbó con otros nombramientos y aprovechando la coyuntura del final de la legislatura, el pasado 27 de agosto se aprobó en el Congreso del Estado, por mayoría de Movimiento Ciudadano, PAN y un diputado de Morena, una reforma a la Ley Anticorrupción que llega como cumplimiento de las amenazas contra el CPS:

Artículo 16.

1. Los integrantes del Comité de Participación Social no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva.
2. Los nombramientos de las personas integrantes del Comité serán de carácter honorífico.
3. No gozarán de prestaciones, garantizando así la independencia e imparcialidad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.
4. Los integrantes del Comité de Participación Social no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Social y a la Comisión Ejecutiva.
5. Los integrantes del Comité de Participación Social estarán sujetos al régimen de responsabilidades administrativas por actos vinculados con éstas, conforme a la legislación aplicable […].

Esta reforma indudablemente ataca al eslabón de por sí más débil, pero paradójicamente el más importante de los Sistemas Anticorrupción: la instancia ciudadana. Al atacar al CPS se debilita al contrapeso institucional dentro y fuera del SEAJAL, y por tanto la lucha anticorrupción de Jalisco. Es una afrenta antidemocrática que debe y será combatida por todas las vías: políticas, jurídicas y comunicativas. Porque no se trata de dinero o poder. Se trata de defender lo que nos pertenece a todas y a todos: lo público. Pero lamentablemente, las malas noticias en la lucha anticorrupción en Jalisco no terminan ahí. Está por aprobarse una reforma al SEAJAL, que no solo no integra lo que ya la sociedad propuso en la llamada Reforma 2.0, sino que pone en riesgo su relevancia y existencia.

* Annel Alejandra Vázquez Anderson es Presidenta del CPS del SEAJAL.