No more weapons! (¡No más armas!)…really?

Por: José F. Tapia, Director de Estrategia de México Evalúa

Tengo mis dudas de que un espectacular letrero de 30 metros y 3 toneladas de peso haya sido la mejor forma de crear conciencia sobre el problema de las armas ilegales en nuestro país. Nada nos habla de que se esté gestando una política clara a este respecto.

Lo grave es que nuestras autoridades, ya sean federales, estatales o municipales, han sido incapaces de expresarse en torno a una estrategia; y ni hablemos diseñar, instrumentar o proponer políticas públicas concretas en este sentido. Por fortuna existen datos y estadísticas internacionales que pueden ayudar a comprender este fenómeno de una forma mucho más clara.

Nuestro continente contribuye con el 31% de homicidios a nivel mundial, justo detrás de África, donde se concentra el 33%. Sin embargo, en lo que se refiere a homicidios con arma de fuego, en el 74% de los homicidios ocurren en esta modalidad en América, contrastado con una tasa de 40% en África y 6% en Europa del Este. Sin duda, el homicidio con arma de fuego es ya un fenómeno importante en nuestra región de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (2011).

Para el caso de México, reconocer que no se sabe con exactitud el tamaño del inventario ilegal de armas en nuestro territorio sería un buen primer paso.  De acuerdo con los registros de la Secretaría de la Defensa Nacional, existen cerca de 1.2 millones de armas en posesión de ciudadanos con registro de posesión y/o portación de por lo menos un arma. Esto, sin contar el armamento de uso exclusivo de fuerzas armadas, tanto públicas como privadas.

Lo grave aquí son las estimaciones que ofrecen organismos internacionales, como el Centro de Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra, que calcula los flujos a partir de la producción mundial y la demanda regional. Sus datos indican que en México deben circular entre 6 a 16 millones de armas de forma ilegal, lo cual supera entre cinco y diez veces a las registradas oficialmente y las cuáles, en su gran mayoría, provienen de nuestro vecino del norte.

Estos números sirven para contrastar los logros mencionados por el Presidente Felipe Calderón en el sentido de que, desde el inicio de esta administración, se han incautado más de 140 mil armas: es decir, una fracción mínima del total en circulación. A ese ritmo de incautación, tardaríamos entre 45 a 114 años en erradicar tan sólo el inventario ilegal existente al día de hoy. Proyección nada halagüeña si consideramos que es poco o nada probable que éste no siga aumentando.

Más allá de los registros o la carencia de los mismos, lo verdaderamente desafortunado es el efecto en nuestra sociedad de este flujo de armas ilegales, en específico la tendencia creciente en el homicidio por arma de fuego. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 57% del total de homicidios entra en esta clasificación, cuando en 2000 era solamente el 26%. En la última década se ha registrado un incremento constante que alcanzó un registro 12 mil 716 defunciones bajo esta variable de homicidio doloso en 2011, cuando en 2000 fueron 3 mil 605. Lo anterior representa un incremento de 3.5 veces.

Esta tendencia recae abrumadoramente en hombres, ya que el 90% de las víctimas de este tipo de homicidio son ellos. Pero el dato más triste es que, en estos decesos por arma de fuego, tenemos buena parte de los mismos concentrados en jóvenes de entre 15 a 29 años.

Lo anterior conlleva además, un efecto económico que no ha sido calculado y tiene que ver con el “costo” de una vida, tanto para la familia de la víctima, como en lo referente a su participación en el producto nacional. Por ejemplo, en términos crudos, se estima que en Estados Unidos, el costo de cada una de estas muertes violentas equivalente a 1 millón de dólares. Valdrá la pena empezar a estimar y conocer el costo que genera a la sociedad mexicana este tipo de eventos.

Parecería obvio que estos incrementos en la incidencia y estadística debieran estar muy relacionados con la disponibilidad de armas de fuego ilegales en nuestro entorno y lanzar una alerta. Sin embargo, las autoridades no hablan de este problema como algo prioritario.

Debería explorarse la posibilidad de que el delito de portación de arma de fuego, sea de tipo ligero, semi-ligero o de uso exclusivo del ejército, sea sancionado más inteligentemente. Esto es, vincular la sanción en los ordenamientos legales existentes, como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley se Seguridad Nacional y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en los códigos penales locales. Si bien lo importante no es la sanción en sí misma, requerimos un ordenamiento jurídico claro que apoye una política enfocada en el combate y uso ilegal de armas de fuego. Hablamos aquí de mejores controles en nuestras fronteras, programas de prevención y denuncia que ayuden a reducir paulatinamente el tráfico, así como de una revisión periódica al registro oficial y promover una discusión sobre otros ajustes reglamentarios e iniciativas que permitan, de una buena vez, mejorar la perspectiva en este tema.

Creemos que este tipo de diálogo, con evidencia e iniciativas es lo que se requiere para cambiar el curso de las cosas. Acciones concretas pueden contribuir de mejor forma que un letrero de tres toneladas con una leyenda lacónica como la erigida en nuestra frontera en Ciudad Juárez.