Alejandro Martí · 30 de agosto de 2011
Resulta sorprendente, por decir lo menos, la reacción que han tenido algunos gobiernos estatales ante los datos que dimos a conocer el lunes pasado en conferencia de prensa Edna Jaime, de México Evalúa; Isabel Miranda, de Alto al Secuestro; Héctor Larios del Observatorio Nacional Ciudadano; y su servidor sobre las víctimas invisibles o indirectas de la violencia.
En primer lugar ha sido francamente decepcionante que en lugar de buscar un acercamiento institucional primero hayan salido a declarar ante los medios locales –afines a ellos- para descalificar los esfuerzos de medir, cuantificar y tener una perspectiva distinta del complejo problema de violencia e inseguridad que tiene el país.
El Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI) se construyó con base en las cifras oficiales reportadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esa base de datos es pública y es obligación de las autoridades de todos los niveles mantenerla actualizada y operando, de otra forma no se entiende su existencia.
¿Para qué queremos una base de datos que no se actualiza y que además debe permanecer oculta a la sociedad porque cuando se hace un esfuerzo por ordenar los datos, los gobernadores se sienten agraviados, como si fuera un ataque personal contra ellos y sus entidades?
Ha sido bochornoso ver cómo alguno de estos señores, que sobra decirlo tienen quizá la mayor responsabilidad en la contención de los delitos de mayor impacto, ha salido a declarar y a desvirtuar un trabajo de investigación que no tiene destinatarios específicos.
El derecho a la información es un derecho constitucional inalienable y la transparencia se ha ido abriendo camino en el ámbito federal, pero pareciera que al llegar al nivel estatal se convierte en letra muerta.
Parece que algunos gobernantes quieren seguir viviendo en el siglo pasado, cuando nada se movía sin que ellos lo autorizaran, cuando no se podía publicar una cifra o una declaración incómoda porque mandaban a desaparecer toda la edición que llegaba al estado de cualquier periódico nacional.
No señores, los tiempos han cambiado para su desgracia y los ciudadanos exigimos saber los qué, los cómos y los cuándos de su gestión, más aún en un tema tan sensible como la seguridad pública. Pero más aún, no deberían encolerizarse con las organizaciones de la sociedad civil que estamos dando seguimiento a este proceso, nosotros sólo estamos tratando de entender la realidad.
Es patético que ahora los ciudadanos no sólo seamos amenazados por los delincuentes, sino que además quienes están obligados a combatirlos busquen amedrentarnos con declaraciones estridentes, en lugar de ver los verdaderos problemas que hay en sus estados.
No se confundan, a quienes deberían hostigar es a los criminales, el verdadero enemigo está ahí, en sus calles, en sus colonias, sembrando zozobra entre sus gobernados; no en las organizaciones que buscamos arrojar luz sobre este asunto.