blogeditor · 25 de agosto de 2015
La Campaña Nacional para Prevenir la Tortura (CNPT) del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) está por cumplir 3 años y su trabajo se multiplica aceleradamente. Fundada en la idea de que la tortura, más que una desviación personal, es el síntoma extremo de desarreglos institucionales profundos, esta campaña ha producido y promueve el uso de múltiples herramientas diseñadas para neutralizar las causas que la reproducen y que garantizan su impunidad.
Los burócratas de dolor, como llama Eduardo Galeano a quienes desde el poder público o con el aval del mismo utilizan la tortura, operan en ambientes institucionales –y sociales- de tolerancia. Quien tortura una vez sin consecuencias, de esa manera ha ganado el permiso para hacerlo cuantas veces le plazca. La Organización de las Naciones Unidas informó que la tortura en México es generalizada. Mientras, el gobierno federal contestó que la ONU sólo le había presentado 14 casos sustentados. De generalizada, a un puñado de casos. No sorprende la desinformación de la postura oficial mexicana. Quienes hayan leído el Programa Nacional de Derechos Humanos saben que el presidente reconoció la “Insuficiente generación y sistematización de información integral en materia de derechos humanos”, problema que, vaya ironía, el propio documento oficial reconoce que es el resultado del incumplimiento de una recomendación presentada a México hace más de 10 años, justamente por la ONU.
[contextly_sidebar id=”A899ySdYoBzizI9C6MVWmZnpb5AggUZN”]La CNPT ha encontrado testimonios que confirman la presencia regular de la tortura a lo largo del país. Nosotros sabemos que la pregunta no es si en México hay tortura, sino cuándo se le documentará e investigará adecuadamente, para así estar en posibilidad de castigarla y contenerla. Las denuncias por tortura se acumulan sin parar y el castigo no llega. Por ejemplo, en el fuero federal se produce una consignación luego de 368 denuncias. Peor aún, esa consignación casi nunca terminará en una sentencia condenatoria. En México hay torturados, pero no hay torturadores. El detalle de la información apenas lo dimos a conocer: “La Procuraduría General de la República ha informado que de 2006 a 2014 recibió 4,055 denuncias por el delito de tortura, de las cuales los fiscales solamente han decidido abrir investigaciones en 1,883 casos, de éstas tan solo 11 casos han existido consignación [sic]. Al momento, solamente se tiene registro de 5 sentencias firmes en todo el país por el delito de tortura, según las fuentes oficiales”.
El comunicado citado exige al presidente Enrique Peña Nieto garantizar que el proyecto de Ley General contra la Tortura, actualmente en elaboración, retome los estándares nacionales y los aportes de expertos independientes. En este contexto, se informó apenas que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aprobó el protocolo homologado de investigación de la tortura, mismo que parece haber incluido aportaciones de actores independientes diversos, incluido Insyde.
Renovar las plataformas normativa y protocolaria es indispensable, más no suficiente para lograr que en efecto se investigue, persiga, sancione y repare la tortura. La CNPT publicó 5 materiales que vienen contribuyendo a nutrir las discusiones de los instrumentos referidos, pero ha ido más allá. La campaña viene promoviendo una ley especial contra la tortura, un protocolo de referencia para investigarla, un esquema de control de uso de la fuerza policial para reducir sus oportunidades, una guía de derechos para las víctimas y una propuesta para crear el registro nacional de incidentes en custodia. Todas las herramientas son de acceso público. Además, esta iniciativa presentará en breve la propuesta de Unidad Especializada en Investigación, Sanción y Reparación del Daño en Casos de Tortura, cuyo diseño es encabezado a través de una consultoría que incorpora las lecciones aprendidas en el terreno internacional. Por si fuera poco, hemos lanzado un curso a distancia sobre derechos humanos y prevención de la tortura que pronto rebasará la cantidad de 3 mil policías, agentes del ministerio público, custodios, representantes de organismos públicos de derechos humanos, víctimas y representantes de la sociedad civil inscritos.
Escribió Eduardo Galeano que quienes torturan “son burócratas del dolor al servicio de una gigantesca maquinaria de picar carne humana”. El periodista y escritor uruguayo acertó al caracterizar a la tortura como una constante de los poderes hegemónicos. Es peor, creo, porque esos poderes no tienen suficiente con reproducir la tortura, además invierten tanto como pueden buscando hacerla invisible.