No hay estrategia en materia de derechos humanos

Por: Edgar Cortez (@edgarcortezm)

El informe anual de gobierno podría ser un ejercicio de rendición de cuentas pero nunca lo ha sido en México. Años atrás el informe era el día del presidente, luego pasó a ser una entrega formal del Ejecutivo al Congreso seguido de posterior mensaje político; ahora ni siquiera eso.

El cuarto informe del presidente Enrique Peña Nieto tiene 765 páginas, de éstas se dedican 10 expresamente a informar sobre derechos humanos.

A lo largo del informe se menciona en 210 ocasiones “derechos humanos”. De este número de menciones, 47 veces se refiere a que se impartió algún curso o capacitación a funcionarios públicos; en 16 oportunidades la mención tiene que ver con alguna campaña o difusión del tema, y 15 tienen que ver con que se elaboró algún lineamiento, guía o protocolo que incorpora cierto aspecto de los derechos humanos. Respecto de todo esto no hay dato alguno que permita saber si tales acciones mejoraron el acceso de las personas a sus derechos.

Revisemos algunas algunos aspectos sobre derechos humanos contenidos en el informe. El apartado dedicado expresamente a derechos humanos es el 1.5.1 Instrumentar una política de Estado en derechos humanos, que como ya mencioné abarca 10 páginas.

Se menciona como parte esencial de la Política de Estado en Materia de Derechos Humanos la consolidación del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH). Se dice que con el apoyo de la oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas se asesoró a varios estados para elaborar sus programas estatales de derechos humanos. Cuatro estados lo hicieron: Veracruz, Tamaulipas, Baja California y Zacatecas. No hay referencia alguna a que Veracruz y Tamaulipas son estados que se destacan por la corrupción, violencia y violaciones graves a derechos humanos.

El siguiente aspecto es la promoción de los principios constitucionales derivados de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011. Al respecto se informa de la realización de algunos, foros, de capacitaciones impartidas y de una campaña al interior de algunas dependencias. La reforma más importante en la materia aparece reducida a acciones intrascendentes.

Los siguientes dos apartados se refieren a mecanismos de coordinación y colaboración entre autoridades para mejorar el cumplimiento con los derechos humanos. La información versa sobre foros, difusión y acuerdos de colaboración entre autoridades de diversos órganos de gobierno. Nada da cuenta de cuál es la lógica de la supuesta política de estado.

El siguiente aspecto que se toca son cambios legales para mejorar la protección de derechos, ahí se abordan los debates sobre el uso de la marihuana y la presentación de la iniciativa respectiva. No se explica por qué la iniciativa quedó por detrás de los alcances del debate y tampoco que la iniciativa está detenida en el Congreso. Se alude también a las siete solicitudes de alertas de violencia de género contra mujeres y se enlista qué ajustes legales se pidió hagan los estados, pero no hay dato alguno sobre resultados y menos sobre la efectividad de las alertas para detener la violencia contra las mujeres.

Lo siguiente tiene que ver con acciones para mejorar la localización de personas desparecidas. Básicamente se informa de la creación de la Fiscalía Especializada para Búsqueda de Personas de PGR y que ha localizado a 13 personas. No se hace referencia a que esta Fiscalía, como sus mismos funcionarios lo dicen, busca pero no investiga y tampoco se menciona que ante la falta de resultados se han multiplicado las brigadas de búsqueda que efectúan los familiares en todo el país.

Otro apartado aborda el respeto de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y Policías. La información tiene que ver básicamente con capacitación y protocolos sobre las responsabilidades derivadas de la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Llama mucho la atención que siendo públicas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre Tanhuato y Apatzingán, además de lo sucedido en Nochixtlán, no hay mención respecto del uso de la fuerza por parte de la Policía Federal y tampoco respecto las acciones correctivas.

El siguiente aspecto que se toca son las recomendaciones de la CNDH. El informe resalta que existe una disminución del 46 por ciento entre el número de recomendaciones dirigidas a la Administración Pública Federal en 2015 comparado con 2012.

La disminución anterior oculta que el gobierno actual recibe un mayor número de recomendaciones por graves de violaciones de derechos humanos, como lo señala el portal de noticias Animal Político. La problemática se agudiza cuando las dos recomendaciones y la investigación en curso sobre Nochixtlán tienen que ver con la PF y con el reiterado uso excesivo de la fuerza. La repetición del problema deja en claro una grava omisión.

En suma, el informe presidencial da cuenta de acciones diversas, que no son coherentes y menos que formen parte de una estrategia de Estado en materia de derechos humanos. Hay que ser claro, esa supuesta estrategia no existe.

Menciono tres datos más. A lo largo de todo el informe no se hace ninguna mención del conflicto magisterial con la CNTE, aunque hay un apartado sobre resolución y gestión de conflictos (1.1.4 Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo). ¿Por qué en informe ignora un asunto tan evidente y actual?

En el apartado 1.5.3 Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de delitos, se menciona la existencia del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y se presenta una numeralia supuestamente exitosa. Pero si escuchamos a las víctimas de delito, lo que encontramos es una institución ineficiente, burocrática y cara, al grado que actualmente se exige que se reforme la ley respectiva así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En la sección 2.3.2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud, aparece el siguiente párrafo:

Se estableció que los servidores públicos del Instituto [ISSSTE], en el ejercicio de sus responsabilidades, atribuciones y funciones, deben promover, respetar y proteger los derechos humanos de los usuarios, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo criterios de legalidad, honestidad, igualdad, transparencia, no discriminación e integridad. Asimismo, deben aplicar el principio por persona e incorporar la centralidad del derechohabiente en sus procesos y actividades, con el propósito de que el Instituto ofrezca seguros, prestaciones y servicios de calidad, con oportunidad y calidez. (Página 233)

En alguna normatividad del ISSSTE se repitió lo establecido en el artículo 1° constitucional, pero sin información de cómo se opera tal obligación y menos aún cómo se miden los resultados.

El Informe es un largo recuento de actividades y acciones, pero de ninguna manera da cuenta de dónde se encuentra el país en materia de derechos humanos. Para el informe y para el presidente Enrique Peña Nieto, la crisis de derechos humanos no existe.

 

 

* Edgar Cortez es investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (@IMDHD), organización civil sin fines de lucro, dedicada a impulsar el respeto y fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia. Inició actividades en 2007 con un equipo de profesionales con amplia experiencia en temas sociales, comprometidos con la causa de los derechos humanos y la promoción de la democracia.