Ningún civil se atreve a decirle no a los militares
blogeditor · 4 de julio de 2022
En el más reciente Cafecito Sereno organizado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX (PSC) conversamos sobre la tortura policial y militar. Dos especialistas demostraron que las Fuerzas Armadas usan la tortura con más frecuencia en las detenciones, proporcionalmente comparado con las policías y así demostrado con base en información oficial del INEGI. En otro Cafecito donde abordamos la militarización de la seguridad pública en Brasil, Ignacio Cano, uno de los más prestigiados expertos en América Latina, informó que en ningún caso la intervención de las instituciones castrenses ha reducido las violencias.
En uno más se profundizó en la evidencia que confirma el carácter sistemático de las violaciones graves contra los derechos humanos y su casi total impunidad, y en otra de nuestras sesiones varias organizaciones de la sociedad civil enseñaron amplia evidencia sobre la alta opacidad y la débil rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas. Tenemos más de tres años publicando reportes largos y cortos sobre el tema, demostrando con evidencia de soporte, principalmente construida con información oficial, que la militarización de la seguridad pública no contribuye a la construcción de la seguridad, la justicia y la paz.
Tuvimos 35,500 militares desplegados en promedio anual en tareas de seguridad pública en el sexenio de Vicente Fox, y para mayo de 2022 el número llegó a 239,865, según el monitoreo permanente que hacemos en el PSC. Se multiplicó la cantidad en poco más de 7 veces.
En el más reciente corte informativo a tres años de operaciones de la Guardia Nacional, Arturo Ángel enseñó que “hay más violencia, más militares, menos capacitación y transparencia“. En el Inventario Nacional de lo Militarizado, el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas comprobó la transferencia por centenas de funciones civiles a los militares, corroborándose así que estamos en la fase superior de la militarización, habiendo pasado al llamado militarismo, entendido “como un fenómeno que consiste en la preponderancia del poder militar sobre el poder civil en términos políticos y en donde la esfera castrense influye en la toma de decisiones políticas del Estado más allá de las del sector seguridad y defensa“.
Insiste López Obrador en llevar la Guardia Nacional a la Sedena mediante una propuesta de reforma constitucional que enviaría en breve, iniciativa que, de aprobarse, insertaría a México en una anomalía, dado que “La tendencia global hacia contar con mandos civiles en los cuerpos de seguridad pública es clara: 75% de los países tiene mando completamente civil o predominantemente civil“.
El presidente camina contra la tendencia democrática civilista que desmilitariza las tareas policiales (que por cierto se verá con más y más fuerza en Chile y Colombia), contra las normas nacionales e internacionales, contra las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y contra las recomendaciones más recientes de la ONU, habiendo declarado apenas Michelle Bachelet: “En México, aliento el fortalecimiento de las instituciones civiles para establecer un plan ordenado a fin de retirar a los militares de tareas de seguridad pública“.
Para entender el trasfondo de lo que sucede en México, vale recoger las palabras del especialista Wolf Grabendorff: “… las Fuerzas Armadas están asumiendo actualmente más tareas dentro de estructuras civiles generalmente bastante débiles, al tiempo que intentan acentuar su tradicional autonomía institucional. De este modo, en América Latina las Fuerzas Armadas se están convirtiendo cada vez más en el poder de veto dentro de las democracias frágiles y en el poder de facto dentro de los regímenes autoritarios“.
Dice López Obrador que la Guardia Nacional debe ir a Sedena para que no se descomponga en una dependencia civil; exactamente así el Ejecutivo Federal confiesa que para él las Fuerzas Armadas están por encima de las autoridades civiles, al menos en dos sentidos: uno porque son más capaces y dos, porque una vez entregada esa institución no habrá poder civil que alcance para revertirlo.
Tal como lo quiere el presidente, si la Guardia Nacional se va a la Sedena en efecto podría ser irreversible el control militar de la seguridad pública en México -y de la seguridad interior y nacional-, contribuyendo el hecho a acelerar el poder militar de veto e incluso de facto del que habla Grabendorff.
Una mujer de larga carrera política me confirmó apenas que en la llamada clase política nadie se atreve a decirle no a los militares. La mesa está puesta para un golpe acaso irreparable a la democracia.