Animal Político · 29 de septiembre de 2026
A los 16 años, Karina dejó la escuela porque el dinero en casa ya no era suficiente. Cuando un amigo le ofreció trabajo fuera de su comunidad, aceptó pensando que podría ayudar a su familia. La engañaron, la obligaron a vender droga y, cuando intentó salir, le advirtieron que ya no podía hacerlo. Solo escapó cuando fue detenida.
Hoy, desde un centro de internamiento, Karina quiere volver con su familia y regresar a la escuela. Su historia no es un caso aislado, la evidencia recopilada por UNICEF y otras instituciones muestra que los grupos criminales utilizan a niñas, niños y adolescentes en distintas actividades, desde tareas de vigilancia y mensajería hasta delitos de mayor gravedad.
El testimonio de Karina, recogido por UNICEF en Horizontes Perdidos, muestra una realidad que no podemos ignorar. Una persona menor de 18 años aún no tiene plena capacidad para comprender las consecuencias de incorporarse a un grupo criminal. Cuando, además, intervienen el engaño, la necesidad o las amenazas, como en este caso, no estamos ante una verdadera elección libre. Estamos ante una víctima utilizada por adultos para cometer delitos.
Las decisiones de niñas, niños y adolescentes reclutados ocurren en contextos de coerción, manipulación y vulnerabilidad que limitan profundamente su capacidad de elegir. Deben recibir protección, incluso cuando han sido utilizados para cometer delitos.
Como Karina, otras niñas, niños y adolescentes en México viven en comunidades marcadas por la pobreza, la exclusión, la violencia y la falta de oportunidades. Algunos son engañados con falsas ofertas de trabajo; otros son presionados o atraídos con promesas de dinero, protección o pertenencia.
Frente a esta realidad, Jalisco acaba de dar un paso relevante. Con el apoyo técnico de UNICEF, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco. Es la primera legislación estatal en México cuyo objeto específico es responder de manera integral a esta problemática.
Desde UNICEF celebramos este avance legislativo histórico por dos razones fundamentales. La primera es que la ley reconoce a las niñas, niños y adolescentes reclutados como víctimas y titulares de derechos, y no únicamente como responsables de actos delictivos cometidos bajo inducción o coacción. Pero la protección no termina con la identificación de una víctima. Requiere rutas especializadas y acompañamiento para su desvinculación, recuperación y reintegración social.
La segunda es la unanimidad con la que fue aprobada. Todas las fuerzas representadas en el Congreso colocaron la protección de la niñez por encima de las diferencias partidistas. Ese es el tipo de acuerdo que permite que México acelere sus progresos frente a una problemática que transciende territorios y gobiernos.
Pero una ley, por sí sola, no puede detener el reclutamiento. Ahora corresponde hacerla efectiva mediante coordinación institucional, protocolos claros, información confiable, personal capacitado y recursos suficientes para prevenir estos casos y atender a sus víctimas.
También queda pendiente un cambio fundamental en Jalisco: tipificar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como delito autónomo en el Código Penal del estado. Aunque existen disposiciones que permiten sancionar algunas conductas relacionadas, la responsabilidad debe recaer en quienes reclutan y utilizan a personas menores de edad.
Jalisco tiene la oportunidad de completar el avance iniciado mediante los cambios necesarios a su legislación penal para que quienes reclutan sean investigados y sancionados. Al mismo tiempo, México necesita construir una respuesta penal coherente en todo el país, que cierre vacíos, facilite la investigación y coloque la responsabilidad donde corresponde.
Investigar y sancionar a quienes reclutan es indispensable, pero la respuesta penal no basta. Prevenir exige actuar antes de que los grupos criminales lleguen a las niñas, niños y adolescentes: apoyar su permanencia en la escuela, fortalecer a sus familias y comunidades, ampliar sus oportunidades y ofrecerles protección oportuna ante cualquier amenaza.
La experiencia de Jalisco puede abrir camino para otras entidades. Sus congresos también pueden impulsar leyes que prevengan el reclutamiento, protejan a las víctimas, tipifiquen el delito y asignen recursos para su atención. UNICEF está dispuesto a acompañar ese esfuerzo.
Karina quería estudiar y ayudar a su familia. Hoy quiere recuperar la libertad y vivir sin miedo. Cada niña, niño o adolescente que logra permanecer en la escuela, recuperar su proyecto de vida o desvincularse de un grupo criminal representa una victoria colectiva para México.