Sostener la vida en la ausencia: crianza, desaparición e impunidad

Por Andrea Cristina Cárdenas Domínguez / Colectivo Buscadoras Guanajuato* 

Las familias con personas amadas desaparecidas continúan organizándose para seguir buscando y criando. En medio de desigualdades sociales que profundizan la precarización económica y la sobrecarga cotidiana, las familias han construido redes organizativas que sostienen no solo la exigencia de verdad y justicia, sino también la continuidad de la vida y el cuidado frente al abandono estatal.

En esta reestructuración cotidiana, la crianza se revela como uno de los desafíos más complejos e invisibilizados. Históricamente, la sociedad ha tratado el cuidado de la niñez y adolescencia como una obligación privada que recae de manera casi exclusiva en las mujeres (Federici, 2013). Sin embargo, en contextos de desaparición, son las mujeres —madres, abuelas, hermanas e hijas— quienes asumen de forma simultánea la manutención del hogar, las gestiones ante las autoridades y las acciones colectivas de búsqueda. 

Esta sobrecarga evidencia la urgencia de desprivatizar el cuidado: la crianza en entornos atravesados por violaciones graves de derechos humanos —como la desaparición— no es un asunto privado que las personas cuidadoras deban resolver a solas, sino una responsabilidad cívica, comunitaria y un compromiso que el Estado debe garantizar. 

Esta realidad alcanza de forma directa a  niñeces y adolescencias con familias buscadoras. De acuerdo con estimaciones e informes de organizaciones civiles (Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, 2026), en México existen alrededor de 16,000 niñas, niños y adolescentes que viven en condición de orfandad o afectación directa por la desaparición de un familiar. A pesar de esta magnitud, estas niñeces enfrentan imponentes barreras en sus espacios escolares debido a la falta de sensibilización del personal docente e institucional. 

El impacto de la ausencia de una persona amada es incalculable  

La literatura especializada en trauma psicosocial señala que la ausencia de una persona amada —sobre todo si es un vínculo significativo— impacta directamente en el rendimiento escolar, la salud emocional, la cohesión social, el desarrollo físico y el sentido de seguridad de las niñeces. Sin embargo, el personal educativo raramente contempla este contexto; en su lugar, impera la criminalización, o bien el estigma, juzgando el bajo rendimiento, o problemas de conducta como apatía e incurriendo en prácticas de exclusión, aislamiento y discriminación que revictimizan a la niñez dentro de las aulas (Cárdenas, 2018). 

Por ello, las cuidadoras buscadoras enfatizan la urgencia de capacitar al personal educativo y diseñar planes de estudio adecuados a las realidades de niñeces que crecen en condiciones de profunda desigualdad social, violencia, violaciones de derechos e impunidad. A la par de los retos educativos, las cuidadoras enfrentan complejas encrucijadas en la dinámica familiar. 

Sumado a los desafíos habituales del desarrollo —como abordar la sexualidad o la menstruación con sus hijas e hijos—, las madres y cuidadoras se ven rebasadas por la falta de tiempo —y dinero— al atender las diligencias de búsqueda, o bien, por el agotamiento emocional que les impide participar en actividades escolares. Esta distancia no surge del desinterés, sino del dolor y un profundo sentimiento de culpa: la sensación de “avanzar en la vida” o “disfrutar un momento mientras desconocen si su familiar desaparecido está bien, si tiene frío o hambre”. 

Y a ello se añaden los severos impactos económicos derivados de la búsqueda, los cuales merman los ingresos e imposibilitan costear materiales escolares, regalos, insumos o actividades que contribuyan a su desarrollo integral.

Terror e incertidumbre al habitar un contexto marcado por la desaparición

Asimismo, las cuidadoras señalan los enormes retos que enfrentan para permitir que sus hijas e hijos adolescentes y jóvenes vivan su vida con libertad. La persistente criminalización, la ausencia de respuestas del Estado y la amenaza constante del crimen organizado las orillan a desarrollar conductas hipervigilantes con las que ellas mismas se sienten incómodas y limitadas: expresan con frustración tener actitudes que se perciben como “sobreprotectoras”, llegando a prohibirles salir a reuniones, supervisar sus interacciones sociales, revisar sus teléfonos celulares, etcétera. Estas medidas no responden a un afán de control ni a una falta de herramientas para una crianza bien tratante (Barudy y Dantagnan, 2005), sino al terror constante e incertidumbre latente de habitar un contexto marcado por la desaparición (Cárdenas, 2020).

Los retos que enfrentan las familias buscadoras en la crianza no son un detalle menor: son obstáculos estructurales que dificultan aún más el acceso a la verdad y a la justicia, al recaer de forma desproporcionada sobre cuidadoras sobrecargadas que, con frecuencia, son nombradas injustamente como “irresponsables” “malas madres”.

Resulta urgente la implementación de políticas públicas integrales que partan del interés superior de la niñez. El Estado debe garantizar marcos legales, apoyos económicos, mecanismos comunitarios para la coconstrucción de herramientas de crianza con enfoque de derechos humanos y trauma psicosocial que reconozcan, regulen y protejan esta realidad en la vida de niñas, niños y adolescentes, asegurando que ninguna madre sea juzgada por las estrategias de supervivencia a las que se ve orillada cuando la comunidad y las instituciones fallan en sostenerla.♦ 

*Andrea Cristina Cárdenas Domínguez es psicóloga comunitaria, perita en violencias y violaciones a derechos humanos e investigadora. Se especializa en procesos psicosociales y forenses con niñeces, juventudes y sus redes de cuidado en contextos de migración, desplazamiento forzado, guerra, militarización y narcotráfico para la reconstrucción del tejido social. Participa con el Colectivo Buscadoras Guanajuato a través de políticas de cuidado, metodologías artísticas, colaborativas y lúdicas. Redes: @lamiradadeandy @Buscadoras_Gto