Nicolás Cueva y sus malas semillas

Ayer fui al excelente concierto que dio Nick Cave en un local lleno de adultos contemporáneos, mayoritariamente vestidos de negro (#soydarks), quienes cantamos algunas de las rolas conocidas por todos nosotros y sacudimos las choyas cuando éstas se ponían más prendidas. Sin duda, la noche no sólo se la llevó el propio australiano, quien provocaba gritos y alaridos de algunas damitas maduritas,  tipo “hazme un hijo Nick”, sino también el que la giraba de violinista. Muy cotorro él.

Debo admitir que mi atuendo era menos darks y más “normalito” que el del resto de los asistentes, aunque a mi domadora no le hacía nada feliz mi guayabera, ni mi suéter de César Costa: “siento que vengo con mi papá”, decía la wereber.

En suma, el concierto estuvo a todo dar y sobre todo, haberme encontrado a mi amigo el Indio y su abnegada dominatrix, Bibi, ayudó a hacerlo aún más entretenido y divertido.

En cuanto a las malas semillas, le puedo decir que el 8 de febrero pasado, la Secretaría de Gobernación dio a conocer el número de “homicidios dolosos” vinculados a la delincuencia organizada durante los primeros dos meses de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto: en diciembre del 2012, se registraron 1,139 homicidios y en enero del 2013, 1,068. Todos ellos, afirma la Secretaría de Gobernación son presuntos delincuentes abatidos.

Creo que primero que nada vale la pena preguntarnos ¿qué diablos significan homicidios dolosos? Los homicidios dolosos son aquellos en los que el victimario buscó intencionalmente asesinar a su víctima, en cambio, un homicidio culposo es el resultado de un descuido o un accidente o de un hecho “indirecto”, dirían los abogados.

Una vez aclarado esto, podemos preguntarnos, ¿cómo es que la autoridad determinó que los homicidios registrados durante diciembre del 2012 y enero del 2013 están vinculados a la delincuencia organizada? La respuesta lógica sería que lo determinaron así porque hay una investigación realizada por algún ministerio público federal (porque la delincuencia organizada es un delito de tipo federal, como lo establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y por tanto, debe ser investigada por la Procuraduría General de la República) y al concluirla, determinó que hay suficientes elementos para estimar que estos homicidios fueron realizados por la delincuencia organizada. De lo contrario, parece más un juego de matatena, que el resultado de una metodología bien diseñada y aplicada para determinarlo.

Ahora bien, esta práctica por parte de las autoridades federales para reportar el número de homicidios vinculados o presuntamente vinculados al crimen organizado no es nueva. La anterior administración ya la practicaba de manera periódica, más no sistemática. Habrá de recordar la presentación de la primera base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial en enero del 2011, ante miembros ilustres de la sociedad civil organizada, quienes aplaudieron a rabiar (igual y hasta les sangraron las manos) y omitieron analizar su calidad metodológica y su utilidad. Ello tal vez explicaría la emoción que les provocó haber sido invitados a la presentación ante el entonces Presidente de la República, aplicando la máxima de “la foto es primero”.

Sin embargo, independientemente de la calidad de la información de una base de datos sobre homicidios, creada principalmente como resultado de la presión de activistas y representantes de la sociedad civil organizada; ¿el número de homicidios presuntamente o realmente vinculados a la delincuencia organizada es el mejor indicador para medir la eficiencia y la eficacia de una estrategia contra la delincuencia organizada? ¿En verdad?

Me ha dado gusto ver que poco a poco algunos de los antes usuarios incondicionales de las distintas versiones de la base de datos sobre homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada (para darle un nombre) han empezado a cuestionarse si está bien hecha o no, si metodológicamente está bien construida, o si realmente sirve para maldita la cosa. Eso creo yo, es un avance importante. Pero ojo, creo que esta base de datos, aún corregida metodológicamente, no necesariamente es de utilidad para evaluar el desempeño o el impacto de una política pública en materia de seguridad. Creo yo, valdría la pena hacernos varias preguntas que nos permitan ver qué onda con este asunto.

La primera de ellas es ¿qué se quiere lograr?, es decir, ¿cuál es el objetivo que se persigue? ¿La paz social, la seguridad, la justicia, la reparación del daño o reducir los índices de violencia en el país?

Si lo que se busca es reducir la violencia, entonces tendríamos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer para lograrlo? De ahí la importancia de usar un poquito el sentido común, que en la mayoría de los casos termina siendo el menos común de los sentidos. ¿Qué origina la violencia y cómo puede reducirse? ¿Dónde se da y de qué tipo? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cómo deben ser atendidas?

Después podríamos preguntarnos ¿qué papel juega el sistema de justicia del país? Si no se hacen investigaciones, no se encuentra a los responsables de los delitos, por lo tanto, no se castiga a nadie; entonces, los que violan la ley quedan impunes.

Por ello ¿valdría la pena impulsar la reforma al Sistema de Justicia Penal del país? ¿Valdría la pena medir la eficiencia y eficacia del trabajo de los ministerios públicos en cuanto armar correctamente las investigaciones para aumentar la probabilidad de encontrar a los responsables de un delito y con ello, un juez esté en la posibilidad de declararlo culpable, castigarlo y obligarlo a reparar el daño? ¿Con ello no se enviaría la señal de que violar la ley tiene sus consecuencias y por tanto, se desincentivaría la violencia y el delito?

Entonces, independientemente de que la base de datos de homicidios presuntamente vinculados al crimen organizado le humedezca a más de uno las bragas, considero que sería más útil construir indicadores de desempeño que midan verdaderamente la eficiencia de las políticas de prevención y combate al delito, así como indicadores de  resultados que mida la eficacia y el impacto de estas mismas políticas. Tal vez, medir el número de averiguaciones previas abiertas por un ministerio público; luego, cuántas de éstas terminaron en una sentencia (ya sea condenatoria o absolutoria); en cuánto tiempo se lleva a cabo este proceso; cuántas víctimas del delito hay ahora y cuántas después de un tiempo razonable; y en qué grado se ha reducido la violencia en el país (de todo tipo), podrían ser algunos de los indicadores que verdaderamente nos deberían permitir evaluar a la autoridad y deshacernos de esas malas semillas.