Ni torturas ni desapariciones ni masacres

Cuando en la primera mitad de los noventa, trabajando yo en la coordinación de asesores del Procurador General de la República, intentamos contar el número de miembros de la Policía Judicial Federal, jamás lo logramos -una fuente confiable me dice que aún hoy el total de policías en la Fiscalía General de la República es incierto-.

Jamás imaginé que bien entrado el siglo XXI el país seguiría debatiéndose entre saber o no saber lo que son y lo que hacen la policía y las fuerzas armadas en tareas policiales.

Para la elaboración de esta columna consulté cuántas instituciones policiales hay en el país y terminé con varias versiones. Aproximadamente mil 800, me dicen quienes estudian esto todos los días, mientras un censo oficial que sugiere un número mayor.

En el 2019 se promulgaron las leyes nacionales sobre el Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones, las cuales obligan al registro e informe de cada evento de uso de la fuerza y de cada detención. Los testimonios a mi alcance por parte de víctimas, defensores y defensoras de Derechos Humanos, especialistas, policías y funcionarios, más la ausencia de informe público alguno, me permiten sostener la hipótesis de que no hay hasta la fecha evaluación alguna de la implementación de esas normas, con evidencia empírica de soporte.

En particular consulté con quien se dedica en cuerpo y alma a esto, cuántas policías cuentan con sistemas funcionales de registro, sistematización, análisis, evaluación y aprendizaje, respecto al uso de la fuerza. Miguel Garza, Director de Policía y Seguridad del Instituto para la Seguridad y la Democracia AC (Insyde), me respondió lo siguiente: “tengo certeza que lo tienen las policías municipales de Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc (Chihuahua), Guadalupe, San Pedro Garza García (Nuevo León), Puebla (Puebla) e Irapuato (Guanajuato)”.

¿Podrían tenerlo otras? Puede ser, pero en todo caso sería ínfima la proporción con respecto al total. Las policías que menciona Garza representan el 0.33 del total, si el universo de instituciones policiales fuera igual a mil 800.

En cuanto a las fuerzas armadas, quienes las han estudiado por décadas me han confirmado que no conocen documentación alguna, con evidencia empírica de soporte, que compruebe el registro y la elaboración de informes sobre el uso de la fuerza y las detenciones, con evaluación cuantitativa y cualitativa asociada.

En cuanto al sistema de monitoreo de la intervención militar en la seguridad pública implementado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX-Tijuana (@PSC_IBERO), por ahora solo cuenta con datos que enseñan intervenciones clasificadas por niveles de uso de la fuerza, según los parámetros de la ley correspondiente; a pesar de que se ha pedido, no se ha conseguido respuesta que describa, por evento, la cantidad de personas detenidas, heridas o fallecidas (la ley ordena elaborar siempre reportes pormenorizados).

El monitoreo referido enseña de qué tamaño es el problema de los datos oficiales: en julio de 2020, primer aniversario de la Guardia Nacional, su titular informó que la misma había detenido a 15 mil personas; pero la institución, vía transparencia, reportó solo 10 mil detenidos en este periodo; sin embargo, en el segundo informe presidencial sólo se reportan 6 mil. ¿Cuál es la verdad? Imposible saber.

A modo de referencia contextual, vale traer el siguiente dato del INEGI: “Durante 2018 se realizaron 1 millón 694 mil 527 intervenciones policiales por parte de las instituciones de seguridad pública de las Administraciones Públicas Estatales”. Este censo, sin embargo, no distingue información alguna asociada al uso de la fuerza en dichas “intervenciones”.

Hablamos pues de centenas de miles de intervenciones policiales respecto de las cuales no sabemos qué sucede en relación al más importante y potencialmente dañino poder de la policía.

Por lo demás, más allá de lo que cualquiera pueda opinar sobre todo esto, el artículo 35 de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza dispone que “Las instituciones de seguridad deberán presentar informes públicos anuales que permitan conocer el desarrollo de las actividades que involucren el uso de la fuerza. Estos reportes deberán contener: I. Los datos relacionados con las detenciones; II. Los resultados de la evaluación corporal que se realice a las personas detenidas; III. El número de personas fallecidas por el uso de la fuerza, desagregado por sexo, y IV. En su caso, recomendaciones que con motivo de estos eventos hayan emitido los organismos públicos de derechos humanos, y la atención que se haya dado a las mismas”.

Seis especialistas me dicen que no saben de policía alguna que haya publicado este reporte. Todo indica que tampoco las fuerzas armadas lo han hecho, respecto a sus tareas de seguridad pública

Esto viene a cuento a propósito de las palabras del Ejecutivo Federal, quien en su segundo informe de gobierno dijo que “ya no hay torturas, desapariciones ni masacres”. La afirmación merece varias interpretaciones posibles. Primero, al presidente no le interesa saber detalle alguno sobre esto; le es irrelevante si el Estado mexicano no ha creado los registros, informes y sistemas de supervisión internos y externos, necesarios para realmente documentar si hay o no torturas, desapariciones y masacres, a manos precisamente de agentes del propio Estado. Esto supone además que las evidencias construidas por actores independientes, el INEGI, los organismos públicos de Derechos Humanos y la ONU misma, igualmente le merecen relevancia igual a cero.

Pero también es posible que el presidente haya decidido negar una realidad que conoce bien, provocando un posible impacto simbólico mayor, deseado o no, de tolerancia a algunas de las más graves violaciones a los Derechos Humanos.

Escandaliza, con toda razón, que desde la más alta tribuna política se decrete la inexistencia de hechos documentados de la mayor gravedad; pero, si se mira con cuidado, el presidente le pone nombre a lo que en realidad es una política de Estado, tal como enseña la evidencia. La tortura, las desapariciones y las masacres a manos de agentes del Estado o de agentes no estatales, con aquiescencia de aquéllos, no existen, si las herramientas legales de registro y control no se aplican en prácticamente la totalidad del país.

Con sus palabras el presidente visibilizó lo que el Estado invisibiliza.

Otra cosa es si hay incentivos en los gobiernos y la sociedad para que en efecto se registre e informe sobre el uso de la fuerza y las detenciones policiales y militares, más allá del discurso formal de la ley, o si la falla estructural en realidad enseña que la comprensión colectiva a esas atribuciones no incluye sujetarlas a controles.

La debilidad crónica del control está clara, a mi parecer; lo que debemos entender es si eso es un problema o no, desde la percepción mayoritaria.

Discutiré esto en siguiente colaboración.

@ErnestoLPV