Ni gobierno a favor de la educación, ni maestros mártires

Por: Paulette Vincent-Ruz (@pinkyprincess)

Uno de los principales argumentos que impulsa la reforma educativa es una necesidad urgente para una profesionalización y evaluación de la enseñanza, como la piedra angular para abordar el atraso institucional y educativo que es característica del país. Bajo este argumento, la negativa de la CNTE es normalmente vista como una lucha a favor de los derechos de los maestros ante una reforma laboral y no educativa, o como un movimiento que se niega a dejar ir el clientelismo de los beneficios sindicales. Sin embargo, como varios expertos lo han dicho, esto no es una batalla entre el bien y el mal. El sistema es el producto de numerosas concesiones que los gobiernos de México del siglo 20 adjudicaron a los maestros con el fin de proporcionar educación a todos los rincones del país a costa de la calidad y de mantener un control político sobre varias regiones del mismo.

Aunque la SEP es oficialmente el jugador “más importante” en el ámbito de la educación mexicana, SNTE y CNTE han demostrado jugar un papel crítico en la organización educativa del país. Desde el final de la Revolución Mexicana, la política se convirtió en una parte importante de la instrucción pública y un factor importante en el reclutamiento de maestros. Con el fin de obtener el apoyo de los líderes sindicales, los presidentes mexicanos dieron a menudo posiciones importantes dentro de la SEP a miembros del sindicato magisterial. Esto llevó a que varias decisiones acabaron siendo tomadas para beneficiar al sindicato, pero no necesariamente al sistema educativo.

Esto consolidó la profesión de la enseñanza como una profesión del Estado. En consecuencia, el gobierno dio a los profesores tareas sociales y políticas que los llevaron lejos del foco original de la profesión docente. Y el sindicato fue cómplice al permitir este desvío sobre su papel en la educación mexicana. Como consecuencia los maestros se convirtieron en los portavoces de las políticas públicas del gobierno en turno. Los maestros eran a veces el primer contacto con las pequeñas comunidades fuera del alcance del gobierno (debido a falta de infraestructura) y por lo tanto se volvieron influencias políticas importantes capaces de determinar el resultado de una elección. A cambio, el gobierno recompensó a los maestros con plazas vitalicias, entre otros beneficios, beneficios que hoy se niegan a dejar ir. La educación es, por lo tanto, desde hace muchos años parte de la arena política. Negar el papel que tanto el gobierno como SNTE y CNTE han tenido en priorizar este aspecto antes que el educativo, es ingenuo.

El argumento utilizado por el gobierno para apoyar la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) es que la evaluación docente convertirá a los maestros en profesionales. El gobierno bajo este argumento está diciendo: “Pasa nuestra prueba y te certificamos como profesional”. Al hacer que el Estado cree la definición de lo que significa ser un maestro competente, uno convierte a los maestros en proveedores, no en profesionales de la educación. Suponiendo que la legitimidad de la profesión debe de provenir del estado, se mantiene con la misma retórica histórica que la enseñanza es una profesión de Estado y no una profesión en sí misma

La nueva reforma envía un mensaje que, debido a la abundancia de los malos maestros (una consecuencia de las presidencias anteriores), el gobierno tiene que hacerse cargo de este control en el mejor interés de los profesores. Este tipo de política es característico del paternalismo de la historia política de México. Sin embargo, la respuesta de la CNTE no es más que un reclamo ante un cambio en las estructuras del poder que ya no los beneficia. Ni gobierno a favor de la educación ni maestros mártires. Esta es la misma gata de siempre, pero revolcada.

* Paulette Vincent-Ruz actualmente es una estudiante de doctorado en ciencias del aprendizaje y política educativa, lo cual es una manera elegante de decir que estudia cómo la gente aprende y cómo entender y transformar las organizaciones educativas por medio de investigación científica y reformas socialmente inclusivas.