New’s Divine: por supuesto que debe haber responsables

La semana anterior fueron absueltos once agentes de policía involucrados en la tragedia del New’s Divine. Aunque no se puede decir que los hechos ocurridos aquel verano de 2008 fueron producto de un acto deliberado, planeado para cometer un delito, sí puede afirmarse que el resultado del operativo, la muerte de 12 personas, pudo evitarse porque era deber de quienes planearon el operativo, tanto como de quienes lo ejecutaron, prever cualquier situación que pudiera derivar en violaciones a derechos humanos o en delitos. Y no evitar lo que dio lugar a la pérdida de 12 vidas, debiendo hacerlo, no puede considerarse un accidente o una cadena de errores; es sin duda un hecho sumamente grave que, si bien no es doloso, tampoco fue efecto del azar y en consecuencia debe imputarse a los responsables.

Del informe que en su momento presentó la CDHDF, y en particular de lo contenido en los apartados III y IV, de los cuales soy autor, reitero las siguientes cuestiones que me parece son insoslayables para entender que —y por qué pasó— esa tarde de junio de 2008.

1. El operativo era innecesario: no había ninguna razón para la intervención, y mucho menos la magnitud del despliegue policial que esa tarde se llevó a cabo. Si lo que se quería era detener a los responsables de vender alcohol a niños y adolescentes, no se requería un operativo in situ, sino una investigación judicial que proporcionara la evidencia para después, en orden, e incluso fuera del local, detener a los responsables. De hecho hay evidencia de que una acción policial encubierta se estaba desarrollando dentro del local durante la tardeada, por lo que hubiese bastado con dar fe de lo presenciado y, para evitar riesgos, solicitar con base en ello las órdenes de aprehensión para ser ejecutadas con posterioridad.
2. No había razón para agredir y asegurar a las niñas, niños y adolescentes que estaban dentro del local. Ya que el operativo se puso en marcha, la obligación de la autoridad era la de abrir las puertas y garantizar que todas las personas menores de edad salieran de forma segura, por propio pie, del local. Ellas y ellos eran, en todo caso, las víctimas. Si se requería que atestiguaran, bastaba con invitarles a denunciar, si es que se consideraban agraviados. No obstante ello, se les maltrató de diversas formas; los golpes, insultos, el aseguramiento y el fichaje del que fueron objeto muchos de quienes salieron con vida del operativo permiten afirmar que, en efecto, la policía les ocasionó, objetiva e injustificadamente, sufrimiento.
3. No había razón para obstaculizar la salida del antro. Dado que se insistió en asegurarles, habría bastado con las y los jóvenes con los que se llenó el primer autobús; una vez logrado este objetivo —de por sí, injustificado e ilegal— en lugar de cerrar las puertas como lo hicieron, los agentes debieron abrirlas a toda su capacidad para permitir la salida libre de quienes estaban dentro. Sabiendo, como debían saber, que ése era su deber, no lo hicieron. También debieron saber que esa acción incrementaría la angustia de las y los jóvenes por no saber, como se desprende de los testimonios, la razón por la que se los estaban llevando, así como el riesgo a la integridad de quienes estaban dentro.
4. No hubo equivocaciones, sino la intención de ser más espectacular. Las y los agentes de policía siguieron a la letra la orden general de operación. Los que estaban dentro, forzaban la salida; los que estaban fuera la dosificaban para evitar —¡qué absurdo!— que alguna de las presuntas víctimas escapara del aseguramiento. Pero al llenarse el primer autobús, la idea de asegurar más víctimas motivó la orden, para los policías de afuera, de cerrar las puertas mientras llegaban más autobuses; sólo que nadie avisó a los policías de dentro, quienes siguieron presionando la salida de jóvenes hacia la fatal escalera en escuadra donde vectores encontrados —la presión hacia arriba y dentro del tramo final de la escuadra y la presión hacia abajo y afuera del primer cuerpo de la misma— provocaron la asfixia y el aplastamiento de personas. Un policía bien entrenado, obligado a conocer la orden de operación, debió saber que la barrera humana que formaron para evitar que se abrieran las puertas podría tener consecuencias fatales. O quizá no conocían la orden —de hecho muchos de ellos en sus testimonios dijeron no saber para qué fueron convocados esa tarde— lo cual agrava la responsabilidad de los planeadores y del director del operativo quien sin duda tenía la obligación de estar al tanto de lo que acontecía en el campo, como de lo que debería suceder, según la orden de operación; por lo que cualquier modificación del protocolo debió alertarles de las posibles consecuencias.

Remito al lector al informe citado para los detalles del caso, pero destaco estos cuatro elementos que me parecen suficientes para demostrar que, con la finalidad de asegurar jóvenes —objetivo real del operativo— hubo una serie de decisiones que tuvieron como resultado el sufrimiento de quienes se divertían en ese antro, y que la muerte de las 12 personas ahí ocurrida fue producto de la construcción de un escenario de riesgo que se incrementó derivado de la intención de asegurar a un numero mayor de niños, niñas y adolescentes. Un objetivo ilegal y un conjunto de decisiones que derivan en mal trato y en la muerte de personas no puede ser imputado al azar, especialmente cuando todo ello se fragua, coordina y ejecuta desde una oficina pública y por agentes cuyo mandato es servir y proteger. Todo esto tiene que ser considerado en el caso de quienes aún están en juicio. Las y los agentes de policía no estaban cumpliendo su deber; quienes planearon, dirigieron o ejecutaron el operativo lo hicieron alrededor de un objetivo ilegal, mediante la instrucción y acatamiento de órdenes que, en consecuencia eran ilegales también.

@LGlzPlacencia