El negocio del agua turbia en México

Agua color café y recibo puntual. Así se vive el derecho humano al agua en mi casa de Veracruz, y sé que no soy el único.

El artículo 4º de la Constitución promete agua suficiente, salubre, aceptable y asequible. Cuatro adjetivos que en mi casa se quedaron en el papel: a mi llave llega agua con el color del café, y al buzón, un recibo que nunca se retrasa.

Ese recibo trae un renglón que ni la burla perdona: “Servicios ambientales”. Unas veces cobran 4 pesos, otras 2, pero el monto es lo de menos. Lo grave es que el papel no dice a dónde va ese dinero. Un cobro así debería cuidar la fuente de la vida: bosques, cuencas y ríos. Y si me atraso, llegan los recargos y el aviso de corte. Si el agua llega sucia, no llega nada: ni una disculpa, ni un descuento, ni una explicación, nada.

Esto no es un problema exclusivo de un puerto. En Guadalajara, el sistema público de agua acumuló miles de reportes por agua turbia, fétida y con sedimentos, superando los registros del año anterior. Las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos se cuentan por cientos, mientras que los sondeos ciudadanos revelan una radiografía desoladora: de cientos de personas que acuden en busca de auxilio, apenas un puñado obtiene una respuesta real. Los vecinos preparan un amparo colectivo mientras el recibo sigue llegando. La autoridad respondió con descuentos parciales en algunas colonias, tandeos y obras que tardarán años.

Quien no tiene agua la compra. Quien la recibe sucia, también. Un vecino de Ensenada, en Baja California, se amarró a las puertas de la comisión estatal de agua porque una sola pipa le cuesta buena parte de lo que gana en una semana. Paga por el agua que no llega y vuelve a pagar por la que necesita. Cobrar nunca falla. Entregar, sí.

Veracruz sabe cobrar, pero no suministrar agua limpia

En Veracruz, la empresa concesionaria es Grupo MAS, y combatirla se volvió bandera política. Sin embargo, sigue operando y cobrando.

El Ayuntamiento de Veracruz rechazó cobrar una cartera vencida que, según su información, supera los 2,660 millones de pesos, y el Congreso del Estado autorizó una auditoría. Ese es el balance: muchos comunicados, conferencias y cabildos abiertos, y muy pocos resultados. El 19 de octubre se dio a conocer una denuncia del Ayuntamiento ante la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades financieras: operaciones con empresas ligadas a la española Acciona, sueldos de directivos que, según el Ayuntamiento, no fueron autorizados, y cobros sin fundamento. Son acusaciones de la autoridad y la empresa tiene derecho a responder. Pero véase de qué hablan: de dinero. Y solo de dinero. La salud y el medio ambiente de las y los veracruzanos, al parecer, pueden esperar.

Y sí, esperan desde 2021. Ese año se presentó la queja que terminó, en agosto de 2024, en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: comprobó la contaminación de las aguas de la zona metropolitana, el daño a los arrecifes del Sistema Arrecifal Veracruzano por descargas sin tratamiento, y la violación de los derechos a un medio ambiente sano y al agua potable. Recomendó un plan de remediación a las autoridades federales, al gobierno estatal y a tres ayuntamientos. Hoy, en cambio, lo que se anuncia con estruendo es una denuncia por sueldos y cobros; de la salud de quien bebe esa agua o del mar que recibe lo que no se trata, no se ha dado a conocer una denuncia equivalente. Un gobierno que defendiera el agua como derecho humano empezaría por quien se la bebe.

Como ciudadano, yo también denuncié, pero por mi derecho al agua limpia. El 13 de marzo presenté ante la Fiscalía General de la República una denuncia por ecocidio: descargas sin tratamiento, playas contaminadas, daño al ecosistema y a los arrecifes. Pedí medidas urgentes, entre ellas suspender el cobro por saneamiento y servicios ambientales mientras no haya tratamiento real, porque mi planteamiento es simple: no se cobra por tratar lo que no se trata. Como pasaron semanas sin respuesta, en abril promoví un amparo contra esa omisión. Hoy existe carpeta de investigación. El 6 de octubre, casi siete meses después de mi denuncia, recibí el primer y único documento de la fiscalía: me negó lo urgente y no me dijo qué ha investigado en todo este tiempo. Una semana después, una jueza federal sobreseyó mi amparo, es decir, cerró el juicio sin resolver el fondo, al considerar que, con la carpeta abierta, la omisión que reclamaba ya había terminado. Sobre el papel, el trámite se cumplió. En el mar y en las llaves, el daño siguió.

La ley va contra quienes no pagan, pero ignora a los que pagan

No lo cuento por mí. Lo cuento porque esa es la ruta que le espera a cualquiera que quiera exigir agua limpia: reclamar al operador, quejarse ante la autoridad, denunciar, esperar meses y recibir un papel que no responde lo que se preguntó.

Nada de esto exige milagros. Exige que el recibo diga a dónde va cada renglón, que el cobro por tratar el agua dependa de que se trate de verdad, que quien entrega agua sucia responda por ello y que los resultados de la calidad del agua se publiquen en un lenguaje que cualquiera entienda. Exige también que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua pongan a la vista, con mapa y en lenguaje claro, quiénes descargan sin tratamiento y qué se ha hecho en cada caso. Exige, sobre todo, que quienes gobiernan dejen de usar el agua como bandera de campaña o como caja para exprimir a la gente. Son demandas sencillas, y que a estas alturas parezcan radicales dice mucho de lo poco que se espera.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya fijó un piso. Al revisar una ley de Querétaro validó que se restrinja el suministro a quien no paga, pero exigió garantizar al menos 50 litros diarios por persona y evitar la desconexión total. Es un piso para quien no paga. Falta uno para quien paga y recibe agua café. Porque la ley mira al ciudadano con lupa: sabe cuándo se atrasa, cuánto debe y cuándo se le puede cortar. ¿Y el operador? Público o privado, tiene en sus manos un recurso vital y su desempeño es raquítico. Aun así, ahí sigue. La pregunta incómoda no es si la ley alcanza al ciudadano que se atrasa, sino por qué parece no alcanzar al operador que falla.

El derecho al agua no puede ser una simulación en el papel. Se vuelve simulación cuando quien cobra no responde por lo que entrega y quien reclama recibe respuestas que no responden nada. Un derecho que solo funciona en un sentido, de la persona hacia la caja, es un trámite, no un derecho. Entonces, ¿se garantiza de verdad el derecho al agua suficiente, salubre, aceptable y asequible, o solo estamos ante una pantomima: el negocio del agua turbia en México?

Todos tenemos una opinión sobre esto. Esta es la mía. Tú tendrás la tuya propia.♦ 

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