Al borde de la negligencia judicial, ¿la suspensión de los abusos o la suspensión de los derechos?

Con las últimas reformas a la Ley de Amparo y al Poder Judicial Federal, el juicio de amparo se ha debilitado tanto que es posible que pierda su efectividad. En el juicio de amparo, la suspensión se creó como una herramienta cuya finalidad fue detener los excesos de los gobernantes cuando ponen en peligro los derechos humanos. Se trata de una medida que pueden dictar los jueces y juezas para exigir a los responsables que detengan los abusos de manera inmediata, a fin de no causar un daño mayor a la persona o grupo implicado; o bien, exigir que cumplan con la omisión de sus responsabilidades para reparar las violaciones ocasionadas. Por ejemplo, si una persona fue detenida injustificadamente por elementos de la Guardia Nacional y se encuentra incomunicada, se debe ordenar la suspensión de su detención para que se libere de forma inmediata, puesto que corre peligro la libertad personal y la vida de la víctima.

Existen diferentes tipos de suspensión, las cuales se distinguen por otorgarse al principio o en otro momento del juicio, dependiendo de la gravedad del asunto. Esto resulta ser una gran ventaja si consideramos que los juicios son largos y, en casos de emergencia, no se puede esperar hasta que concluyan para tener las medidas protectoras.

No obstante, la figura de la suspensión se ha venido debilitando desde la reforma a la Ley de Amparo el 14 de junio de 2024 . A partir de esta modificación se prohíbe emitir suspensiones con efectos generales, de tal forma que, aunque una ley o un acto de gobierno cause graves afectaciones a los derechos, no podrán suspenderse los efectos.

Esto tiene un impacto negativo porque existen actos que perjudican a la ciudadanía en general y no sólo a una persona. Es decir, una orden del Poder Ejecutivo Federal podría repercutir en todo un grupo que se encuentra ligado por una misma situación, por lo que, sin la suspensión con efectos generales no será posible detener violaciones masivas a derechos humanos, como en su momento ocurrió con la construcción del Tren Maya.

En este caso, un juez de Yucatán ordenó la suspensión definitiva para detener la obra debido a que las autoridades no rindieron suficientes estudios sobre los impactos que causaba al medio ambiente y a las comunidades indígenas. Esta medida, además de evitar que el proyecto avanzara hasta su etapa final, también protegía a la diversidad biológica de la contaminación, la deforestación y la destrucción de los ecosistemas, así como al patrimonio cultural y material de los pueblos originarios.

Si bien la última reforma a la Ley de Amparo complicó el acceso a la justicia de los grupos con intereses colectivos, aún había certeza de que las personas juzgadoras ordenaran la suspensión de actos arbitrarios caso por caso para proteger los derechos individuales, por su preparación profesional y desempeño imparcial e independiente.

Con la nueva estructura del Poder Judicial Federal, los expertos advierten que este proceso termina con los filtros de profesionalidad e imparcialidad en la impartición de justicia, ya que sólo garantizan juzgadores con un perfil político alineado al régimen. La ciudadanía cuenta entonces con menos herramientas para suspender los abusos de poder y existe un alto riesgo de violación a los derechos humanos de forma irreparable.

De tal manera que en los tribunales se pondrá sobre la misma mesa la protección de los derechos humanos y los intereses del oficialismo, por lo que cualquier proyecto, ley o acto que emane del partido hegemónico tendrá prioridad sobre las libertades y exigencias de la ciudadanía.

Desde Disentir hemos visto casos en los que las instituciones de salud dejan de cumplir con sus responsabilidades al limitar el suministro de medicamentos para personas con enfermedades crónicas, como cáncer, diabetes, VIH e incluso negado el acceso a los servicios de salud a las personas usuarias de sustancias – desde 2022 existe desabasto de metadona para los usuarios de opioides y nula atención médica-. Sin embargo, los pacientes podían exigir del IMSS BIENESTAR la suspensión de los actos para conseguir los medicamentos de manera inmediata.

Bajo el contexto de la justicia popular queda en duda la consideración que tomarán los jueces y juezas para resolver los juicios contra las instituciones del gobierno, ya que no sabremos si decidirán proteger la salud o, por el contrario, apoyarán el discurso político para ignorar el deficiente sistema de salud.

Por lo tanto, nos enfrentaremos a una etapa oscura de negligencia judicial, donde existe el riesgo de que las nuevas personas juzgadoras se resistan a paralizar daños previsibles, y permitan la suspensión de los derechos en lugar de la suspensión de los abusos de poder.