Nayib Bukele está empantanado en su propia trampa carcelaria

Después de cuatro años de vigencia del régimen de excepción, desde marzo de 2022, con unos 91,400 detenidos, 30,000 inocentes y 575 casos de personas fallecidas bajo custodia policial, algunos con señales de torutra, según organizaciones de derechos humanos, llega el anuncio por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele: gobierno evalúa la libertad anticipada y condicional para “más o menos el 50 %” de la población carcelaria que está acusada de colaborar con las pandillas.

Eso sí, dejó claro que el régimen de excepción continuará tras ser cuestionado por la existencia de un “comité” encargado de revisar los casos, ventilado en la cuenta de X por el hermano del presidente, Ibrajim Bukele, junto con la primera dama, Gabriela de Bukele, con potestad casi de realeza medieval, para liberar personas capturadas durante el régimen de excepción, de la “mano” de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y Centros Penales.

El presidente, que no estaba preparado para la pregunta, se limitó a mencionar que “venimos de un país donde colaborar con las pandillas no era tan inusual, y si nosotros nos pusiéramos a capturar a todos los que colaboraron con las pandillas, tuviéramos que arrestar al 20 % de la población”, sin más.

Y así, sin más. Sin pensar en que muchas personas han pasado años en detención provisional, sin juicio. Entre ellos hay miles de inocentes, muchos víctimas de tortura y, aunque formalmente tenían derecho a un defensor, el defensor nunca se reunió con ellos. Sus familias han realizado esfuerzos inhumanos para llevar a los penales productos básicos y dinero en efectivo para que pudieran sobrevivir. ¿Quién los va a compensar?

Bukele insistió en que esta medida estaría sujeta a supervisión y dependería de una revisión individual de cada caso. Disposición que se contradice con los juicios masivos realizados actualmente en El Salvador, que han sido observados por organismos internacionales debido a la falta de garantías y la carencia de independencia de los jueces y fiscales.

La Fiscalía, por su parte, ha utilizado fichas policiales opacas y denuncias anónimas de testigos criteriados para condenar a miles de personas en un contexto de detenciones masivas. Mientras, los abogados defensores han expresado su desesperación, afirmando que no han tenido oportunidad de impugnar las pruebas en contra de sus clientes, ni de preparar una defensa adecuada.

Es curioso advertir que Bukele culpa al sistema de Justicia y no al Ejecutivo del estancamiento del régimen de excepción. También lo es cómo llama “colaboradores de pandillas” a los posibles beneficiarios de su “proyecto”, en lugar de reconocer que hay inocentes en prisión.

Él mismo, Bukele, los llamó “margen de error” y comentó laxamente que rondaban los 8,000. Pero organizaciones de derechos humanos han insistido en que este número ronda los 30,000 inocentes.

En “libertad”, pero el régimen de excepción sigue

 Más allá de las preguntas que este sorpresivo anuncio pueda generar, vamos a analizar algunos hechos. Primero, las personas que han sido capturadas están a disposición del Órgano Judicial, no del Ejecutivo. El presidente, al mencionar este anuncio, se salta sus competencias constitucionales, como ya lo ha hecho en múltiples ocasiones, desde su polémica reelección a la presidencia por tercera vez, y mantener el estado de excepción que es una medida constitucional transitoria a perpetuidad.

Esta decisión pone en evidencia la fragilidad del Estado de derecho al ordenar al sistema Judicial a quién otorgar y cuándo liberar a un imputado. Mientras, ha irrespetado incontablemente las cartas de libertad ordenadas por jueces en todo el país, y dejará a miles de personas con una marca de “convicto” cuando ni siquiera tuvieron la posibilidad de defenderse.

En El Salvador no eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eres culpable hasta que no demuestres que eres inocente. De hecho, varias ONG y un grupo de expertos de la ONU señalaron dichas detenciones como crímenes de lesa humanidad.

Elecciones en puerta

El Salvador tendrá la elección presidencial en 2027, se llevarán a cabo el domingo 28 de febrero y se celebrará junto con las elecciones legislativas y municipales. En julio de 2025, la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, votó para desplazar la fecha de las elecciones presidenciales que deberían haberse desarrollado en 2029, para que se realicen el próximo año.

También, la Asamblea aprobó varias enmiendas constitucionales, entre ellas la abolición de los límites de mandatos presidenciales y el aumento de la duración de dichos mandatos de cinco a seis años. Todo esto no estaba permitido por la Constitución vigente desde 1983.

Este anuncio de libertad condicionada llega justamente a cuatro meses de las elecciones generales, donde Bukele busca reelegirse por tercera ocasión como presidente de manera inconstitucional.

Esto también recuerda el fracaso de la gira de medios del vicepresidente Felix Ulloa, por Sudamérica y parte de Europa del corriente año, donde no pudo defender, ni explicar, cómo se aplicó el régimen de excepción, por qué es necesario mantener su vigencia y ni cuáles son los costes o las repercusiones que esto tiene en la ciudadanía salvadoreña.

Al ser cuestionado por las muertes en prisión y las documentadas torturas sistemáticas, el vicepresidente dijo en más de una entrevista que esa información era falsa. Que los muertos lo son por enfermedades. Que en El Salvador las cárceles no son “hoteles de cinco estrellas”, pero se respetan los derechos humanos de todos. Que las denuncias provienen de organizaciones que ni siquiera han visitado las prisiones.

Lo que no comentó es que las organizaciones de derechos humanos han solicitado reiteradamente revisar los casos de las personas inocentes, han denunciado los casos de las muertes, desapariciones y torturas, y que no se les ha permitido poner un pie en ninguno de los centros penales. No han sido escuchados e incluso han sido ridiculizados por el partido oficial.

Por ello vale la pena cuestionar: ¿será el modelo punitivista de Bukele la solución para los problemas estructurales?

Se ha puesto en evidencia lo que se repitió hasta el cansancio: que el “modelo Bukele” no funciona. Bukele quiso verse tan rígido que ahora no tiene herramientas legales para liberar a las miles de personas que metió a prisión, muchas de ellas inocentes. Ahora inventa una “comisión”, fuera de los mecanismos legales, para lavar su imagen de magnánimo y así asegurar su triunfo en las próximas elecciones.♦ 

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