Naturalización. ¿Derecho o privilegio?

La nacionalidad puede ser un derecho o un privilegio: desde nuestra Constitución y con base en las leyes que emanan de ella, podemos optar por vías que nos lleven a buen término y a una resolución positiva de nuestra solicitud de naturalización por parte de Cancillería, he ahí una forma de ejercer ese derecho. Sin embargo, para una cantidad considerable de personas, acceder a la nacionalidad mexicana puede ser un privilegio, ya sea porque no tengan alguna documentación, les sea imposible de obtener, o bien porque carecen del tiempo y los recursos económicos o materiales necesarios para integrar sus propios expedientes.

Esto no es todo, en nuestra Federación aún tenemos resabios del centralismo decimonónico, lo cual implica que las personas que deseen adquirir la nacionalidad tengan que viajar a la Ciudad de México o a alguna de las, hasta ahora, tres ciudades habilitadas para dicho efecto: Monterrey, Pachuca o Mérida. Sin contar el que sí es un verdadero viacrucis y que padecen las personas que tienen la condición de refugiadas o apátridas, y que no poseen un pasaporte de su país de origen por diversas razones: obtener un documento de identidad y viaje, lo que se torna muchas veces imposible pues este documento siempre deberá ser tramitado en la Ciudad de México, se viva en ella o en el punto más lejano de la república.

En realidad, reunir los requisitos establecidos en ley puede ser sencillo para la gran mayoría de personas que reciban una buena orientación; sin embargo, suele suceder que al momento de la presentación de documentos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se requiera a su vez, por parte de los funcionarios encargados, la revisión de la documentación y escritos extraordinarios que se deberán presentar en otra ocasión, lo anterior de manera irregular y muchas veces arbitraria, que además provoca idas y vueltas innecesarias a la personas interesadas en adquirir su nacionalidad. Por ejemplo, cuando esos requerimientos recaen en indagación, se debería de realizar por una instancia gubernamental de la Secretaría de Gobernación.

Lo narrado anteriormente lleva a absurdos kafkianos semejantes a que un funcionario de SRE pida al extranjero interesado en naturalizarse una notificación de cambio de domicilio hecha previamente al Instituto Nacional de Migración (INM) para que, a su vez, y en el momento procesal oportuno, con el expediente se demuestre al INM que se hizo esa notificación, y así quede claro a dicho órgano del Estado un hecho que consta en sus archivos; de esta forma el extranjero con intenciones de naturalizarse estará liberado de la iniquidad del escrutinio diligente hecho previamente por quien no corresponde, ya que esos documentos no establecidos en ley generalmente se piden al entregar los expedientes conformados por la persona interesada y que seguramente no llevará a la mano.

Para el común de los extranjeros, hablamos de un trámite burocrático que tiene bastantes aristas y es realizable; para otros puede ser un camino sinuoso que puede generar frustraciones y el deseo de no haber intentado nunca tal empresa.

Un ejemplo real puede dejarnos una idea aproximada de lo que podría pasar una persona que quiera intentar llevar a cabo su procedimiento de naturalización:

Nellie C. es una persona haitiana que reside actualmente en la ciudad de Tecate, Baja California. Habla muy buen español, además de que trabaja dando clases de francés en una escuela particular. Tiene 4 años con su residencia permanente expedida por el INM; sin embargo, tiene la condición de refugiada y por dicha razón no posee un pasaporte. Acudió a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), oficina ubicada en la ciudad de Tijuana, para solicitar el apoyo de esa Comisión para la obtención de un Documento de identidad y Viaje. Una vez hecho esto, obtuvo una cita para acudir a la SRE en 6 meses a partir de que solicitó el documento. Nellie hizo dos viajes a la Ciudad de México, pues únicamente ahí se puede tramitar ese documento que suple al pasaporte en el caso de personas que tengan el reconocimiento de la condición de refugiadas.

Posteriormente Nellie reunió el resto de documentación requerida en ley, además de que revisó la página de la SRE para reunir los requisitos que debía de presentar en su cita para entregar expedientes. Sin embargo, al llegar a su cita, la persona encargada de recibir su documentación le requirió un documento oficial que acreditara haber hecho la notificación de cambio de domicilio ante el INM. Posteriormente y al revisar su documentación, le hicieron notar que por ser una persona haitiana no podía considerarse como latinoamericana y acogerse al beneficio establecido en la Ley de Nacionalidad, para presentar su solicitud a los 2 años contados a partir de haber obtenido su residencia permanente. Además, le mencionaron que sólo le bastaba esperar a cumplir 5 años viviendo en México para volver a intentarlo, además de que le sugerían prepararse más con la forma de hablar español y de entender indicaciones.

Aunque Nellie se percibe como latinoamericana, no hubo forma de dialogar con la persona que le estaba negando el ingreso de su documentación en cancillería y mucho menos de poder recuperar el tiempo perdido y el dinero invertido en la realización de los diversos trámites. El caso de Nellie es sólo un vistazo al panorama difícil que puede ocurrir en los procesos de naturalización en México.

* Ayax Reséndiz Velásquez es Abogado de Naturalizaciones en Sin Fronteras IAP (@SinFronterasIAP).