Narcofeminicidio: asesinadas por género, silenciadas por el narco

Septiembre cerró como el mes más mortífero para las mujeres en Sinaloa. Desde que comenzó la guerra entre cárteles, las cifras oficiales de feminicidios disminuyeron, pero los asesinatos dolosos de mujeres aumentaron. La diferencia no está en las balas, sino en el modo en que el Estado decide nombrar –o no nombrar- la violencia. Muchos de estos asesinatos ni siquiera se investigan con perspectiva de género, como lo exige la ley.

 

En medio de esta narcoguerra, se vuelve urgente nombrar algo que no tiene nombre: el narcofeminicidio. Un término necesario para explicar lo que ocurre cuando la violencia criminal y la violencia patriarcal se cruzan y termina borrando a las mujeres de las estadísticas, de las investigaciones y de la memoria colectiva.

El narcofeminicidio no es un concepto para diferenciar “tipos de muertes”, sino para evidenciar cómo el contexto de violencia por el crimen organizado ha servido para ocultar los asesinatos de mujeres detrás del discurso de “andaban en malos pasos”, como si se pretendiera que hay mujeres cuyos asesinatos merecen justicia y mujeres malas que no merecen ser nombradas. En Sinaloa, la muerte de una mujer rara vez se investiga como feminicidio si existe cualquier vínculo -real o supuesto- con el narco.

Ejemplos sobran. Astrid y su hijo Dante fueron asesinados el 29 de diciembre pasado; Mary Patiño, encontrada sin vida el 9 de mayo. Ambos casos tuvieron como primera acción mediática y social cuestionar la vida de las victimas antes que exigir justicia. Solo cuando colectivas feministas y familiares hicieron públicas las denuncias por violencia y amenazas que ambas habían interpuesto, se les dejó de asociar al crimen organizado. Solo entonces fueron vistas como “víctimas legítimas”

El mensaje es brutal: si una mujer fue asesinada y no puede probar su inocencia frente al narco, no merece justicia.

Pero incluso aquellas que sí estuvieron relacionadas con este entramado, siguen siendo víctimas de un sistema que las utiliza, las sexualiza y las elimina. Como advierte Rita Sagato, la violencia sexual y el control del cuerpo femenino son también dispositivos de poder dentro de la estructura criminal.

El narco, como ecosistema cultural, no solo trafica drogas: trafica símbolos, identidades y violencias. En ese universo profundamente misógino, la mujer puede ser trofeo, castigo, mercancía o mensaje. Su cuerpo deja de ser persona y se convierte en territorio: de disputa, de placer o de advertencia.

Por eso, cuando una mujer aparece asesinada en un contexto donde operan grupos criminales, lo primero que se borra es el género. El expediente se llena de suposiciones, pero no de investigaciones. El Estado renuncia a mirarlas como mujeres asesinadas por razones de género, y las clasifica como daños colaterales. Esa omisión también mata.

Aunque el término narcofeminicidio surge desde la urgencia por nombrar lo que ocurre en Sinaloa, puede aplicarse a otros contextos. Casos como el de Valeria Márquez, en Jalisco, o el triple femicidio ocurrido en argentina el 20 de septiembre, muestran patrones similares: mujeres asesinadas bajo un entrono de narcoviolencia, revictimizadas por los medios y despojadas de su condición de víctimas por la imagen que se tiene de ellas

Nombrarlo no es un capricho académico ni una ocurrencia mediática. Es un acto político. Tal como Marcela Lagarde lo hizo al acuñar feminicidio para visibilizar los casos en Ciudad Juárez, hoy Sinaloa necesita ponerle nombre a esta otra forma de exterminio femenino, donde el narco borra el género y el Estado, cómplice, borra la justicia.

Mientras el país contabiliza cuerpos sin contexto y los noticieros narran masacres sin rostros, nombrar el narcofeminicidio es una forma de devolverle a las mujeres la posibilidad de ser reconocidas como víctimas de una violencia que no solo las mata, sino que las silencia.

El reto no es solo de las autoridades. Es de todos. Porque cada vez que decimos “era buchona”, “seguro andaba con un narco” o “algo debía”, perpetuamos la misma lógica que permite que los cuerpos de las mujeres sigan apareciendo sin nombre, sin historia y sin justicia.

Nombrar es resistir. Y en Sinaloa, resistir también es atreverse a decir lo que el Estado calla.

* Heidy Mares (Culiacán, Sinaloa) es activista feminista y cronista.