Narco legisladores y políticos al servicio del crimen organizado

El pasado 18 de septiembre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció una serie de sanciones para una red criminal al servicio de la facción de los Mayos del Cártel de Sinaloa, en la que se incluyó a la diputada federal por MORENA y exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo.

El que una legisladora en activo aparezca como presunta integrante de una red criminal es preocupante, ya que si bien existen antecedentes de legisladores en activo que fueron ligados con el narco, como Julio César Godoy Toscano del PRD en 2010, lo cierto es que se trata de la primera integrante del Congreso de la Unión en ser acusada directamente por el Gobierno de los Estados Unidos, y el hecho de que forme parte del partido que encabeza el actual Gobierno Federal complica el discurso de cero tolerancia contra el crimen organizado por parte de la administración de Claudia Sheinbaum y de MORENA.

Esta situación nos obliga como país a aceptar que los legisladores y, en general, los funcionarios, pueden ser susceptibles de ser corrompidos por el crimen organizado, pero la cuestión es determinar ¿qué tan grave es el problema? ¿cuántos legisladores y políticos están al servicio del narco?

Por ejemplo en Colombia, entre 2006 y 2013, 60 congresistas fueron encarcelados por tener nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar que participó en el tráfico internacional de drogas. Dicho caso se conoció con el nombre de Parapolítica. De hecho, cuando testificó ante un tribunal uno de los líderes de las autodefensas, Salvatore Mancuso, afirmó que el 35 % de los legisladores colombianos estaban ligados a las autodefensas y, además de legisladores, también se vieron implicados alcaldes, gobernadores y otros funcionarios.

Esta investigación en Colombia comenzó a partir del decomiso de la computadora personal de uno de los colaboradores del líder de las autodefensas Jorge Pupo Tovar, alias “Jorge 40”, que contenía los nombres de diferentes políticos que habían recibido algún apoyo de la organización y dichas investigaciones destaparon una especie de caja de pandora, en donde una cantidad importante de actores públicos se vieron involucrados y algunos de los cuales terminaron arrestados.

Se trata de una experiencia de la que debemos aprender, ya que si bien Colombia no logró limpiar la arena política y eliminar en su totalidad la influencia el crimen organizado, si es el mayor esfuerzo que se ha tenido hasta el momento en América Latina para desentrañar y reconstruir las redes de actores políticos que están al servicio del crimen organizado.

Ya que casos como el de Hilda Araceli Brown Figueredo, el de las redes de protección de tráfico de huachicol fiscal en las aduanas o el hecho de que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, se encuentre detenido por presuntamente haber encabezado la organización criminal conocida como la Barredora, nos hace pensar en la posibilidad de que existan muchos más casos de colusión entre políticos, funcionarios y criminales.

Y es que se tiene que comprender que no hay solución posible al problema de la inseguridad y violencia de México si se tolera la existencia de funcionarios y políticos corruptos, porque su complicidad empodera a las organizaciones criminales. Por ejemplo, cuando los encargados de una aduana dejan pasar embarques de huachicol fiscal, dichas organizaciones ganan dinero y pueden generar más violencia, lo mismo pasa con los gobernantes que dejan que en sus demarcaciones se venda droga, existan narco laboratorios o que pasen cargamentos de estupefacientes, sus acciones y omisiones enriquecen al crimen organizado.

Por ende, identificar, procesar y castigar a los políticos corruptos es igual de importante que capturar a los grandes capos, porque en realidad esos políticos son sus operadores.

Se trata de uno de los grandes pendientes de la estrategia nacional de seguridad pública, que si bien se señala con mucha frecuencia en el discurso, con frases armadas como las siguientes: “no somos iguales”, “se castigará caiga quien caiga”, “no se protegerá a nadie” y “no hay cabida para corruptos”, lo cierto es que hay muy pocos políticos procesados y encarcelados en México por colusión con el crimen organizado y debido a los altos niveles de violencia, suena lógico que haya una cantidad importante de políticos al servicio del crimen organizado.

Como ciudadanos debemos exigir a los tres órdenes de gobierno, a los tres poderes y a los partidos políticos que rompan el pacto de impunidad que lleva décadas en nuestro país y que se emprendan esfuerzos serios por limpiar la influencia del narco en la política, llevando a la cárcel a todos los que han traicionado la confianza ciudadana y se han vendido al crimen, sin importar que tan encumbrados están, porque precisamente los que ocupan los espacios de mayor poder, son los que más daño pueden hacer.

* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: [email protected]