El narco y la industria musical: una alianza peligrosa

El pasado miércoles, el cantante Gerardo Ortiz se declaró culpable de haber lavado dinero en favor del Cártel Jalisco Nueva Generación en una Corte Federal en Los Ángeles, California. El blanqueo de capitales se dio a través de un esquema establecido por el productor Jesús Pérez Alvear, en donde el cantante ofreció 19 conciertos en México, en los cuales parte de las ganancias fueron a parar a las arcas de la organización criminal.

Gerardo Ortiz no es cualquier artista, se trata de uno de los cantantes de mayor éxito en el regional mexicano, que realiza conciertos en México y Estados Unidos, que tiene más de 3,700 millones de reproducciones acumuladas en Spotify y más 3,300 millones de vistas en sus videos de YouTube.

Sin embargo, tampoco se trata de un hecho que sorprenda a quienes han seguido la carrera de Gerardo Ortiz, ya que desde 2010 fue uno de los precursores del Movimiento Alterado, una corriente musical que mezclaba los narcocorridos con banda sinaloense, que se caracterizaba por letras bastante explícitas y con altos niveles de violencia. Ortiz compuso y cantó canciones que trataban de las vidas de personajes de primera línea del crimen organizado, como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Iván Archivaldo Guzmán, Damaso López Serrano “El Mini Lic”, Manuel Torres Félix “El Ondeado”, Rafael Caro Quintero, Héctor “El Güero” Palma y Nemesio Oseguera “El Mencho”.

El caso de Gerardo Ortiz no es único, en el mejor de los casos es la punta del iceberg de un proceso de infiltración que lleva décadas, en las que las organizaciones criminales han potenciado las carreras de cantantes, que después utilizan en su beneficio para que compongan y canten canciones en escenarios de México, Estados Unidos y otros países, así como para lavar dinero a través de sus presentaciones.

Basta recordar que el 9 de enero del presente año una avioneta arrojó miles de volantes sobre Culiacán, Sinaloa, en donde la facción del Cártel de Sinaloa al servicio de Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, acusó a 25 influencers y cantantes, entre los cuales se encontraba Peso Pluma -el artista mexicano más popular de los últimos años, con más de 22,000 millones de reproducciones en Spotify y más de 6,000 millones de vistas en YouTube– de lavar dinero en favor de la facción de los Chapitos, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Días antes, los Matasalas, una célula operativa de los Chapitos en Hermosillo, Sonora, colgaron una manta en donde amenazaban a Natanael Cano, precursor de los corridos tumbados, por apoyar económicamente a los Salazar, una familia criminal de mucho poder en Sonora y Chihuahua, que son aliados cercanos de Ismael Zambada Sicairos.

De hecho, Peso Pluma no oculta que hace corridos por encargo de narcotraficantes; así lo declaró en 2023 para el Canal de YouTube Soy Grupero, en donde mencionó: “Todos los artistas del regional mexicano que cantan corridos, hay gente que les llama y de repente ‘oye, ¿cuánto me cobras por hacer un corrido? No pues tanto. Es mi trabajo. Te hago un corrido y te lo entrego”.

Si bien los narcocorridos son más comunes en las áreas de operación del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo cierto es que es una tendencia que se repite a diferentes escalas en todo el país, con diferentes géneros musicales y con casi todas las organizaciones criminales relevantes.

Por ejemplo, el cantante Yahir Saldívar tiene canciones que tratan sobre los líderes del Cártel del Golfo; el grupo Enigma Norteño hace lo propio con el Cártel del Noreste y los Zetas; los Tucanes de Tijuana han compuesto melodías en honor a la Familia Michoacana, y el rapero Chuy AJ ha cantado sobre la Unión Tepito.

Esta tendencia va más allá de un movimiento cultural o de la simple apología del delito. Las organizaciones criminales han comprendido que los artistas pueden ser sus mejores publirrelacionistas, y que a través de la música pueden permear en la población y construir una imagen positiva, a pesar de las múltiples atrocidades de las que son autores. Por ello han financiado carreras musicales, les han solicitado corridos por encargo a los artistas y los invitan a amenizar sus fiestas.

A la par, la industria musical genera millones de dólares en ingresos cada año y las ventas relacionadas con conciertos, artículos promocionales y discos físicos tienen poca supervisión, lo cual se convierte en campo fértil para el lavado de dinero, que ha sido aprovechado por varias organizaciones criminales.

En este punto ya no se trata de determinar si el crimen organizado se ha infiltrado en la industria musical, sino hasta qué punto ha logrado permear, así como cuántos artistas, productores y promotores trabajan para el narco.

El problema es que nuestro país no está en condiciones de contestar dichas preguntas, ya que las autoridades en todos los niveles han tenido una actitud de tolerancia, incluso de complacencia ante la posible infiltración del crimen organizado en la industria musical. De modo que no contamos con investigaciones serias tendientes a rastrear el lavado de activos que se da por artistas y productores en México.

De hecho, de nueva cuenta, tienen que ser las cortes en los Estados Unidos las que destapen el problema y nos alerten de la necesidad de tomar acciones para limpiar la escena musical de la influencia del narco.

Por tal motivo, se pueden proponer al menos 5 acciones para atacar la infiltración del narco en la música:

Primero: Iniciar investigaciones contra todo artista o productor sobre el que haya elementos que hagan pensar en una posible conexión financiera con una organización criminal.

Segundo: Utilizar la Unidad de Inteligencia Financiera para determinar los flujos monetarios entre la industria musical y las organizaciones criminales, así como para mapear la penetración de las redes criminales en el mundo del espectáculo.

Tercero: En caso de que se establezca una conexión financiera entre una organización criminal y un artista, o productor, dar aviso a las plataformas musicales, para que retiren la música de las mismas, como pasó hace unos años con Julión Álvarez, para que las pérdidas en monetización propicien que los artistas se alejen de los criminales, por miedo a las sanciones.

Cuarto: En los casos en los que la colusión sea grave, proceder penalmente y sancionar con cárcel a los artistas involucrados.

Quinto: Establecer disposiciones legales para que los espectáculos financiados con dinero público no den cabida a artistas que interpretan narcocorridos.

* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: [email protected]