¿Un mundo libre de drogas? Lecciones no tan aprendidas

En las últimas dos semanas, dos hechos tuvieron lugar en materia de política de drogas: la sesión anual de la Comisión de Estupefacientes (CND) y la 52 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En sus estrados y acuerdos resonaron dos discursos que se contraponen: más prohibición por un lado y abordaje con enfoque de derechos humanos por otro.

Como hecho histórico y hasta un tanto sorpresivo, el Consejo aprobó una resolución en materia de política de drogas que podría señalarse de progresista. El documento incorpora principios de protección a derechos que no son novedosos, pero que en otros años habían sido ignorados a pesar de haberse demostrado su eficacia y necesidad. De entrada, el texto es abordado desde una perspectiva que reconoce la discriminación racial, un gran avance considerando que se había ignorado que la política de drogas tiene efectos diferenciados en contra de las poblaciones que no son de piel blanca.

Otro punto a destacar es que se introduce la noción de reducción de daños asociados a drogas. Esto abre el camino para que desde los órganos de derechos humanos se impulsen políticas públicas que no tengan la intención de detener el consumo, sino de proporcionar servicios enfocados en los contextos de las personas, para evitar que otros problemas surjan por falta de atención sanitaria o desconocimiento de lo que se consume. Un ejemplo de este tipo de medidas es proveer de agujas estériles para reducir la propagación de enfermedades virales; o bien,  realizar testeos de sustancias para detectar que no haya alteración que pueda derivar en una sobredosis. Esto último cobra particular relevancia en el contexto actual de lo  señalado sobre el consumo de fentanilo, en el que gran número de las personas desconocen que lo están consumiendo .

Entre los acuerdos logrados, se mandató al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que elabore un informe sobre las repercusiones de la política de drogas en los derechos humanos como contribución a la próxima revisión intermedia de la CND en marzo de 2024. Esto es relevante porque se estaría generando una presión externa a la Comisión de Estupefacientes para que salga de la obnubilación de hablar de drogas sólo desde un ámbito de seguridad, y lo haga en un sentido integral en el que se considere el impacto en todos los derechos, haciendo necesaria la colaboración y comunicación con otras agencias especializadas.

Pero no podemos quedarnos en los aplausos y decir que la resolución es completamente una victoria. Si bien hubo discursos sobre alternatividad penal, justicia restaurativa y terapéutica e inclusión social, al momento de la redacción de los documentos políticos, una posición más tibia o en extremo conservadora salió a relucir por parte de algunos países. A lo largo de seis semanas, los Estados tuvieron el espacio para negociar y hacer propuestas para encontrar consensos que determinaran un camino diferente a las estrategias relacionadas con las drogas. No lo hicieron completamente. Parecía que estuviésemos viendo una sesión del Congreso mexicano, pues en la última sesión, a través de señalamientos e inconformidades, así como la presentación de una gran número de solicitudes de modificación, se demostró que la transformación de la narrativa no va a ser fácil y no será en el corto plazo.

Mediante cambios de último momento y con liderazgos de países del bloque árabe y Rusia que insisten en la securitización de la agenda, se incorporó en la resolución la noción simplista de buscar una “sociedad libre del uso indebido de drogas”, a pesar que los datos revelan que el mercado mundial de drogas ilegales es cada vez mayor, más sólido y con una mayor diversidad de sustancias. Además, se agregó que ante toda recomendación, se debe respetar la soberanía estatal en el derecho internacional, en específico para la determinación del derecho penal interno. Contradicciones que limitan el alcance de la resolución y que pareciera dejar abierto el camino a que se respeten los derechos sólo en los Estados que así quieran hacerlo.

Mientras estos debates tenían lugar en el Consejo de Derechos Humanos, en la CND decidieron mantener la venda en los ojos y continuar con la retórica de siempre, esa que ha definido por décadas la política mundial. Como resultado de las negociaciones, se determinó incrementar a la lista de regulación y prohibición siete nuevas sustancias. Recordemos que la prohibición exige altas demandas presupuestarias a los Estados para desplegar mecanismos de seguimiento, investigación, localización y destrucción, aunado a que lo anterior usualmente va ligado al abuso del derecho penal. Es decir, nuevas sustancias prohibidas se van a reflejar en más personas encarceladas, muertes por sobredosis, ejecuciones extrajudiciales y una lista lamentablemente dolorosa de violaciones a los derechos humanos.

Aunque no hay claridad total de cómo avanzará la política mundial de drogas mundial, podemos decir que se están identificando rutas de oportunidad para la incidencia; que si la Comisión de Estupefacientes se estanca en el prohibicionismo, la sociedad civil puede aprovechar los espacios en el Consejo de Derechos Humanos y el Sistema Universal de protección de derechos para generar las presiones necesarias que demuestren que la prohibición es un fracaso devastador. Lo cierto es que algo se está moviendo en el ámbito internacional, pero no es una victoria segura. Las resistencias ligadas a un discurso que podría catalogarse de retrógrado no son menores y podrían seguir postergando una mirada más progresista.

Así que, como sociedad civil y desde México tenemos mucho por hacer: no permitir que la retórica prohibicionista se repita como una verdad absoluta; no lo es y hay que señalar los beneficios de una apertura a mecanismos de reducción de daños, de regulación y atención a grupos históricamente discriminados y violentados. Para allá vamos.

* Isaias Pablo Tolentino (@ispabt) es internacionalista por la UNAM e investigador de política de drogas en @ElementaDDHH.