El Mundial de fútbol y la seguridad: lecciones brasileñas para México

Por Gerardo Álvarez

Viene el mundial de fútbol en México y, con este, el riesgo de mayor militarización. El 6 de marzo de 2026, el gobierno federal presentó desde Zapopan el denominado Plan Kukulkán, la estrategia de seguridad diseñada para proteger las sedes mexicanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). 

Al frente del anuncio, el secretario de seguridad Omar García Harfuch prometió un operativo que combina el despliegue de 100,000 elementos militares y civiles; anillos de seguridad física; vigilancia aérea; sistemas antidrones; barridos químicos, biológicos, nucleares y antiexplosivos; así como coordinación de inteligencia con Estados Unidos, Canadá y la FIFA. El objetivo declarado es que “la única noticia durante el Mundial sea lo que ocurra dentro de la cancha.” Pero, más allá de un operativo puntual frente a la justa deportiva, se presenta un riesgo preocupante: que bajo el pretexto del torneo, México podría avanzar aún más en la consolidación de un modelo de seguridad altamente militarizado que permanezca mucho más allá de la ceremonia de clausura.

Según la información confirmada hasta el momento, las fuerzas armadas tendrán un papel central en la ejecución del plan. A través de fuerzas de tarea conjunta, la Guardia Nacional, el Ejército y la Armada operarán de manera coordinada en los perímetros de seguridad de las sedes mundialistas, mientras que la Fuerza Aérea y el Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo asumirán la vigilancia y el control del espacio aéreo durante el torneo. En la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional incluso participará del monitoreo de 113,814 cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5). El plan contempla también el ingreso de tropas estadounidenses en territorio nacional bajo un esquema de adiestramiento conjunto, mismo que ya ha comenzado a registrarse. 

Nada de esto es del todo nuevo. La participación castrense en tareas de seguridad pública, la videovigilancia masiva en zonas urbanas y el involucramiento cada vez más directo de autoridades de Estados Unidos en México son rasgos que ya caracterizan al modelo de seguridad mexicano. Esa es, precisamente, la razón para mirar con atención hacia lo que viene después. El caso brasileño lo ilustra con claridad.

En una investigación publicada en 2025, Cardoso y Pauschinger argumentan que la década de megaeventos deportivos en Brasil (Mundial en 2014 y Juegos Olímpicos en 2016) produjo una amalgama de neoliberalismo y militarismo que los autores llaman gerencialismo militarizado: un modelo que conecta la tradición autoritaria y violenta de las fuerzas armadas brasileñas con un nuevo paradigma de administración pública aplicado a la seguridad (inteligencia, predicción del crimen, análisis de datos), bajo la premisa de que gobernar el orden público es, ante todo, un problema de eficiencia. De manera muy sintética, este modelo estuvo basado en tres pilares: 1) la integración de las diferentes agencias de seguridad involucradas; 2) la vigilancia tecnológica y las estrategias de comunicación; y 3) el policiamiento militar.

Quizás el argumento más provocador de Cardoso y Pauschinger es el que conecta ese modelo de seguridad con el ascenso político de Jair Bolsonaro. Los autores sostienen que la celebración de grandes eventos deportivos en Brasil no sólo produjo infraestructura de control y vigilancia, sino que cultivó una cultura institucional y una narrativa pública favorable a la militarización de la vida civil. Las fuerzas armadas ganaron visibilidad, legitimidad social y atribuciones administrativas que antes no tenían; el discurso de la eficiencia normalizó la presencia castrense en funciones civiles; y la figura del orden impuesto desde arriba (competente, técnico, apolítico en apariencia) se volvió políticamente deseable para sectores amplios de la sociedad. Bolsonaro no surgió a pesar de ese proceso, sino en parte gracias a él.

Aunque Brasil no es el único caso de securitización en el contexto de eventos deportivos de gran escala en el Sur Global. El análisis de Scarlett Cornelissen sobre el Mundial de Sudáfrica 2010 explica cómo la FIFA impuso a las autoridades sudafricanas un conjunto de condiciones a las que el gobierno respondió construyendo una arquitectura de seguridad sin precedentes. Al igual que el brasileño, el caso sudafricano ilustra que, aunque los megaeventos sean transitorios por definición, las prácticas y paradigmas institucionales que generan no lo son. De acuerdo con la autora, el conocimiento acumulado, las prácticas de vigilancia ensayadas y la infraestructura desplegada permanecen y se convierten en el verdadero legado del evento.

En México, garantizar la seguridad es una obligación del Estado contenida en el artículo 21 de la Constitución. En el contexto de este tipo de eventos, es indudable que tanto quienes habitan las sedes como quienes las visitan tienen derecho a que el torneo transcurra en condiciones de protección y tranquilidad. Pero esa obligación convive con otros derechos (a la privacidad, a la libre expresión, de reunión, etc.) y con garantías constitucionales frente a la arbitrariedad. 

México llega al Mundial de 2026 cargando una crisis de derechos humanos, y el riesgo real es que el Plan Kukulkán consolide capacidades de control social sin fortalecer las instituciones civiles que el país necesita a largo plazo. Si el legado del torneo se reduce a infraestructura de vigilancia y al reforzamiento de la narrativa de eficiencia castrense, México habrá repetido el error brasileño sin siquiera reconocerlo. 

Por eso, la pregunta relevante no es si México puede garantizar seguridad durante el Mundial, sino qué tipo de aparato de seguridad se fortalecerá, legitimará y quedará después. Una conclusión responsable exige adoptar una postura crítica ante las tres dinámicas que el contexto mundialista está tendiendo a acelerar: la militarización de funciones civiles, la securitización de la vida pública como respuesta por defecto a cualquier problema colectivo, y la subordinación de la seguridad a los estándares impuestos por intereses comerciales privados. 

Frente a esas tendencias, la alternativa es la exigencia de que este contexto no sea utilizado como un pretexto para profundizar la militarización; que toda expansión de atribuciones sea transitoria, ejercida bajo mecanismos estrictos de control civil y sometida a escrutinio público; y que los recursos y aprendizajes movilizados por el torneo se orienten a fortalecer las capacidades institucionales civiles que ayuden a hacer frente a la crisis de seguridad y de derechos humanos. Así, México podría demostrar que es capaz de aprender de experiencias ajenas antes de convertirse, él mismo, en lección para otros.

Sobre el autor

Gerardo Álvarez. Analista de Políticas Públicas en México Unido Contra la Delincuencia A.C., Abogado. Se ha dedicado al litigio constitucional y administrativo, así como a la investigación en seguridad ciudadana, política de drogas, militarización y control de armas.