Mujeres y pueblos indígenas en la pandemia

A dos años de iniciada la pandemia por COVID-19, los estragos de la crisis sanitaria siguen observándose en todos los niveles de la vida pública y privada. Mientras que la pandemia aún no termina, seguimos luchando para revertir los efectos negativos de hace uno, dos años. Claramente, ciertas poblaciones pagaron el costo de manera mucho más dramática que otras. 

En el policy brief Mujeres, empleos verdes y comunidades indígenas rurales: construyendo el camino para una recuperación justa y resiliente en América Latina, elaborado por las organizaciones de la Alianza Latinoamérica Sostenible, analizamos de qué forma la pandemia ha impactado a las mujeres y a los pueblos indìgenas en tres países de la región: México, Colombia y Chile. Como adelanto de algunos de los hallazgos del brief, podemos afirmar que estas poblaciones sistemáticamente discriminadas sufrieron un retroceso en sus derechos sociales más básicos. 

Violencia, desempleo, incremento de la carga de trabajo no remunerado y afectaciones a la salud mental son algunas de las aflicciones que padecieron las mujeres en mucho mayor medida que los hombres. En cuanto a los pueblos indígenas, la falta de información sobre cómo han vivido la pandemia evidencia el poco interés en general hacia esta población. Un supuesto es que un menor acceso a servicios de salud, combinado con un escepticismo hacia las noticias oficiales y mucha migración a las zonas urbanas, han hecho que las comunidades indígenas fueran más expuestas y vulnerables ante el virus. 

Es así como la pandemia no solo nos invita a actuar para revertir estos daños de manera urgente, sino también a reflexionar sobre la forma en que ciertos grupos poblacionales están siendo afectados de manera diferenciada y cómo eso evidencia problemas estructurales que rebasan por mucho la crisis. Políticamente, es una gran oportunidad para posicionar la necesidad de contar con políticas de cuidado; para demostrar cómo el patriarcado afecta en mayor medida a la salud mental de las mujeres; para dejar claro lo que sí pueden lograr las comunidades indígenas sin el apoyo del gobierno (medicina tradicional); pero también, para arrojar luz sobre la inadmisible ausencia de servicios básicos en estas comunidades. 

Ante este duro diagnóstico, la pregunta es doble: ¿Cómo aseguramos que se garanticen los derechos sociales de estas poblaciones, a la vez de que procuramos evitar que vuelvan a ser vulnerados en el contexto de futuras crisis? A ello, la Alianza Latinoamérica Sostenible responde con algunas recomendaciones dirigidas a los gobiernos para atender estos retos en un corto plazo: por ejemplo, implementar políticas que fomenten la repartición equitativa de las labores de trabajo doméstico y de cuidados entre el Estado y la sociedad; acondicionar los espacios destinados a proteger los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres para que se adapten a contextos de crisis futuras; posicionar las afectaciones a la salud mental de las mujeres como un problema público de género; desarrollar mecanismos de medición periódica de indicadores socioeconómicos de las poblaciones indígenas; generar políticas públicas nacionales y subnacionales enfocadas a fortalecer la seguridad alimentaria desde lo local para aumentar la resiliencia ante futuras crisis; entre otras. 

* Laure Delalande (@lauredelalande) es directora de Desarrollo Sostenible e Inclusión en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@ethoslabmx).