Las que sostienen la vida en medio del régimen de excepción salvadoreño

En El Salvador, el 52.8% de la población es femenina, es decir, aproximadamente 3 millones de habitantes, según el último Censo de Población y Vivienda 2024. Las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres a actividades del hogar y de cuidados.

Pero, ¿qué pasa en el contexto del régimen de excepción cuando algún pariente se encuentra privado de la libertad? En un país donde 3 de cada 10 hombres están en prisión, según el Censo 2024, el 1.8% de la ciudadanía salvadoreña se encuentra en algún centro penal o bartolina, de los cuales 94 mil 112 son hombres y 12 mil 943 mujeres.

Por ello, El Salvador se mantiene como el país con la estadística más alta de personas encarceladas en América, con mil 776 reos por cada 100 mil habitantes. La tasa de personas privadas de la libertad es la más alta desde que se instauró el régimen de excepción en marzo de 2022.

Pero, ¿qué es un régimen de excepción? Está estipulado en la Constitución salvadoreña y permite la suspensión de derechos fundamentales, como la libertad de movimiento, expresión y asociación, así como la inviolabilidad de las comunicaciones. Puede declararse en circunstancias extremas, como guerra, invasión, rebelión, sedición, catástrofes, epidemias o graves perturbaciones del orden público.

El Salvador ha extendido 50 veces el régimen de excepción desde su implementación y se espera que continúe vigente hasta el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de prórroga.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian que, entre las 85 mil 500 personas adultas detenidas, cerca de 30 mil son inocentes. Por ello, en su mayoría son las mujeres —madres, hermanas y esposas— quienes están exigiendo justicia.

Son estas mujeres las que, desde 2022, deben hacerse cargo del hogar, del mantenimiento económico, del trabajo doméstico y del apoyo emocional de hijos e hijas, así como de personas dependientes y personas con discapacidad.

Además, son las encargadas de buscar recursos económicos extras para transferir algunos fondos a sus familiares mediante el sistema de depósitos electrónicos habilitado por los Centros Penales o llevar a las cárceles y bartolinas los famosos “paquetes”.

Dichos paquetes contienen algunos productos alimenticios, artículos de higiene y vestimenta, con un costo aproximado de entre 100 y 170 dólares mensuales. Por ello, muchas mujeres deben invertir tiempo y dinero para costear los desplazamientos, con la esperanza de que, tal vez, su familiar los reciba. Todo esto sin poder verles y sin saber cómo se encuentran, pues las visitas están prohibidas en los recintos desde 2022.

Además, deben hacer todo lo posible para demostrar la inocencia de su familiar, buscar ayuda en el sistema judicial —que por ley debe ofrecer defensa pública gratuita— y prepararse con pruebas y testigos.

Pero hay más: estas mujeres deben enfrentarse, por un lado, al estigma social por tener a un miembro de su familia en prisión y, por otro, a la indiferencia y violencia del Estado; además de vivir con el miedo de despertar con la noticia de que su hijo, hermano, hermana o esposo sea liberado en un ataúd por el sistema penitenciario.

El temor a la muerte es válido, si se toma en cuenta el informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIEI), que ha denunciado al Estado salvadoreño por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas dentro de sus cárceles.

El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) ha denunciado en múltiples ocasiones represalias y estigmas por parte del Estado. Recuerda al gobierno salvadoreño que defender derechos no es un delito.

Las personas pertenecientes al movimiento exigen revisar los expedientes de sus parientes. Denuncian que se han realizado juicios sin notificar a las familias, por lo que no han podido prepararse con testigos para comprobar la inocencia de estas personas.

También exigen que la Procuraduría General de la República cumpla su función de defender a los salvadoreños. El MOVIR ha dejado en claro que no pide la libertad para pandilleros, sino que se respete el derecho a la legítima defensa y a ser vencidos en un juicio.

El sistema judicial realizó un conjunto de reformas legales que ha permitido llevar a cabo juicios masivos en procesos breves y rápidos. Estas reformas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y abogados, quienes argumentan que se agrupa a personas inocentes con delincuentes, violando principios de seguridad jurídica, individualización de casos y retroactividad de la ley.

Por ello, mientras el gobierno salvadoreño siga manteniendo la seguridad y el punitivismo como bandera de su mayor logro, las mujeres salvadoreñas seguirán pagando con su trabajo y su tiempo el mantenimiento de la vida en medio de un régimen de excepción despiadado.