Mujeres por el derecho a decidir libremente

Por: Miriam Jacqueline Villarruel Ortega

Desde enero de 2015, ARTICLE 19 y la Casa de Apoyo a la Mujer desarrollan un proyecto que busca empoderar a las mujeres de las comunidades de la Selva Norte de Chiapas y los Pantanos de Tabasco en el ejercicio del derecho de acceso a la información para la exigencia de otros derechos, además de encontrar mecanismos alternativos para difundir información entre poblaciones marginadas.

Una de las solicitudes recurrentes sobre las afectaciones a las comunidades se vinculan con las reglas de operación del programa PROSPERA, que señalan que ningún servidor público puede establecer condicionamientos no previstos a las beneficiarias. A pesar de esto, los funcionarios y promotores vulneran constantemente este principio y aprovechan la desinformación para condicionar los apoyos. Entonces ¿cómo resistir, responder o creer en la efectiva implementación de estas reglas?

[contextly_sidebar id=”cidXSvC9crD3Bd4JbThwzxSmDumCFYDx”]Condicionar el voto no sólo es una violación a las reglas de operación de PROSPERA, es una violación grave a los derechos de elección, participación y libertad de decisión de la ciudadanía en cualquier orden de gobierno. Sin embargo y aun con esa claridad, sigue siendo una práctica cotidiana en los estados en beneficio de algunos partidos políticos.

De esta manera, los días previos a las elecciones para diputado federal en la zona norte de Chiapas se vivieron bajo el miedo y las amenazas que ejerció un funcionario de PROSPERA en contra de las mujeres beneficiarias, con el fin de ganar votos para el candidato del PRI-PVEM.

Ante esta situación, la Casa de Apoyo a la Mujer junto con el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas realizaron una denuncia pública en la que se advierte que en siete comunidades dichos funcionarios ejercieron coacción para beneficiarse del voto. Esto comenzó cuando uno de ellos amenazó a las mujeres beneficiarias con quitarles PROSPERA si no votaban por el PRI, y en sentido contrario, promoviendo que si votaban por el partido serían recompensadas con una televisión de 42 pulgadas. De acuerdo a las mujeres, el “servidor público” les pedía que no hablaran al respecto con los hombres de la comunidad o personas ajenas al lugar, indicando que de nada serviría la denuncia, ya que el programa y la petición venían “desde arriba”.

Las mujeres, conscientes de la importancia de tener información y multiplicarla, “llamaron a Asamblea” para construir un acuerdo comunitario que permitiera hacer frente a esta situación. ¿La respuesta? Un sentimiento generalizado de impotencia ante las palabras “arriba”, “callar” y “quitar”.

Días después un grupo de mujeres de la misma comunidad acompañadas de Casa de la Mujer se reunieron para reconstruir la historia y reflexionar acerca de qué papel juegan las instituciones como FEPADE, INE, PRÓSPERA, y los partidos políticos; en este espacio se compartieron experiencias de otras comunidades en todo el país y el estado, concluyendo que se vive la misma situación de coacción. Así, decidieron romper el cerco del miedo y denunciar la violación a sus derechos políticos de parte de los funcionarios del Programa.

Esta reflexión fue motor para invitar a otras comunidades a encontrarse, compartir información y generar un frente ante cualquier amenaza que provenga de dicho Programa o de cualquier funcionario que quiera condicionar el voto. En el caso de tres comunidades, se llegó a una denuncia formal y se fortaleció la organización comunitaria, aun cuando existe poca credibilidad de las instituciones mencionadas.

En conclusión, el derecho a la información es un eje transversal para el ejercicio de otros derechos, ya que el conjunto de saberes y compartires motivan y dan fuerza para la movilización de la ciudadanía. Independientemente del partido ganador, el acierto es que ningún funcionario para las elecciones de julio se acercó a las comunidades que denunciaron con la finalidad de condicionar el programa. ¿Los nuevos retos? Generar constantemente reflexión informada que fortalezca la fuerza comunitaria y la violación de los derechos por parte de cualquier autoridad.

* Miriam Jacqueline Villarruel Ortega coordina el trabajo de campo del proyecto de Transparencia Proactiva en ARTICLE 19, México y Centroamérica, y es colaboradora del Casa de Apoyo a la Mujer en Palenque Chiapas.