Redacción Animal Político · 1 de diciembre de 2023
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, conmemorado el pasado 25 de noviembre, recordamos a todas aquellas compañeras víctimas de un sistema que, por décadas, ha vulnerado sus derechos no sólo universales, sino políticos. Históricamente hemos sido parte de un proceso en el que se ha trabajado por crear un enfoque interseccional en materia de perspectiva de género. Actualmente y con las próximas elecciones en camino, reconocer el valor de las mujeres en diferentes ámbitos, nos ayuda a reflexionar que no solo las masculinidades forman parte de la toma de decisiones en un Estado-Nación. Posicionar además, a la población femenina como sujetas de derecho y agencia, en vías de construir un país donde permee la justicia social.
Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70.1 % de las mujeres en México han sido violentadas a lo largo de su vida, ya sea física, sexual, psicológica, emocional, política e incluso patrimonialmente. Nombramos la violencia política porque es importante situar que, en materia electoral, la representación de las mujeres dentro de estos espacios se dio hasta 1953 con su derecho al voto (y simbólicamente se reconoció su agencia en la toma de decisiones federales y dentro de las candidaturas a puestos populares). Sin embargo, la representatividad real se dio tiempo después. Por ejemplo, en 1954, Aurora Jiménez de Palacios fue la primera diputada federal (por Baja California) en la historia de México. Posteriormente, hasta 1964 aparecieron las primeras senadoras electas: María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia. Finalmente, encontramos a la primera mujer gobernadora hasta 1979 con Griselda Álvarez por el estado de Colima.
Pero ¿qué es y de donde surge la violencia política? Gran parte de demeritar nuestra incidencia en espacios políticos fue normalizado por el sistema patriarcal al que pertenecemos. Entonces, crear estigmas sociales machistas e incapacitar arbitrariamente a las mujeres para ejercer cargos públicos abona a una ideología sexista que permite y normaliza juzgar o menospreciar por género, sexualidad, ideología o estándares impuestos desde las heterónomas. Si bien no toda la violencia política es de género, es necesario identificar cuando sí lo es. Por ejemplo, cuando existe un impacto significativo frente al desarrollo de las actividades entre un hombre y una mujer que ejercen las mismas responsabilidades, o bien, en la que de manera desproporcionada existen favoritismos.
La misoginia no distingue género y por mucho tiempo en estos entornos ha estado normalizada. Hoy, tras el trabajo de visibilización de las mujeres y la sociedad civil, se sanciona a quienes cometan estos tipos de agravios. Sin embargo, el proceso al respecto es complejo y no siempre justo. Uno de los ejemplos más sonados es el caso del diputado del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Férnandez Noroña, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que ejerció violencia política de género en contra de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernandez. Son muchos los casos en que la justicia no es reparativa para quienes sufren estas agresiones. Resulta incluso indignante que los casos relacionados ejercidos entre mujeres se vuelven más mediáticos. Muestra de ello fueron los comentarios de Lili Téllez hacia Layda Sansores referidos a su apariencia física.
Los ejemplos anteriores, dan cuenta de la urgencia por combatir este tipo de violencia, pues ha sido parte de una de tantas brechas de desigualdades a las nos hemos enfrentado. Escuchar constantemente que las mujeres no pueden llegar a ocupar cargos públicos mediante sus propias capacidades, además de ser humillante, recae en un discurso revictimizante, pues se nos siguen cuestionando nuestras capacidades. Aunque existe un padrón que a la fecha lleva un total de 314 personas sancionadas, entre 59 mujeres y 255 hombres, la realidad es que no todas las personas relacionadas son sancionadas.
A un año de las elecciones es necesario reconocer el trabajo de las mujeres que forman parte de la toma de decisiones en la política que, sin un discurso violento, ponen sobre la mesa reformas que nos ayudan a seguir reconociendo nuestros derechos o leyes con las cuales podemos ampararnos en caso de sufrir algún tipo de agresión. Resalta el trabajo logrado en estos temas como la Ley Olimpia (2018) o la recién aprobada Ley Ingrid (2022).
En México contamos con una reforma constitucional en materia de igualdad y paridad de género; empezar a reconocer plenamente nuestros derechos políticos y electorales es parte fundamental de un proceso constructivo, para un legado que tome en cuenta nuestra participación en espacios públicos y políticos.
Dentro de las acciones internacionales, continuar en la construcción de ambientes libres de desigualdades (no solo políticos sino de cualquier ámbito) es pieza sustancial para reducir significativamente los impactos que genera la violencia. En esta participación es crucial incrementar la agendas públicas con perspectiva de género, los mecanismos que fortalezcan las capacidades de defensa de los derechos de las mujeres y, sobre todo, incentivar la participación y opinión política de las mujeres desde las infancias, pueblos originarios, comunidades afromexicanas y poblaciones en constante vulnerabilidad. De esta forma se busca brindar a cada una el acceso a la libre información, sea o no política/electoral, y garantizar que de manera oportuna puedan intervenir en procesos directos de su comunidad respetando sus derechos.
El camino rumbo a una sociedad libre de violencias es un trabajo que nos compete a todas y todos. En cuanto a las desigualdades sociales desde el género, se vuelve elemental manifestar nuestra inconformidad, hacer que nos tomen en cuenta y sobre todo, que no se pongan en duda nuestras capacidades y aptitudes. Continuar en la construcción de espacios desde y para nosotras nos abre caminos para liderar de manera segura las problemáticas y opresiones que como grupo social (y para todos aquellos normalmente vulnerados) nos atraviesan, apuntando a soluciones sólidas ante los efectos sistémicos que se han producido por décadas y que nos han obstaculizado el proceso para alcanzar condiciones socialmente justas.
* Itzel Dolores es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (@CDHVitoria).