Resiliencia electoral 2024: mecanismos institucionales para salvaguardar a mujeres en la política

En México, el año electoral 2023-2024 fue histórico por la cantidad de cargos a elegir. También porque hubo casi 8 mil renuncias y sustituciones de candidaturas federales y locales: más del 50 % fueron de mujeres (4 mil 461). El desagregado de motivos no permite tener suficiente detalle de las causas. A nivel federal, la principal razón fue “por así convenir a sus intereses” (113) y, a nivel local, “personal, particular y/o así convenir a sus intereses” (2 mil 428). Solo en este último sabemos que 17 mujeres renunciaron explícitamente por motivos de seguridad, y dos por violencia contra sus derechos político-electorales. Dado el alarmante nivel de violencia criminal electoral, con centenares de víctimas, es posible que algunas mujeres se retiraran de la contienda por razones de seguridad, sin decirlo, para proteger su integridad.

La protección de personas candidatas fue liderada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para cargos federales y por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) para cargos locales. Ellos presidían las Mesas de Seguridad Interinstitucional, espacios que reunían a autoridades de diferentes ámbitos para discutir y planear acciones relacionadas con la protección y salvaguarda del proceso electoral y de las personas candidatas.

Una de las estrategias implementadas fue el Mecanismo de Protección a Personas Candidatas. A nivel federal, el INE recibía solicitudes de protección y las comunicaba a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que aplicaba un análisis y evaluación de riesgos. Dependiendo del resultado, se determinaba si las medidas procedían y, en ese caso, en qué condiciones. A nivel local, los OPLES debían coordinar sus propias estrategias de protección, las cuales fueron determinadas libremente por sus autoridades. Por ejemplo, Nuevo León tuvo un mecanismo cuyo nivel de riesgo más bajo era atendido por autoridades municipales, y los demás, por Fuerza Civil. En casos de emergencia, las personas candidatas podían incluso resguardarse en sus cuarteles. En cambio, en la CDMX el OPLE firmó un acuerdo con la Secretaría de Seguridad para activar rutas de apoyo y protección, según lo solicitaran. Como en estos casos, cada estado determinó sus modelos, lo que resultó en una amplia variedad de políticas de seguridad a lo largo del país.

Un segundo mecanismo centrado en mujeres fue el Programa Piloto de Servicios de Primeros Auxilios de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND). Este consiste en dar atención psicológica y orientación, asesoría y acompañamiento jurídico a las candidatas federales en situación de violencia. Dada la necesidad de apoyo y acompañamiento a nivel local, el programa se extendió a las candidatas locales. Estos servicios, vigentes hasta octubre 2024, se activan cuando la candidata pide apoyo directamente. Hasta junio de 2024, la UTIGyND recibió 37 solicitudes de atención: 12 peticiones de diversa índole por parte de autoridades y 25 de atención directa (5 federales y 18 locales). La mayor parte de los servicios brindados fueron jurídicos (62 %), seguidos de psicológicos (33 %) y de canalización con otras autoridades (5 %).

Finalmente, un tercer mecanismo de atención fue la instalación de la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género. Con ella, se brindan servicios de representación jurídica en asuntos federales y locales de paridad y violencia política. Además, también se da orientación en los casos en que se solicite. Para obtener dichos servicios, es necesario que la mujer afectada se presente en las oficinas o que se comunique por correo electrónico o teléfono. Hasta este momento, no se cuenta con información sobre el número de casos atendidos, jurisdicción o servicios provistos.

A pesar del esfuerzo de las autoridades correspondientes para atender y acompañar a las mujeres en la política, las estrategias de protección no resultaron infalibles, como lo demuestran las miles de renuncias y sustituciones o los centenares de víctimas de agresiones físicas y digitales. Esto evidencia la necesidad urgente de revisar y fortalecer los mecanismos implementados para garantizar una protección efectiva de las mujeres candidatas y de las electas. Los aprendizajes de estos mecanismos son varios. A partir del acompañamiento en seguridad que Aúna dio a sus candidatas, a continuación se ofrecen algunas lecciones que, desde nuestra perspectiva, son de las más importantes:

1. Los mecanismos de atención, protección y acompañamiento deben ser permanentes. La violencia contra las mujeres se presenta a lo largo de su participación en la política ―antes, durante y después del año electoral― y se prolonga durante el ejercicio de su cargo. Sólo mediante políticas integrales y permanentes podremos asegurar que las mujeres en la política desempeñen sus funciones con la dignidad y el respeto debidos.
2. La publicación y publicidad de los mecanismos institucionales fue tardía: entre abril y mayo de 2024, cuando ellas ya estaban en campaña. Esto dificultó que las candidatas conocieran los servicios disponibles y los medios para su activación al estar concentradas en las prioridades de su campaña.
3. Los procesos operativos para solicitar el Mecanismo de Protección no eran claros. Las autoridades no señalaron de manera pública y explícita cómo iniciar el proceso ni ante qué unidad o departamento. Además, a nivel federal los partidos debían hacer la solicitud en nombre de sus candidatas, lo que es absurdo en el contexto mexicano, ya que son ellos quienes más suelen violentar a las mujeres en la política.
4. Las elecciones a nivel local presentaron grandes retos de seguridad. Al haber modelos diferenciados por entidad federativa, sin información expedita ni fácilmente accesible, las mujeres candidatas frecuentemente desconocían qué situaciones calificaban como alarmantes, a quién solicitar mecanismos de protección o a dónde acudir en caso de emergencia.
5. Las mujeres radicadas en la ruralidad o en municipios no metropolitanos se enfrentaron al desconocimiento y falta de perspectiva de género de las autoridades cuando solicitaron acciones de emergencia. Por ejemplo, se les requería trasladarse a la capital para levantar su denuncia o se consideraba que sus casos no eran lo suficientemente relevantes. Esto derivó en su revictimización o en la negación de atención o protección, lo que erosionaba, aún más, la confianza en las instituciones y autoridades locales.
6. Las mujeres preferían no denunciar ni pedir apoyo institucional, y optaron por idear sus propias estrategias de cuidados y protección ante los niveles de violencia, en vista del desconocimiento, omisión, colusión o revictimización por parte de las autoridades, sobre todo locales.

En México, la violencia criminal electoral amenaza los derechos fundamentales de las mujeres candidatas y su participación democrática. A medida que luchan por ocupar espacios de poder y representación, también enfrentan obstáculos que desafían su integridad y seguridad personal, lo que puede orillarlas a abandonar la contienda electoral. A la luz de las elecciones en 2024, es necesario reflexionar sobre los resultados que ha alcanzado la paridad y las consecuencias no previstas que ha provocado para las mujeres, sobre todo si las ponemos al frente pero las dejamos solas, sin políticas de acompañamiento útiles e integrales.

Además, necesitamos entender la efectividad de los mecanismos institucionales puestos en marcha. ¿Qué indicadores utilizan las autoridades para medir el efecto de sus estrategias? ¿Qué resultados reales arrojan estas políticas? La información permitirá entender, con mayor claridad, cuáles fueron las estrategias exitosas y reflexionar sobre errores por corregir y los retos pendientes. En conjunto, este ejercicio resultaría en la incorporación de insumos valiosos para mejorar las estrategias de atención, protección y acompañamiento de las mujeres en la política.

Para mejorar estos mecanismos, no necesitamos empezar desde cero: es fundamental reconocer el valor de preservar y fortalecer aquello que ya tenemos, como el Mecanismo de Protección a Personas Candidatas de la SSPyC, el Programa Piloto de Servicios de Primeros Auxilios del INE y la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ). Estos mecanismos son relevantes porque, con la experiencia acumulada, hay aprendizajes valiosos para avanzar, de manera más efectiva, en la protección y el acompañamiento de las mujeres en la política. No es necesario inventar el hilo negro: mejoremos lo que ya existe y potenciémoslo a la luz de la retroalimentación obtenida.

La mejora continua de estas iniciativas —especialmente de las que incorporan una perspectiva de género e interseccionalidad, como el Programa Piloto— es clave para enfrentar los desafíos que las mujeres encuentran en la arena política. La coordinación interinstitucional entre las autoridades es igualmente esencial, pues facilita una respuesta más expedita y eficiente frente a estas violencias. Aprovechar y perfeccionar lo que ya existe permitirá responder mejor a las necesidades actuales, y anticipar y mitigar futuros riesgos. Forjemos un futuro en el que la participación política de las mujeres se desarrolle en un ambiente de respeto, donde su integridad sea siempre nuestra prioridad.

* Claudia Cote es coordinadora de seguridad en Aúna. Su experiencia profesional se ha desarrollado en seguridad en contextos hostiles con un enfoque de seguridad humana interseccional y justicia social. Ha trabajado en cooperación internacional y sociedad civil, en América Latina y África. Es politóloga y administradora pública por El Colegio de México y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Warwick, con una especialidad en seguridad física y género en contextos frágiles.