Las mujeres que están cambiando el mapa político de Estados Unidos

En Georgia, un estado del sur estadounidense marcado por una larga historia de segregación racial, nueve de los trece cargos ejecutivos estatales de elección popular estarán ocupados por mujeres negras. En Texas, una mujer latina llegará por primera vez a la gubernatura. En Minnesota, una mujer indígena fue elegida al Senado federal. En Colorado, una joven negra de 29 años se convirtió en la primera mujer de la generación Z elegida al Congreso. Estas son algunas de las victorias históricas que dejaron las elecciones intermedias del 3 de noviembre en Estados Unidos.

Los resultados merecen una lectura que vaya más allá de la disputa entre demócratas y republicanos. Mientras el país vive una etapa de polarización política y cuestionamientos a derechos conquistados, está cambiando el mapa de quienes acceden a sus instituciones. La excepcionalidad de estas victorias no reside únicamente en que sean mujeres, sino en sus orígenes, edades, trayectorias y en las barreras que han conseguido romper. Son, también, resultados llenos de simbolismo.

El Congreso estadounidense tiene 535 escaños: 435 en la Cámara de Representantes y 100 en el Senado. Antes de las elecciones, 152 estaban ocupados por mujeres. Según los resultados provisionales del Center for American Women and Politics (CAWP), de Rutgers University, al menos 159 mujeres integrarán el nuevo Congreso a partir de enero de 2027. Esto representa el 29.7 % del total, todavía lejos de la paridad. 

El crecimiento no es uniforme. La Cámara de Representantes pasará de 125 a por lo menos 136 mujeres, mientras el Senado reducirá su presencia femenina de 27 a una cifra que, con los resultados conocidos, será de al menos 23. Las demócratas aumentarán considerablemente su representación, mientras las republicanas perderán escaños. Al mismo tiempo, el número de gobernadoras alcanzará un récord de al menos 17 frente a las 14 que ocupaban el cargo antes de las elecciones. Catorce de las nuevas gobernadoras serán demócratas y tres, republicanas.

También cambió la composición racial y étnica. Las mujeres latinas pasarán de 21 a por lo menos 26 en el Congreso; las negras alcanzarán un mínimo de 31, superando el récord anterior de 30, y las indígenas y otras mujeres de pueblos originarios contempladas en la clasificación de Rutgers llegarán al menos a tres. Son cifras provisionales, pero suficientes para identificar un cambio en la presencia de comunidades históricamente excluidas de las principales instituciones políticas estadounidenses.

La geografía de estas victorias resulta particularmente reveladora

En Georgia, Keisha Lance Bottoms, de 56 años, se convirtió en la primera mujer negra elegida gobernadora de Estados Unidos. Su triunfo adquiere una dimensión adicional al observar los resultados estatales. Otras ocho mujeres de color ocuparán cargos ejecutivos de elección popular, entre ellos la Secretaría de Estado, la Fiscalía General, las comisiones de Agricultura, Trabajo y Seguros, la Superintendencia de Educación y dos posiciones en la Comisión de Servicios Públicos. Ocho de estas nueve mujeres ganaron sus elecciones en noviembre; la novena ya ocupaba su cargo. No se trata solamente de una figura excepcional, sino de una presencia colectiva inédita en instituciones responsables de administrar elecciones, ejercer funciones jurídicas, regular servicios y definir políticas públicas.

En Texas, Gina Hinojosa (Regina Inez Hinojosa) será la primera gobernadora latina del estado. Su elección tiene un significado especial en un territorio fronterizo con México, con una enorme población de origen latinoamericano y un papel central en las disputas nacionales sobre inmigración y seguridad. En Minnesota, Peggy Flanagan, ciudadana de la nación indígena White Earth, será la primera mujer indígena elegida al Senado estadounidense. En Illinois, Juliana Stratton contribuirá a un hecho también inédito: por primera vez, tres mujeres negras ocuparán simultáneamente escaños en el Senado federal.

En Nuevo México, Deb Haaland, de 65 años, será la primera mujer indígena en gobernar un estado estadounidense y después de una extensa trayectoría política que incluye haber sido la primera mujer indígena en ocupar una secretaría del gabinete federal. Además, compartirá el Ejecutivo con Stephanie Garcia Richard, en la primera fórmula de gobernadora y vicegobernadora integrada por dos mujeres de comunidades racial y étnicamente diversas.

La edad introduce otra dimensión que merece atención. En Colorado, Melat Kiros, de 29 años, se convirtió en la primera mujer de la generación Z elegida al Congreso y en la primera mujer negra en representar a ese estado. Su llegada contrasta con las trayectorias de mujeres que alcanzaron cargos históricos después de décadas de experiencia política. Marsha Blackburn, republicana de 74 años, será la primera gobernadora de Tennessee.

Estos casos muestran que la transformación no puede explicarse exclusivamente como un relevo generacional. Conviven mujeres jóvenes que comienzan sus carreras legislativas con otras que alcanzan posiciones de máximo poder después de extensas trayectorias profesionales. En una sociedad donde la edad también condiciona las oportunidades políticas y laborales de las mujeres, resulta relevante observar que los triunfos históricos se producen en distintas etapas de la vida.

Compartir una identidad de género, racial o religiosa no significa compartir un proyecto político

La diversidad religiosa también forma parte de este mapa. Mujeres musulmanas como Ilhan Omar y Rashida Tlaib consiguieron la reelección al Congreso, mientras otras alcanzaron cargos en legislaturas estatales. Sus victorias cobran relevancia en un contexto en el que las políticas de la administración Trump sobre inmigración, diversidad e igualdad han intensificado las disputas sobre inclusión y derechos. La representación política estadounidense se está diversificando simultáneamente en términos de género, origen étnico, identidad racial, religión y generaciones.

Hay que destacar que estas mujeres no constituyen un bloque político homogéneo. Entre las ganadoras hay demócratas y republicanas, defensoras de los derechos reproductivos y políticas contrarias al aborto, representantes progresistas y conservadoras. Compartir una identidad de género, racial o religiosa no significa compartir un proyecto político.

Tampoco una victoria histórica elimina las desigualdades que hicieron excepcional esa victoria. Que Estados Unidos haya elegido por primera vez a una gobernadora negra después de dos siglos y medio de historia plantea una pregunta inevitable: ¿qué obstáculos institucionales, económicos y culturales impidieron que ocurriera antes? Lo mismo sucede con las mujeres indígenas, latinas y musulmanas que alcanzan cargos inéditos. Romper una barrera no significa que todas tengan ahora las mismas oportunidades para competir, financiar campañas o acceder a posiciones de decisión, pero representan una puerta abierta que permaneció cerrada, literal, por siglos.

Esto, además, se vive en un contexto de contradicciones y retrocesos que han sido el signo de la administración Trump. Mientras crece la presencia de mujeres de comunidades históricamente excluidas, Estados Unidos enfrenta importantes retrocesos y disputas en materia de derechos reproductivos e igualdad de género. La revocación de Roe v. Wade en 2022, posibilitada por una mayoría conservadora de la Suprema Corte consolidada durante el primer gobierno de Trump, dejó la protección del aborto principalmente en manos de los estados. A ello se suman la reinstauración de la Global Gag Rule, las restricciones a programas de igualdad y la expansión de las políticas federales de detención y deportación.

¿Qué capacidad tendrán las nuevas representantes para intervenir en estas decisiones? La respuesta no depende únicamente del número de mujeres electas. Importan sus posiciones políticas, las mayorías legislativas, las facultades de los gobiernos estatales y los recursos disponibles para transformar las políticas públicas.

¿Esta diversidad podrá traducirse en nuevas prioridades institucionales?

Todavía falta conocer otro elemento fundamental: cómo se distribuirá el poder dentro del nuevo Congreso. Las presidencias de comisiones y subcomisiones, particularmente las relacionadas con presupuesto, justicia, seguridad nacional y relaciones exteriores, determinarán quiénes podrán influir directamente en la elaboración de leyes, la asignación de recursos y la fiscalización del Ejecutivo. Ganar un escaño y ocupar una posición desde la cual se toman decisiones estratégicas son cosas distintas.

Los resultados definitivos todavía están pendientes y las nuevas autoridades asumirán sus responsabilidades en enero. Por ahora, las elecciones ya permiten identificar una transformación significativa en el mapa de la representación estadounidense.

¿Estamos ante un cambio duradero en las estructuras del poder político o ante una elección excepcional? ¿Podrá esta diversidad traducirse en nuevas prioridades institucionales? ¿Qué ocurrirá cuando las mujeres que acaban de romper barreras históricas tengan que decidir sobre presupuestos, inmigración, derechos y políticas públicas?

Estados Unidos acaba de elegir a mujeres que, hasta hace muy poco, difícilmente habrían llegado a algunos de estos cargos. La historia de sus victorias ya está escrita. La de su influencia sobre el futuro político del país apenas comienza.♦ 

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