Del derecho a la realidad: las mujeres con discapacidad no cumplimos 72 años votando

Desde hace días, se han desarrollado diversas actividades para conmemorar el 72 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México. Siempre resulta enriquecedor conocer sobre aquellas mujeres que encabezaron la lucha que nos permitió votar y, por supuesto, ser votadas.

Sin embargo, en esa narrativa sobre la conquista de derechos, rara vez se menciona a todas. Apenas en este siglo se empezó a hablar de una parte de la diversidad de mujeres que habitamos este país. Fue precisamente esa ausencia en la historia —el silencio sobre nosotras, las mujeres con discapacidad— lo que me llevó a escribir este texto y a preguntarme: ¿también conmemoramos 72 años de ejercer el derecho al voto?

Antes que nada, estas palabras son un reconocimiento a las sufragistas y luchadoras que, desde hace más de un siglo, abrieron el camino para que hoy contemos con mecanismos que nos permiten votar, ser candidatas y ocupar cargos públicos. Este texto también es para agradecer a quienes con su voz y su fuerza nos abrieron paso: Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche, Raquel Dzib Cicero, Refugio García, Amalia Castillo Ledón y Margarita García Flores, solo por mencionar algunas. Sin su lucha, quizá hoy no contaríamos con la primera presidenta de México.

En 1953, cuando se elevó a rango constitucional el derecho de todas las mujeres a votar, se vivió un momento sin precedentes. Fue una conquista que compartimos todas las mujeres, porque representó el reconocimiento de nuestra ciudadanía y de nuestra voz en lo público. Sin embargo, nuestra interseccionalidad también mostró otra realidad: no todas ejercimos ese derecho al mismo tiempo ni en las mismas condiciones.

Mientras algunas mujeres pudieron votar y, con el tiempo, ser electas, otras —como las mujeres con discapacidad— permanecimos excluidas de esa posibilidad durante décadas. El papel decía “todas”, pero la historia real escribió “algunas”.

Las mujeres con discapacidad no votamos durante décadas. No porque la Constitución lo prohibiera, sino porque el sistema nos impuso barreras físicas, sociales y culturales. Se nos negó el derecho en la práctica: las mujeres ciegas o con baja visión no contaban con plantillas en braille o macrotipo; las mujeres usuarias de silla de ruedas no podían acceder a las casillas, ubicadas en espacios estrechos o en pisos altos; las mujeres sordas, muchas de ellas con la Lengua de Señas Mexicana como primera lengua, se enfrentaban a un entorno sin intérpretes ni materiales accesibles, y las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial cargaban con el estigma de “no poder decidir por sí mismas”.

No fue sino a inicios del siglo XXI cuando las autoridades electorales reconocieron que una parte de la población simplemente no estaba votando, y no por falta de interés. En las elecciones de 2021, el INE aprobó por fin un Protocolo para la Inclusión de Personas con Discapacidad, con lineamientos obligatorios sobre capacitación, infraestructura y comunicación accesible. Pasamos de no votar a tener más garantías.

Pero, una vez más, el sistema demostró que lo que se escribe en papel no siempre se cumple en la realidad. Pasamos de necesitar que alguien votara por nosotras a poder ejercer, al menos un poco más, nuestro voto libre y secreto.

En mi experiencia, puedo contar dos cosas. Primero, aunque yo leo en braille, es una realidad que muchas personas con discapacidad visual ya no lo aprenden; además, en más de una ocasión las plantillas en braille contaban con uno o dos errores ortográficos.

Segundo, en las últimas elecciones, el pequeño gran avance que habíamos conquistado retrocedió. Cuando acudí a votar por el Poder Judicial, el único “mecanismo de accesibilidad” disponible fue que alguien me asistiera. Me entregaron diez hojas donde debía escribir en un espacio diminuto. Imaginen lo que se siente que alguien más decida por ti. Eso sentí yo: ¿Dónde queda la autonomía? ¿Dónde queda la secrecía del voto?

Por supuesto que una persona de confianza me acompañó, pero ¿qué pasa con las mujeres que no tienen a alguien? No todas las personas con discapacidad necesitamos —ni queremos— estar acompañadas para ser asistidas.

Alguien dijo una vez que en 1953 no se nos concedió un derecho nuevo, sino que se reconoció lo que las mujeres ya hacían: participar en la vida pública. Yo añadiría que también las mujeres con discapacidad hemos estado presentes en cada etapa de la historia de este país, luchando, participando y resistiendo. Por eso, no podemos seguir repitiendo prácticas que nos excluyen de la vida cívica y política, ni reproducir estereotipos que nos invisibilizan.

Sí, conmemoramos 72 años de tener derecho al voto. Pero las mujeres con discapacidad, me atrevo a decir, llevamos menos de cinco ejerciéndolo de verdad.

* Brenda Lara Hernández es mujer con discapacidad visual. Activista, política y feminista. Defensora de los derechos de las personas con discapacidad e integrante de la red Aúna. Redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok.