Redacción Animal Político · 16 de enero de 2024
El sistema penitenciario en México enfrenta una serie de retos que impactan negativamente en la salud mental y bienestar de las personas privadas de libertad. Esta problemática adquiere una dimensión más crítica cuando se evidencia que algunas de estas personas llegan a tomar la trágica decisión de quitarse la vida. Por ello es importante explorar las diversas dificultades que enfrentan las personas privadas de libertad dentro del sistema penitenciario mexicano y cómo estás pueden contribuir al aumento de las tasas de suicidio, según lo señalado por el relator sobre ejecuciones extrajudiciales en su informe sobre Muertes en Prisión del 18 de abril de 2023.
En dicho informe el relator menciona que las autoridades penitenciarias de los Estados tienen diversas obligaciones para la prevención del suicidio. La construcción de programas de evaluación de salud mental para personas recluidas, la identificación de riesgos de suicidio y factores de vulnerabilidad en las personas que ingresan a prisión, la provisión de apoyo adecuado de prevención de suicidios durante y posterior a la compurgación de la pena, la inaplicación de métodos que fomentan el suicidio.
No obstante, estos estándares no están materializados en la realidad. El sistema penitenciario mexicano enfrenta problemas estructurales que afectan la calidad de vida de las personas que están privadas de libertad. Hacinamiento, sobre población, autogobierno, cogobierno, falta de acceso a servicios básicos como atención médica y psicológicas, entre otras ya documentadas tanto por organizaciones de la sociedad civil como por los propios mecanismos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos. Estas condiciones crean un entorno propicio para el deterioro de la salud mental de las personas privadas de libertad.
Sin embargo, la atención a la salud mental en el sistema penitenciario mexicano es aún una asignatura pendiente, pues es insuficiente, de mala calidad y en la gran mayoría carente de seguimiento. La escasez de profesionales de la salud mental que laboren dentro de los centros penitenciarios, la falta de programas de reinserción efectivos y la estigmatización de los problemas de salud mental contribuyen al aumento de la angustia psicológica entre la población privada de libertad.
Por otro lado, la violencia entre la población privada de libertad, así como la amenaza constante de abusos por parte de personal penitenciario, contribuye significativamente al estrés y la ansiedad de las personas privadas de libertad. La falta de medidas efectivas para prevenir y abordar estas situaciones crea un entorno hostil que puede desencadenar el deseo de escapar a través del suicidio.
A pesar de las señales de alerta y los indicadores de riesgo, el sistema penitenciario mexicano a menudo falla en identificar y abordar a tiempo a aquellas personas privadas de libertad en mayor riesgo de suicidio. Si a esto le sumamos la falta de capacitación del personal penitenciario en la detección de problemas de salud mental y la ausencia de la aplicación de protocolos para la intervención, es claro que se contribuyen a esta desatención.
Según el informe muertes en prisiones del relator sobre ejecuciones extrajudiciales, se establece que los sistemas penitenciarios deben asumir responsabilidad por las muertes en custodia, incluyendo los suicidios. La falta de medidas adecuadas para prevenir estos incidentes y la negligencia en la atención a la salud mental de las personas privadas de libertad hacen que el sistema penitenciario mexicano sea corresponsable de esta situación.
La problemática que enfrentan las personas privadas de libertad en los sistemas penitenciarios mexicanos es grave y multifacética. Las condiciones precarias, la falta de atención a la salud mental, la violencia y el menosprecio de los indicadores de riesgo contribuyen al aumento de los casos de suicidio. Es importante que el sistema penitenciario mexicano y las autoridades corresponsables asuma su responsabilidad en la prevención de estas tragedias, implementando medidas efectivas para abordar las malas condiciones y mejorar la atención a la salud mental de la población privada de libertad.
Basta recordar que de acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcertado de Prevención y Readaptación Social, en sus cuadernos de estadística penitenciaria, sistematizados por ASILEGAL en el Violentometro Penitenciario, entre 2018 y hasta noviembre 2023 se registraron 397 suicidios, encabezando la lista Sonora con 46, Ciudad de México con 34, Chihuahua con 27, Jalisco y san Luis Potosí con 25 e Hidalgo con 23, sin embargo, estos datos públicos no se encuentran segregados por género por lo que no queda claro cuantas de estas personas pertenecían al género femenino, masculino, no binaria o cualquier otra identidad.
La anterior situación ha deparado en varias recomendaciones como la recomendación general 01/2022 emitida por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la cual documentó que 19 personas que se encontraban privadas de libertad en cárceles municipales y centros de detención del estado de Oaxaca habían fallecido en circunstancias preocupantes. En algunos de estos casos, las autoridades informaron que la causa del fallecimiento era asfixia por ahorcamiento, lo que se interpretaba como un suicidio. Sin embargo, de acuerdo con el contenido de la recomendación, las autopsias realizadas con posterioridad indicaban que había signos de violencia. En la recomendación, se hace referencia a 19 casos en los que las circunstancias en las que sucedieron los hechos resultan lo suficientemente sospechosas para que la DDHPO empezara una investigación al respecto.
Por otro lado, recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 276/2023, ya que el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 16 ha sido el epicentro de una preocupante ola de suicidios que ha conmocionado a la sociedad mexicana. Por dicha razón, CNDH emitió un comunicado de prensa, señalando la gravedad de la situación y exigiendo acciones inmediatas para abordar las problemáticas que enfrentan las mujeres privadas de libertad en este centro penitenciario. La CNDH, ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar los riesgos suicidas que acechan a las mujeres privadas de libertad en este centro penitenciario. Es importante que las autoridades penitenciarias y corresponsables respondan de manera inmediata y eficaz, implementando medidas que aborden no solo las consecuencias, sino también las causas profundas que conducen a situaciones tan extremas.
La problemática que enfrentan las personas privadas de libertad en los sistemas penitenciarios mexicanos es grave y multifacética. Las condiciones precarias, la falta de atención a la salud mental, la violencia y el menosprecio de los indicadores de riesgo contribuyen al aumento de los casos de suicidio. Es importante que el sistema penitenciario mexicano y las autoridades corresponsables asuman su responsabilidad en la prevención de estas tragedias, implementando medidas efectivas para abordar las malas condiciones y mejorar la atención a la salud mental de la población privada de libertad.
Las acciones que deben hacer las autoridades penitenciarias no solo se deben de basar en el deber moral de proteger los derechos humanos, sino también en la necesidad urgente de prevenir más pérdidas de vidas. Las autoridades penitenciarias y corresponsables tienen la responsabilidad necesaria de abordar estas problemáticas de manera inmediata y efectiva. La sociedad mexicana no puede permitirse mirar hacia otro lado mientras la población privada de libertad enfrenta condiciones inhumanas y riesgos suicidas. Es tiempo de exigir cambios significativos en el sistema penitenciario, priorizando la salud mental, la dignidad y la reinserción social de las personas privadas de libertad.
* José Luis Gutiérrez Román (@JLuisASILEGAL) es Doctorante del Programa de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y director general de ASILEGAL.