Centro de Análisis de Políticas Públicas · 11 de mayo de 2011
Por: José Tapia, Director de Investigación de México Evalúa.
Las demandas de la sociedad civil organizada, así como las proclamas de cambio y mejora en materia de seguridad no han cesado en las últimas semanas: marchas, foros, mesas de debate y diálogo se han sucedido una tras otra. El nivel de efervescencia social se encuentra en un estadio de algidez en cuanto a peticiones y señalamientos a la autoridad.
Nuestra indignación con las fosas clandestinas en Tamaulipas y Durango, la cerrazón de la legislatura para discutir y avanzar temas sustantivos de reforma, y la continua merma de nuestros jóvenes a manos de organizaciones criminales son algunas causas de nuestro desasosiego y enérgica demanda. Sin embargo, nada sucede.
Las autoridades son hábiles al hacer suya nuestra inconformidad y señalar que también quieren un clima de paz, seguridad y un estado de derecho que asegure un entorno de calidad de vida para las familias. Pero, al mismo tiempo, no se sienten aludidos para actuar.
Lamentablemente, tenemos autoridades que necesitan ser llevadas de la mano para mostrarles las exigencias concretas; no porque no entiendan que sucede en el país y que pedimos los ciudadanos, simplemente porque muchos de ellos no están dispuestos a realizar los cambios que se necesitan y trabajar para que los mismos se concreten.
Ningún político y ninguna autoridad se compromete más allá de un discurso de mediana representatividad democrática. Y creo que esto se debe a que ellos bien saben que los ciudadanos no sabemos como articular el siguiente paso a nuestras demandas y con ello suscitar un efecto en el status quo. No hemos podido articular en conjunto y de forma clara los cambios precisos a las leyes y reglamentos para hacer más eficiente la administración pública, ni las medidas necesarias para mejorar la aplicación de responsabilidades por la vía administrativa y judicial a las autoridades que comenten actos de corrupción y tampoco hemos insistido en verificar los alcances y resultados de políticas y programas a través de la contraloría social y el monitoreo constante.
Poco nos hablan los responsables de sus obligaciones. El Ejecutivo sobre dar resultados con el gasto que ejerce. El Legislativo en cuanto a la calidad de su actividad, donde más leyes no significan mejores resultados. Los Tribunales y Procuradurías acerca de la responsabilidad de los juzgados y Ministerios Públicos en avanzar las cosas que afectan el desempeño del sistema de justicia penal. Todas estas omisiones en los mensajes de la autoridad son hirientes, pero se omiten justo porque nosotros no exigimos información en esos términos.
Es tiempo de que nuestras demandas sirvan para instrumentar cambios, no sólo para que sean escuchadas, queremos que las autoridades hagan algo. La sociedad civil se ha organizado y se sigue fortaleciendo a través de diversos mecanismos de participación. Esto contrasta con una autoridad que es incapaz siquiera de comunicarse entre sí, tanto en sus distintos niveles de gobierno, como al interior de sus propias estructuras burocráticas. Sin una coordinación y generación de acuerdos entre estos actores, las reformas no sucederán.
Mientras sigamos exigiendo, planeando, legislando y actuando sin saber que resultados esperar y metas alcanzar, difícilmente vamos a dar pasos firmes hacia una nueva realidad. Ante este escenario, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de presentar exigencias articuladas, mientras que la autoridad nos debe una actuación coordinada y consensuada. Sin este vínculo seguiremos así, entre mucho ruido y muy pocas nueces.