Redacción Animal Político · 3 de junio de 2025
Los avances relacionados con el derecho a decidir en América Latina han sido posibles gracias al trabajo sostenido de los movimientos que, de acuerdo al contexto de cada país, han impulsado estrategias para poner en el debate público el aborto como un asunto de justicia reproductiva para las mujeres y personas con capacidad de gestar.
En Argentina, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito —que en 2025 está cumpliendo 20 años de lucha organizada— sentó las bases para que el 30 de diciembre de 2020 el Congreso despenalizara el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación y la Marea Verde —como movimiento feminista a favor de la despenalización del aborto— traspasara fronteras, llenando de inspiración y contundentes aprendizajes a otros movimientos de la Región que ondearon el pañuelo verde como símbolo de su lucha.
En Colombia, Causa Justa —que surgió en 2017 como una iniciativa de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres— articuló a más de una centena de grupos feministas, de derechos humanos, de profesionales de la salud y mujeres para lograr un cambio de paradigma: eliminar el delito de aborto y cuestionar el uso del derecho penal para regular un servicio de salud. Las movilizaciones, además de las conversaciones en el ámbito público, fueron determinantes para que el 21 de febrero de 2022 la Corte despenalizara el aborto voluntario hasta la semana 24 de gestación, marcando un nuevo estándar en América Latina.
En México, debido a la existencia de 33 códigos penales —uno por cada estado, más el federal— los avances hacia la despenalización del aborto han sido resultado de logros locales. Desde 2007, cuando se despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación en la Ciudad de México, hasta el día de hoy, son ya 23 las entidades que han despenalizado parcialmente el aborto. Pese a este aspecto particular del sistema político mexicano, destaca el trabajo realizado durante muchos años por diversas organizaciones, colectivas y grupos de acompañantes a lo largo y ancho de la República mexicana, que junto al impulso de la Marea Verde extendida por toda la Región ha hecho posibles las victorias tanto en el ámbito legislativo como a nivel social.
El Salvador es otro de los países en los que la lucha por el derecho al aborto se ha visto marcado por las necesidades derivadas del contexto. Varias organizaciones locales han evidenciado los graves efectos de la prohibición absoluta del aborto en la vida de niñas y mujeres salvadoreñas, quienes, incluso en los casos de aborto espontáneo, tienen que cumplir largas sentencias por homicidio. Ante esto, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto lideró una campaña para la liberación de “Las 17”: mujeres con una sentencia firme pese a haber sufrido emergencias obstétricas. Casos como los de Manuela y Beatriz —en los que la Corte IDH condenó a El Salvador por las violaciones a sus derechos humanos— son ejemplo de la fuerza y el alcance que tienen los movimientos por el aborto en países con las legislaciones más restrictivas.
En Ecuador surgió Justa Libertad, un movimiento —conformado por diversas organizaciones de mujeres, feministas y defensoras de derechos humanos— que busca eliminar el delito de aborto del código penal para asegurar que ninguna persona sea criminalizada por decidir sobre su cuerpo y proyecto de vida. En marzo de 2024 presentó ante la Corte Constitucional una demanda para reclamar la inconstitucionalidad del delito de aborto y su lucha ha ganado mucha visibilidad.
En Brasil, Nem Presa Nem Morta —acción de comunicación colectiva para transformar el debate público y las leyes sobre el aborto— y en Chile, la Mesa de Acción por el Aborto —articulación de organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos por el reconocimiento del aborto como parte de los derechos sexuales y reproductivos— son esfuerzos que también forman parte de la lucha por el acceso al aborto en Latinoamérica.
Y en esta lucha regional no podemos dejar de mencionar a Niñas No Madres —movimiento conformado por más de una decena de organizaciones— que busca informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en la vida de las niñas latinoamericanas, así como sumar esfuerzos para exigir la protección de sus derechos. Entre sus logros más recientes —20 de enero de 2025— se encuentran las tres decisiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que condenan a Ecuador y Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos de Norma, Lucía y Susana, sobrevivientes de violencia sexual que fueron forzadas a la maternidad.
Los movimientos feministas, en toda su amplitud y diversidad, son fundamentales para que en los diferentes ámbitos de la vida pública y privada se avance en la comprensión del aborto como un tema de salud pública y justicia social, y en su reconocimiento como un servicio de salud. En tiempos adversos y ante la oleada conservadora que amenaza lo que se ha ganado en términos de derechos reproductivos, es necesario tener presentes los esfuerzos colectivos para fortalecer los logros sin bajar la guardia, manteniendo la exigencia de leyes más justas que permitan a las mujeres y personas con capacidad de gestar tomar decisiones en un marco de igualdad y libertad.