Un movimiento estudiantil, la última esperanza de un Poder Judicial independiente

La reforma al Poder Judicial parece inminente. Sin embargo, este domingo 1 de septiembre escuchamos murmurar a esa fuerza estudiantil mexicana que, cuando se levanta, logra hacer temblar a nuestro país. Vale la pena detener un momento el ruido político y voltear a ver a uno de nuestros poderes fácticos más importantes: los estudiantes. De eso, van estas líneas.

La reforma judicial busca modificar estructuralmente la forma de designación de los jueces. Sin entrar a detalles, porque el objeto de esta reflexión es otra, la reforma busca cambiar el mecanismo a través del cual una persona puede ser juez. Desde hace ya varias décadas la carrera judicial es meritocrática: una persona sube los escalafones de cada puesto judicial, hace exámenes para acreditar conocimiento y después de varios años de profesionalización podrá ser nombrado juez. Una vez nombrado, se analiza el desempeño de su cargo pasados 6 años y se ratifica en el cargo para ser juez de manera permanente hasta alcanzar la edad de retiro.

Este mecanismo es el cimiento de la independencia judicial, es decir, cuidar que los jueces no respondan a intereses ajenos y minimizar los riesgos de presiones externas, incluso políticas, al momento de resolver casos.

Lo que se pretende con la reforma es eliminar este mecanismo de profesionalización y carrera judicial necesaria para ser juez, para que en su lugar los jueces sean elegidos a través de un sistema de listas de personas propuestas por el presidente, las Cámaras del Congreso y la Suprema Corte. Básicamente, que la presidenta electa y sus mayorías calificadas en el Congreso escojan a las personas que podrán ser votadas como jueces de todo el país.

La principal crítica reside en este punto: ¿por qué eliminar la profesionalización de jueces? ¿Por qué sería mejor que el presidente, las Cámaras del Congreso y la Corte propongan a las personas que podrán ser elegidas como jueces? ¿Realmente es una elección popular cuando la elección se reduce a las personas propuestas por el poder en turno?

La reforma es mucho más compleja, por supuesto. Tiene innumerables aristas y recovecos. Esto ha generado que la discusión se torne compleja, superficial y, siendo sinceros, dominada por el oficialismo.

El principal problema de la defensa del Poder Judicial es uno: de comunicación. No se le ha sabido explicar a la sociedad en los últimos meses lo que está pasando. México está pagando el precio de ser una sociedad desigual, una desigualdad que no sólo significa la vergüenza y el dolor de estar en los peores lugares de los países de la OCDE en diferencia de ingresos, sino que significa también un México fragmentado, que no dialoga entre sí, porque esta desigualdad ha sido utilizada políticamente a través de la polarización del país, lo que tristemente ha funcionado a la perfección.

Por un lado, tenemos un discurso oficialista para impulsar la reforma que habla de corrupción y privilegios de ciertas elites, problemas tan ciertos en nuestro país que resultan aplicables a prácticamente cualquier tema. Sin embargo, paradójicamente aquellos que convivimos en nuestro día a día con el Poder Judicial sabemos que si bien la institución es perfectible, sus problemas no se acabarán con esta propuesta de reforma, sino que más bien se agravarán y adicionarán nuevos problemas. Una cosa ciertamente cambiaría: habría control político sobre el Poder Judicial.

Por otro lado, aquellos que han abanderado la defensa del Poder Judicial está conformado por un universo pequeño y altamente técnico, y ha pretendido defenderse de esta forma, a través de tecnicismos que no significan nada para una sociedad con hambre y marcada por una profunda desigualdad. La “garantía de inamovilidad judicial” no significa nada para aquellas personas que sufren la insuficiencia de servicios sociales básicos, como acceso a la salud, o que no han tenido acceso a un abogado para usar ese sistema judicial que se pretende defender.

Pero algo pasó en medio de este embrollo y es que el oficialismo pareció subestimar a los estudiantes.

La marcha del 1 de septiembre nació de los estudiantes. Y esto cambia las reglas del juego. En nuestro país los estudiantes han demostrado ser los bateadores emergentes en momentos de profundas crisis sociales. Y que bueno, es su país, hasta más que nuestro. La fuerza de los movimientos estudiantiles es de lo más bonito cuando se piensa en la vida pública. La mayoría de las veces no son conscientes de su poder, cuya fuerza deviene de la claridad con la que ven el país que quieren; su intuición social es y tiene que ser la brújula del país.

Hubo una reacción interesante después de la marcha del 1 de septiembre: el oficialismo anunció que se votaría en dos días la reforma judicial en el Pleno de Cámara de Diputados. ¿Será que le dio miedo al oficialismo el involucramiento estudiantil?

La marcha estudiantil fue un susurro de su verdadera fuerza. Quizás es demasiado tarde para el despliegue de un movimiento estudiantil en contra de la reforma judicial, quizás no. Pero es momento de recordar que los estudiantes son la amalgama y la brújula social de este país. Nos debería de dar hasta pena arrojarles esa responsabilidad, pero en el juego político de los adultos cuando se está a la deriva, en última instancia nos encomendamos a las manos de los estudiantes, a quienes sus núcleos familiares, sociales y profesionales seguiremos.

La consolidación del poder en la presidencia, las cámaras de diputados y senadores, las gubernaturas, los congresos locales, así como el alineamiento al oficialismo demostrado por parte del INE y del Tribunal Electoral, hacen pensar en un ejercicio del poder sin contrapesos y sin frenos. El último bastión de pie hoy es el Poder Judicial.

Es lo más natural que el ejercicio del poder busque su consolidación y fuerza, de ahí la importancia de la existencia de contrapesos y frenos. El ejercicio del poder sin contrapesos ni límites está destinado a ser autoritario. ¿Será que esto es lo que hizo a los estudiantes susurrar?

* Erika Mendoza Bergmans es abogada por la Escuela Libre de Derecho especializada en derecho constitucional y administrativo, así como en política pública.