Movilidad: inversión para el clima, la justicia social y la economía

La reciente discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2026 ha vuelto a poner de relieve que la asignación efectiva y eficiente de los recursos públicos es crucial para el funcionamiento de las políticas, los programas y las instituciones.

La movilidad, reconocida en el artículo 4 constitucional como un derecho humano que debe garantizarse en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad se encuentra vinculada con diversos apartados del PEF. No obstante, es necesario un aumento explícito y sostenido para la transición hacia un transporte impulsado por energía limpia, en consonancia con las metas climáticas y de salud pública: el autotransporte es responsable del 18.5 % de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, además de generar contaminantes nocivos para la salud.

En este sentido, un esquema de movilidad sostenible que integre entre sus componentes un transporte eficiente y bajo en carbono mediante la electromovilidad puede promover un desarrollo más justo, atender la vulnerabilidad social e impulsar una economía verde. Para ello se necesita priorizar a quienes más lo necesitan ofreciendo un transporte público eléctrico de calidad, así como intermodalidad, un mejor diseño urbano y accesibilidad a diferentes medios de transporte.

Esto conlleva exigir su viabilidad presupuestaria: se requiere un refuerzo multianual evaluable del financiamiento, con partidas etiquetadas que favorezcan el transporte público eléctrico, infraestructura peatonal y ciclista segura y redes de recarga interoperables. Sumado a reglas de operación claras para los distintos tipos de vehículos, además de mecanismos que permitan acceder, movilizar e implementar financiamiento mediante instrumentos económicos, con indicadores de seguimiento y transparencia.

El financiamiento es un elemento habilitador esencial, especialmente para el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica. Ambos requieren de una gobernanza eficaz que emita señales claras y brinde apoyo —por ejemplo, mediante infraestructura, formación especializada, flotas oficiales cero-emisiones, el despliegue de estaciones de recarga, entre otros—. Esto demanda reducir las barreras y los riesgos regulatorios, de costo y de mercado —tanto reales como percibidos—, lo que a su vez permite incrementar los recursos provenientes de diversas fuentes y fortalecer la cooperación público-privada.

La legislación relacionada, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042, respaldan este enfoque a futuro. A su vez, el Plan México identifica al sector automotriz y a la electromovilidad como áreas estratégicas, incluyendo entre sus metas aumentar la producción nacional, la implementación de diez proyectos de electromovilidad en el transporte público de diferentes estados y una estrategia orientada a consolidar a México como un actor clave en la manufactura avanzada.

Es necesario evitar un rezago ante los beneficios de este mercado y aprovechar la oportunidad de impulsar una economía baja en carbono con enfoque de justicia social.

* Wind Ariel González Romero es analista de Economía Circular y Cambio Climático en Política y Legislación Ambiental (POLEA).