blogeditor · 24 de julio de 2017
Por: Paul Alcántar (@paulalcantar)
Las crisis de legitimidad que padecen los organismos públicos y ciudadanos en México son tan profundas que ya hemos perdido la dimensión de su gravedad. Hemos normalizado el acaparamiento partidista sobre los institutos que surgieron gracias a las conquistas sociales y pacíficas, que nos ha remitido a una aceptación del desencanto por haber perdido diversas batallas frente a los cálculos electorales diseñados desde algún búnker político. Entiendo que tiene diversas explicaciones, y una de ellas parte sobre la autocrítica. Como sociedad civil organizada hemos olvidado que no basta con crear leyes y reglamentos que sustentan jurídicamente las causas a través de las instituciones; hay que calibrarlas permanentemente con un acompañamiento dedicado, reconocerse desde las diferencias entre colectivos y movimientos sociales y, fundamentalmente, no soltarse.
Lo anterior viene a lo que está ocurriendo en Jalisco. En un hecho sin precedentes, la sociedad civil está reconquistando paulatinamente lo que para muchos ya estaba otorgado a otros intereses. El proceso de designación de la titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha sorprendido a la clase política local, que ya tenía repartida a la “institución ciudadana” como una cuota entre cúpulas partidistas.
Con un gasto operativo de poco más de 150 millones de pesos anuales, y tras una década de opacidades y omisiones relativas a la materia, la CEDHJ se convirtió en un aparato burocrático y sumamente costoso que complació a los diversos poderes políticos en la entidad.
Como ha sucedido en otras entidades, Jalisco perdió la rectoría ciudadana del Ombudsman. La historia comienza en el 2007 con la designación de Felipe Álvarez Cibrián, un abogado sin experiencia ni conocimiento sobre el enfoque de los derechos humanos que asumió la presidencia del organismo para un primer periodo de cinco años como parte de diversos arreglos políticos y ratificado por otros cinco en el 2012, en medio de una polémica y cuestionada convocatoria lanzada dos días antes de tomar protesta. Estos procesos fueron documentados por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y evidencian un claro embate desde las cúpulas partidistas, empresariales y eclesiales hacia las expresiones de activistas sociales que buscaban un enfoque institucional autónomo e independiente, apartado de todo interés de los poderes del Estado[1].
La Comisión fue acaparada por los liderazgos que controlaban a los partidos políticos de mayoría en el Congreso local[2] en medio de protestas de académicos, intelectuales y activistas que no tuvieron suficiente eco entre la élite del momento. En ellas se denunciaron la cooptación del entonces gobernador panista Emilio González Márquez por haber ofrecido la institución en 2007 a su propio partido, y que su llegada a la institución tuvo que incrementar la nómina a padrinos políticos relacionados con el PAN[3] y desmantelar un consejo ciudadano crítico que obstruía los intereses del momento.
La endeble administración de González Márquez y el triunfo de Aristóteles Sandoval en el 2012 a la gubernatura permitieron las condiciones suficientes para que el titular de la CEDHJ fortaleciera su influencia política, creando redes de interés y prebendas que mantuvieran su influencia en los círculos del poder y ser omiso a las diversas violaciones de derechos humanos que incrementaron drásticamente en ese periodo.
No es casualidad ni es coincidencia que Jalisco sea una de las entidades en donde se violen sistemáticamente los derechos humanos. Estudios indican que en la entidad de 137,000 quejas recibidas en los últimos 10 años, menos del 0.5 % terminaron en recomendaciones. Somos el sexto lugar en feminicidios a nivel nacional y tan sólo en 2016 fueron registrados 132 feminicidios, de los cuales sólo 48 fueron tipificados como tal. Ocupamos el tercer lugar en desapariciones forzadas contabilizados 2,444 casos al 30 de abril y somos el quinto estado por crímenes de homofobia. Y lo más escalofriante: se tienen registros de 2 mil 724 personas no identificadas incineradas de enero de 1997 a julio de 2015 sin practicar el perfil genético de rigor. No hay una sola sentencia por tortura desde 1993[4].
Ante este panorama se acerca una oportunidad que es oro molido. Felipe Álvarez Cibrián termina su periodo constitucional y nos encontramos nuevamente ante el imaginario político del reparto de cuotas. El PAN reclama que esa posición es suya aunque su mecanismo negociador está en declive. Las expresiones políticas y la numeralia en el Congreso de Jalisco no les son favorables, pero confía en que se respete un acuerdo de hace diez años. El PRI y Movimiento Ciudadano (o que es lo mismo, el alcalde de Guadalajara y potencial gobernador en el 2018, Enrique Alfaro) sienten la presión de un bloque de activistas, colectivos, cámaras empresariales, universidades y sindicatos que han puesto bajo la lupa el proceso de elección de un ombudsperson integral.
La decisión la tomará el Congreso el próximo 27 de julio.
Con la manifestación de la Cátedra UNESCO – Derechos Humanos de la UNAM y con un modelo innovador que observa esta elección a través de Wikipolítica, se cataloga la elección del titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco como uno de los procesos de designaciones más vigilados en la historia de la entidad, gracias a la difusión que Fundar y Artículo 19 están realizando a partir de esta semana en su plataforma Designaciones Públicas[5].
Esta experiencia bien puede ser un referente para la reconquista de los espacios institucionales cedidos a la partidocracia y replicada en otros estados. Atentos.
* Paul Alcántar es politólogo e integrante del Comité Técnico de la Plataforma ¡Tómala! (@tomalaMX).
[1] Cabe señalar que la gestión de Guadalupe Morfin al frente de la CEDHJ enfrentó a la comisión con diversos grupos conservadores y con las cúpulas empresariales de ese momento por la visión de avanzada que la entonces funcionaria tenía sobre el enfoque de los derechos humanos, logrando que no se ratificara en su cargo por otros cinco años.
[2] Evaluación sobre el proceso de elección del Ombudsman en Jalisco, 2007, CEPAD, pp.170-183.
[4] Datos tomados del Foro “Por una Defensoría a la Altura de Nuestros Derechos” que se llevó a cabo el pasado 5 de Julio del 2017 en la Casa ITESO – Clavigero.