Morir en Caracas
blogeditor · 25 de octubre de 2016
En 2015, el número de los homicidios dolosos en Caracas llegó a 120 por cada 100,000 habitantes. Supera a San Pedro Sula, Honduras, que en el mismo año tuvo 111. En los últimos cuatro años la ciudad hondureña había sido la más violenta del mundo, pero ahora ese lugar lo ocupa la capital venezolana.
Desde 2005, el gobierno de Venezuela no da cifras sobre los homicidios en el país. Son grupos de la sociedad civil y organismos internacionales los que se encargan de medir los cada vez mayores niveles de violencia en ese país.
Solo en 2015, en Caracas se cometieron 3,946 asesinatos dolosos. En el primer semestre del 2016 las cifras tienden a crecer. En el pasado mes de julio llegaron 535 cadáveres por crímenes a la Sede Nacional de Medicatura y Ciencias Forenses (Senacmef) en Caracas. En junio fueron 500.
Todos los pronósticos es que al cierre del año el número de los asesinatos dolosos llegue a los 4,500 o incluso más. Es común que los fines de semana de todo el año lleguen a la Senacmef más de 40 cadáveres producto de este tipo de homicidio.
De las diez ciudades más violentas del mundo Venezuela tiene tres: Caracas, la primera, Maturín, la quinta, y Valencia, la séptima. La situación de crisis que ahora se vive genera un ambiente propicio para que crezca la violencia.
El gobierno del presidente Maduro se ve absolutamente rebasado para hacer frente al aumento de la violencia. Lo que recién ha hecho es poner un muro de alambre de púas en torno a la morgue, para tratar de evitar que los periodistas cuenten los cadáveres o hablen con sus familiares.
Ya son años de un sistemático crecimiento de los homicidios dolosos en Caracas. Ya en su tiempo, el presidente Hugo Chávez se negaba a reconocer el problema y hablaba de que solo existía una “sensación de inseguridad” promovida por la prensa con fines políticos.
El cierre del cerco del gobierno venezolano, para intentar que la prensa no se haga de información sobre el número de los homicidios dolosos no hace más que confirmar la gravedad de los hechos y la incapacidad del gobierno, para solucionar el problema.