Roberto Heycher Cardiel · 17 de noviembre de 2026
El partido Morena corrompe todo lo que toca. El INE se corrompió porque Morena lo alcanzó. Es una afirmación dura, lo sé, pero expresa mi valoración política de lo ocurrido durante la presidencia de Guadalupe Taddei. Y no es una conclusión que surja solamente de los recientes señalamientos sobre posibles actos de corrupción en la autoridad electoral. Basta revisar lo que ha sucedido con otras instituciones durante los últimos ocho años.
La presidenta y el morenismo parecen empeñados en una tarea que raya en el ridículo: primero intentaron deslindarse políticamente de Guadalupe Taddei y después buscaron en el pasado una explicación para las irregularidades denunciadas durante su gestión. Como si las responsabilidades de una administración pudieran desaparecer con solo señalar al pasado.
Desde luego que debe investigarse cualquier irregularidad, sin importar cuándo ocurrió ni quién gobernaba. Pero revisar el pasado no exime de rendir cuentas por el presente. Mucho menos cuando las decisiones cuestionadas corresponden a funcionarios designados o respaldados durante los gobiernos de Morena.
Para entender por qué considero que estamos frente a un problema que trasciende al INE, conviene recordar algunos casos.
El primero es Segalmex. El gobierno de la 4T creó Seguridad Alimentaria Mexicana con el propósito de fortalecer el abasto de alimentos y favorecer a las comunidades más necesitadas. Terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción de su administración. En septiembre de 2024, el propio gobierno reconoció que, de los 9,500 millones de pesos inicialmente observados por la Auditoría Superior de la Federación, 2,700 millones permanecían sin aclarar. Se presentaron denuncias penales y hubo personas vinculadas a proceso.
Resulta difícil encontrar una contradicción mayor: una institución creada para contribuir a la seguridad alimentaria de los más pobres terminó bajo investigación por el manejo irregular de recursos que debían servir precisamente a esa causa.
Después están las aduanas. Morena y sus gobiernos decidieron ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en su administración, bajo la promesa de combatir la corrupción y mejorar el control del comercio exterior. Sin embargo, las investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal revelaron presuntas redes de contrabando de combustibles en las que fueron señalados funcionarios aduaneros, empresarios e incluso mandos de la Marina.
En septiembre de 2025 se anunciaron las primeras 14 detenciones relacionadas con una de estas redes. El caso es especialmente grave porque alcanzó a una institución que durante décadas ha gozado de un importante reconocimiento social. Las investigaciones deben determinar las responsabilidades individuales, pero el daño a la confianza pública ya forma parte de sus consecuencias.
Tampoco escapó el sistema de salud. Birmex, empresa a la que se encomendó un papel central en la compra consolidada de medicamentos, quedó envuelta en otro escándalo. En marzo de 2025, el propio subsecretario de Salud, Eduardo Clark, reconoció que se habían identificado 175 claves de medicamentos adjudicadas con posibles sobreprecios que representaban cerca de 13,000 millones de pesos. Las adjudicaciones cuestionadas fueron sometidas a revisión y se anunciaron posibles sanciones. En un país en el que millones de personas enfrentan dificultades para conseguir medicamentos, semejante irregularidad resulta especialmente indignante.
En el deporte encontramos otra historia. La gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade acumuló observaciones y denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. En febrero de 2024, la Auditoría Superior presentó dos denuncias relacionadas con 279.6 millones de pesos correspondientes al ejercicio de 2020. Para septiembre de 2026, diversos reportes periodísticos daban cuenta de cinco denuncias acumuladas; algunos estimaban en 749.4 millones de pesos los posibles daños asociados a los expedientes.
Entre las observaciones aparecen pagos por servicios cuya prestación no fue debidamente acreditada, apoyos entregados sin cumplir requisitos y deficiencias en la comprobación del gasto. Son hechos que deben esclarecerse judicialmente, pero que bastan para exigir explicaciones sobre la administración de los recursos destinados al deporte nacional.
El IMSS tampoco quedó al margen. En plena pandemia, cuando miles de familias sufrían por la falta de equipos médicos, su representación en Hidalgo celebró un contrato por 31 millones de pesos para adquirir ventiladores a Cyber Robotics Solutions, empresa de León Manuel Bartlett, hijo de quien entonces dirigía la Comisión Federal de Electricidad.
La Secretaría de la Función Pública encontró irregularidades e impuso sanciones que fueron impugnadas. La Auditoría Superior documentó posteriormente que el contrato fue rescindido y que los 31 millones de pesos no se pagaron. Es una precisión importante, pero que no borra las anomalías detectadas en la contratación ni las preguntas sobre los controles que debieron impedirlas.
Finalmente, están los negocios relacionados con las grandes obras ferroviarias. Investigaciones periodísticas difundieron conversaciones atribuidas al empresario Amílcar Olán sobre el suministro de balasto para los trenes Maya e Interoceánico, así como presuntas facilidades para explotar minas y participar en esos negocios. En las grabaciones y reportajes se menciona a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente.
Sé bien que estos casos no son jurídicamente equivalentes. Algunos han derivado en procesos penales, otros en observaciones administrativas, sanciones impugnadas o investigaciones periodísticas todavía pendientes de esclarecimiento. Confundirlos sería un error. Pero ignorar su acumulación también lo sería.
Todos plantean preguntas incómodas sobre la eficacia de los controles institucionales, la vigilancia de las contrataciones públicas y la disposición del poder para investigar a personas cercanas a sus propios círculos políticos.
La institución que durante décadas fue referente de profesionalismo electoral enfrenta investigaciones sobre sus contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei. El 6 de noviembre de 2026, el propio INE presentó una denuncia ante la FGR para que se investiguen posibles conductas delictivas. Previamente, la Unidad de Inteligencia Financiera había bloqueado cuentas relacionadas con personas y empresas vinculadas a proveedores electorales.
El INE tiene una responsabilidad singular: garantizar que la competencia política se desarrolle bajo reglas confiables. Su independencia y su integridad son condiciones indispensables para que los resultados electorales sean aceptados y para que la disputa por el poder no ponga en riesgo la paz pública.
Por eso, lo sucedido no puede reducirse a un problema personal de Taddei. También exige examinar la responsabilidad política de quienes hicieron posible su llegada a la presidencia del Instituto y respaldaron las decisiones que modificaron sus equilibrios internos.
Morena no puede pretender que sus responsabilidades terminen donde comienzan las investigaciones.
En mi opinión, estos episodios revelan una contradicción fundamental entre el discurso de combate a la corrupción y los problemas documentados en distintas instituciones durante sus gobiernos. La honestidad no se acredita repitiéndola en conferencias de prensa. Se demuestra mediante controles efectivos, transparencia y capacidad para investigar y sancionar, incluso cuando los involucrados forman parte del propio proyecto político. El país necesita instituciones que vigilen al poder, no instituciones sometidas a él.
La lección más importante de lo ocurrido en el INE: la corrupción no comienza necesariamente cuando alguien se apropia de los recursos públicos. Puede comenzar mucho antes, cuando se debilitan los controles, se sustituye el mérito por la lealtad y se permite que los intereses particulares prevalezcan sobre las responsabilidades institucionales.
Una democracia puede resistir los errores de sus gobiernos. Lo que difícilmente resiste es que quienes ejercen el poder terminen por debilitar a las instituciones encargadas de ponerle límites. Cuando la corrupción alcanza a las instituciones que deben garantizar la democracia, lo que está en juego ya no es solamente el dinero público: es la confianza de toda una nación.♦