Morena y el TEPJF: de la pretendida transparencia al retorno de la opacidad

Desde su registro como partido político, Morena ha emprendido batallas parlamentarias y jurisdiccionales para salvaguardar los recursos públicos de malversaciones, desviaciones y excesos. Estas batallas se convirtieron en uno de los elementos centrales de su narrativa contra la impunidad y la corrupción. Una de sus primeras estrategias consistió en impulsar que los partidos políticos devolvieran los remanentes no ejercidos del financiamiento público 1. Y lo logró. 

Sin embargo, Morena resultó perjudicado por el reintegro del dinero público, ya que fue el partido político que más recursos estatales tuvo que devolver. Tras ese hecho decidieron hacer uso del fideicomiso, figura financiera que en las trincheras gubernamentales y legislativas emanadas de ese partido fue calificada de “fraudulenta” y “obsoleta” 2, pero que, en esta ocasión, era bien vista por ser implementada por el partido oficial. 

Por el bien de todos, devolvamos el dinero público que no utilizamos  

En 2015 y 2017, Morena consiguió que el TEPJF determinara que los partidos políticos tienen la obligación de reintegrar a las tesorerías, federal y locales, los recursos públicos que no gastaron durante un año fiscal 3. Estas resoluciones dieron fin a las partidas secretas, los “guardaditos” y las cajas chicas de los partidos políticos, por lo tanto, se terminó con el uso discrecional del dinero estatal no devengado para obtener ventajas en las elecciones y para beneficiar a ciertas candidaturas. 

Gracias a la iniciativa de Morena se logró recuperar 805.9 millones de pesos que no fueron devengados por los partidos políticos en un lapso de seis años, de 2015 a 2020 (ver gráfica 1). Indudablemente, el reintegro de los recursos públicos es un acierto del partido del gobierno federal, ya que elimina una mala práctica que quebrantó la equidad de la competencia electoral. Fue una manera brillante de suprimir una fuente de opacidad y de malversación del financiamiento público.  

Por mi bien, mejor nos quedamos con el dinero público que no utilizamos 

Lo que comenzó como una acción para transparentar las finanzas de los partidos políticos se convirtió en una atadura para Morena, ya que tuvo que reintegrar 398.7 millones de pesos. En otras palabras, el partido del gobierno federal concentró el 49.48% del dinero público devuelto a las autoridades hacendarias. 

En contraparte, los demás partidos políticos no fueron afectados con mayor vigor por la devolución del dinero estatal, puesto que regresaron cantidades muy inferiores a lo devuelto por el partido del gobierno federal. El PAN tuvo de reintegrar 166.5 millones (20.66%), el PT 81.2 millones (10.08%), el PVEM 51.9 millones (6.44%), el PRI 48.3 millones (6%), MC 9.8 millones (1.22%) y el PRD devolvió 5 millones (0.62%) 4 (ver gráfica 2).  

Ante un escenario financiero que implicaba una desventaja para Morena y el repunte electoral de la oposición, el partido del gobierno recurrió a la figura del fideicomiso, que le permitió no entregar el dinero estatal no gastado durante el ejercicio fiscal de 2020. Dicha táctica se implementaría sin ajustarse a la política de austeridad del presidente. 

Se vale rectificar, el fideicomiso sí es bueno 

El 28 de diciembre de 2020, tres días antes de que concluyera el ejercicio fiscal, Morena firmó un contrato de fideicomiso de administración e inversión con BBVA Bancomer. El instrumento financiero se constituyó para adquirir inmuebles, realizar mejoras inmobiliarias, reconstruir inmuebles y contratar arrendamientos operativos y financieros. La política de inversión se realizaría mediante “Instrumentos de Deuda Emitidos por el Gobierno Federal” 5.  

El fideicomiso se conformó con una inversión de 387.2 millones de pesos que fueron aportados por el Comité Ejecutivo Nacional y por 20 Comités Ejecutivos Estatales. De estos 33.5 millones fueron proporcionados por la autoridad nacional (8.67%) y 353.6 por las autoridades estatales (91.33%) 6 (ver gráfica 3). A pesar de que las aportaciones locales constituyen el 91% de los montos de inversión, el instrumento financiero sería controlado, administrado y ejercido por el Comité Ejecutivo Nacional. 

Durante el 2021, a partir del dinero del fideicomiso y de sus intereses, el Comité Ejecutivo Nacional compró cinco inmuebles: uno en Baja California Sur con un costo de 6.5 millones, otro en la Ciudad de México con un costo de 33.3 millones y uno más en Morelos con un costo de 6.8 millones de pesos. Mientras que en Tamaulipas adquirió dos inmuebles: uno en Ciudad Victoria con un costo de 9.5 millones y otro en Tampico con un costo de 8.8 millones.

El arte del engaño de Morena 

Morena constituyó un fideicomiso irregular para no regresar el financiamiento público no gastado durante 2020, a partir de una interpretación errónea de las disposiciones legales para no cumplir con la obligación hacendaria y presupuestal que él mismo impulsó, y dejar de lado la transparencia en el manejo de los recursos públicos. 

El fideicomiso es irregular porque las transferencias de los Comités Ejecutivos Estatales al Comité Ejecutivo Nacional no están permitidas por las normas de fiscalización. Estas no pueden ser utilizadas para pagar a un proveedor, ya que se realizaron para comprar inmuebles en futuras anualidades. En consecuencia, las transferencias no están destinadas para cubrir un gasto que el partido político haya registrado en su contabilidad y por ello las transferencias no encuadran en los supuestos del párrafo 11 del artículo 150 del Reglamento de Fiscalización 7.  

El fideicomiso es irregular también en cuanto a la participación de los Comités Ejecutivos Estatales, puesto que el convenio no contempla la participación de la autoridad partidista de Michoacán; sin embargo, dicho comité estatal realizó una transferencia por 14.4 millones. Asimismo, es irregular porque el Comité Ejecutivo Nacional dejó de aportar 16 millones y los Comités Ejecutivos Estatales contribuyeron con 4.42 millones adicionales. De igual forma, es irregular sobre los montos aportados, dado que en el convenio se conformó con una inversión de 387.2, pero el INE detectó aportaciones por 390 millones. 

El fideicomiso no establece qué porcentaje del financiamiento público federal y local aportó cada Comité Ejecutivo y es opaco dado que no fija la cantidad de recursos públicos que se destinarán para la compra de los inmuebles en cada estado ni determina los montos a distribuir provenientes de los intereses generados. Mucho menos estipula el reintegro del dinero estatal cuando un inmueble tiene un valor inferior al aportado por la autoridad partidista local.  

Esta última parte merece ser ejemplificada. El Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México aportó 90 millones y el inmueble que se compró con el fideicomiso tuvo un costo de 33.3 millones, por lo que se tendría que devolver a la autoridad partidista local 56.7 millones. Sin embargo, no sucedió la devolución, por lo que el INE no tiene la certeza sobre el destino del dinero público. Como se puede observar, esta situación genera opacidad en el manejo del financiamiento público. 

No me dejo engañar

El INE determinó que el fideicomiso constituido por Morena es legítimo y legal. Sin embargo, concluyó que las transferencias realizadas por los Comités Ejecutivos Estatales son ilegales, ya que la normatividad prohíbe a las autoridades locales transferir recursos públicos para que sean administrados y ejercidos por la autoridad nacional. En consecuencia, resolvió que el Comité Ejecutivo Nacional recibió transferencias no permitidas por la normatividad electoral por un importe de 372 millones y ordenó a MORENA devolver los recursos públicos a los Comités Ejecutivos Estatales para que estos, a su vez, reintegraran los recursos públicos a las tesorerías locales 8. 

El arte del engaño del TEPJF

Morena impugnó la resolución del INE. El TEPJF falló a favor de Morena y determinó que los partidos políticos pueden generar ahorros a través de un fideicomiso conformado para adquirir, remodelar o reconstruir inmuebles comprados en diversas anualidades. Por consecuencia, el TEPJF resolvió que las entidades partidistas no tienen la obligación de reintegrar los recursos públicos a las autoridades hacendarias 9. La sentencia del TEPJF es evasiva, contradictoria y permisiva.

La resolución es evasiva, ya que únicamente analiza la constitucionalidad y la legalidad de la figura del fideicomiso, hecho que no fue estudiado ni sancionado por el INE, puesto que el instrumento financiero es válido debido a que tiene una base normativa que permite a los partidos políticos su conformación e implementación. Es evasiva porque deja de analizar la legalidad de las irregularidades del fideicomiso de Morena, tales como: el aporte económico irregular de los Comités Ejecutivos, la exclusión convencional de Michoacán, el ocultamiento del reparto de intereses, la fecha de celebración del convenio y la falta de homogeneidad en las aportaciones de las autoridades partidistas.  

La resolución es contradictoria al criterio establecido en las sentencias SUP-RAP-647/2015, SUP-RAP-758/2017 y SUP-RAP-140/2018. En estas resoluciones se determinó que los partidos políticos tienen la obligación de reintegrar al erario los recursos públicos que no hayan sido ejercidos. Entonces, ¿qué criterio seguirá el TEPJF en los casos futuros? y ¿qué criterio deberán de implementar el INE y los partidos políticos? Por el momento, no se tiene certeza sobre ello. La autoridad jurisdiccional solo ha generado incertidumbre y suspicacias que podrían ser aprovechadas para quebrantar la equidad de la contienda electoral. 

La resolución es permisiva con el uso de las triangulaciones del dinero público, ya que posibilita que el financiamiento público local sea transferido a una cuenta concentradora, que es administrada por el Comité Ejecutivo Nacional, para que, posteriormente, sea regresado a la contabilidad local bajo la apariencia de la compra de un inmueble. Las triangulaciones son utilizadas para ocultar el destino de los recursos públicos y para complicar la labor de fiscalización del INE. Las triangulaciones son una mala práctica que debe ser desterrada de la competencia electoral; sin embargo, la resolución del TEPJF podría promover que los partidos políticos usen las triangulaciones para no devolver los recursos públicos no devengados. 

Mal y de malas 

La sentencia de la autoridad jurisdiccional propicia que los partidos políticos utilicen al fideicomiso para no devolver los recursos públicos no gastados en un año fiscal. Esta resolución restablece el régimen de opacidad, malversación y desvíos de los recursos públicos. Daña la equidad de la competencia electoral, puesto que el financiamiento público no devengado puede ser empleado para favorecer, directa e indirectamente, una campaña proselitista y/o una candidatura. 

* César Hernández González (@ZezarHG) es especialista en Derechos Humanos, Democracia y Elecciones.

 

1 Ordinario, de campaña y por actividades específicas.

2 Habrá que recordar que en 2020 los grupos parlamentarios de Morena, PT, PES y PVEM extinguieron 109 fideicomisos.

3 Cfr. SUP-RAP-647/2015 y SUP-RAP-758/2017.

4 Los partidos políticos locales devolvieron 39.5 millones (4.91%) y las candidaturas independientes 4.7 millones (0.59%).

5 Cfr. INE/CG106/2022.

6 Cfr. INE/CG106/2022.

7 El párrafo 11 del artículo 150 del Reglamento de Fiscalización dispone: “Los partidos políticos podrán realizar transferencias con recursos locales al Comité Ejecutivo Nacional o Comités Directivos Estatales para su operación ordinaria, exclusivamente para el pago de proveedores y prestadores de servicios, y para el pago de impuestos registrados en la contabilidad local; en el caso de campaña genérica que involucre a un candidato federal y local, únicamente para el reconocimiento de gastos a la campaña beneficiada”.

8 Cfr. INE/CG106/2022.

9 Cfr. SUP-RAP 101/2022.