Modernizar y ciudadanizar la procuración de justicia

La Fiscalía General de la República (FGR) históricamente ha visto obstaculizada su misión de ser una institución autónoma y al servicio exclusivo de la ciudadanía. Por eso, no podemos quedar indiferentes ante la salida de Alejandro Gertz Manero como titular de ese organismo y el nombramiento de Ernestina Godoy para ocupar ese cargo.

Esa secuencia de hechos nos recuerda que, desde la ciudadanía, tenemos que seguir exigiendo instituciones democráticas que respondan a las necesidades de todas las personas sin discriminación o privilegios, que garanticen el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

Un nuevo modelo de procuración de justicia

En 2014 se publicó la reforma constitucional que modificó el diseño de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Dejaba de ser una entidad controlada directamente por el Ejecutivo federal y se le otorgaba autonomía. En este contexto, decenas de actores sociales entre organizaciones civiles, instituciones académicas, grupos ciudadanos y especialistas de todo el país impulsaron un nuevo modelo de procuración de justicia bajo el Colectivo #FiscalíaQueSirva. Se buscaba que la institución fuera congruente con la autonomía constitucional y que se generaran nuevas dinámicas en la gestión, investigación y procesamiento de los casos que más gravemente afectan a nuestro país.

En dicho modelo se plantearon conceptos clave como la política criminal, la política de persecución penal, el plan de persecución penal, los fenómenos criminales, la macrocriminalidad y los mercados criminales. Todos ellos eran necesarios para comprender y redimensionar el ámbito de actuación que debía abarcar la Fiscalía General a nivel federal. También se definieron los instrumentos de política pública y gestión, mecanismos de control, coordinación, participación ciudadana y rendición de cuentas con los que debería de contar ese organismo. La meta era lograr una gobernanza democrática de la institución y resultados significativos para reducir la impunidad. Varios de estos elementos fueron incorporados en la Ley Orgánica de la FGR publicada en diciembre de 2018. Si bien fue abrogada en mayo de 2021, algunos se mantuvieron en la actual Ley de la FGR —como el Plan Estratégico de Procuración y el Consejo Ciudadano.

Un proceso de transición trunco y opaco

En enero de 2019, el Senado de la República seleccionó a Alejandro Gertz Manero como el primer fiscal general autónomo. Su clara cercanía con el entonces presidente López Obrador no fue obstáculo al nombramiento.

La encomienda del funcionario era implementar el nuevo modelo de procuración de justicia a nivel federal. Desde los primeros meses de su gestión, sin embargo, fue patente su resistencia a la transparencia, a la rendición de cuentas, y a colaborar con la sociedad civil.

En su momento, la FGR elaboró un Plan de Persecución Penal provisional y el Plan Estratégico de Transición (PET) con el objetivo de estructurar y conducir la ejecución de las actividades necesarias para la consolidación de su autonomía. El plan se comprometía a la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, y se proyectó su conclusión en un horizonte de ocho años. No obstante, el último informe de la transición publicado por la FGR fue con corte al 31 de marzo de 2021: hace más de cuatro años y con un avance muy limitado.

En paralelo, otra agrupación ciudadana, el Colectivo contra la Impunidemia, realizó un balance del segundo año de Gertz Manero al frente de la FGR. El informe resultante señala una serie de deficiencias, irregularidades y omisiones en la gestión del fiscal. Entre ellas, anomalías en los procesos para el nombramiento de cargos claves (como las fiscalías especializadas), una comprensión distorsionada de la autonomía institucional, falta de retroalimentación con la ciudadanía, escasa revisión de los instrumentos de planeación a los que legalmente está obligado el Fiscal y, sobre todo, ausencia de rendición de cuentas.

Los números de la gestión de Gertz Manero

Al cierre de la gestión de Gertz, la FGR permanece entre las instituciones federales que la ciudadanía percibe con mayor corrupción. Así lo indicó el 57 % de las personas que respondieron a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Sólo 13.7 % dijo tener mucha confianza en la Fiscalía. Comparado con la credibilidad de instituciones como la Marina (49 %) o el Ejército (40 %), el porcentaje resulta sumamente bajo. La encuesta fue publicada en septiembre de 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Otros datos generados por el INEGI dan respaldo estadístico a la desconfianza ciudadana. Conforme a los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Federal, en el periodo 2019 a 2024, la FGR determinó 656,454 carpetas de investigación. De ellas, en el 64 % de los casos se determinó el no ejercicio de la acción penal. Es decir, no encontró elementos para considerar que hubo hecho delictivo. Además, 14 % de las carpetas fueron a dar al archivo temporal y 9 % fueron resueltas por incompetencia. Únicamente en el 7 % de las carpetas de investigación se ejerció la acción penal ante los tribunales. El número es muy bajo. El resto de los casos se determinó por acumulación, facultad de abstenerse de investigar y criterios de oportunidad.

Si consideramos sólo el último año completo de la gestión de Gertz Manero, es decir 2024, encontramos que 93 % de las causas penales concluidas no dependió de una estrategia de litigio por parte de la FGR en un juicio oral. Esos casos fueron resueltos por sentencias definitivas condenatorias en procedimiento abreviado (57 %), otro tipo no especificado (28 %) y por la suspensión condicional del proceso (8 %). El resto de las causas concluyeron por sobreseimientos (4 %) y sentencias definitivas en juicio oral (3 %). De estas últimas, 3 de cada 10 fueron absolutorias, lo que muestra que hubo pruebas insuficientes y una deficiente gestión del proceso por parte de los agentes del ministerio público federal.

Por su parte, México Evalúa reportó que el Índice de Impunidad Federal para 2022, el último año con datos disponibles, se ubicó en 95.5 %. Además, de 2019 a 2022 se encontró que los niveles de impunidad en el ámbito federal se han mantenido prácticamente constantes.

Expectativas de la nueva gestión

Más allá de los intereses políticos que propiciaron la salida de Gertz Manero de la FGR, hay que tener presente la importancia de continuar el fortalecimiento democrático de esta institución para que responda a la necesidades de las personas víctimas y facilite el acceso a la justicia.

Para avanzar en este sentido, aquí exponemos algunos puntos que deben considerarse en la nueva gestión:

• Completar el proceso de transición de Procuraduría dependiente del Ejecutivo a una Fiscalía Autónoma.
• Consolidar el carácter de órgano constitucionalmente autónomo de los poderes políticos, partidistas o fácticos.
• Construir mecanismos que hagan confiable la actuación de la Fiscalía frente a la ciudadanía. Entre ellos, instalar el Consejo Ciudadano.
• Elaborar el Plan de Persecución Penal con participación de la sociedad civil. En él se deberán esclarecer las estrategias, metas, tiempos y recursos para investigar y perseguir penalmente los delitos y fenómenos criminales que más nos afectan como país.
• Reactivar los diversos mecanismos de rendición de cuentas establecidos en la ley ante el Senado y ante la sociedad.
• Focalizar los esfuerzos en judicializar casos. Es decir, que las investigaciones se traduzcan en juicios sustentados en pruebas obtenidas legalmente por las policías y la FGR.
• Desarrollar las capacidades para perseguir los delitos que se cometen en México, y que estos sean investigados, probados y juzgados en México, y no se dependa sólo de la extradición a otros países.
• Mejorar la coordinación con las policías, pero también con las fiscalías estatales. Esto debido a que, al final de la gestión de Gertz, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se encuentra disminuida.
• Realizar investigaciones con profesionalismo, que lleven a juicio a las redes criminales de delitos de corrupción, trata de personas y desaparición, narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas que son los que más nos aquejan como país.

Es urgente recuperar el impulso de transformación de la Fiscalía General de la República. No tenemos oportunidad de perder más tiempo ante el panorama de violencia e impunidad en el que estamos inmersos.

* Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa y Jorge Carbajal es coordinador de alianzas en dicho Programa.