Mitos y Leyendas sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal

El mes pasado se filtró un documento de la Fiscalía General de la República que supuestamente contenía una profunda reforma al Nuevo Sistema de Justicia Penal, vigente en todo el territorio de México desde 2016. Aunque el fiscal general, Alejandro Gertz, lo desmintió con rapidez, sus declaraciones posteriores sobre el feminicidio o la mañanera de López Obrador acerca del debido proceso —“debido pretexto de algunos jueces para liberar presuntos delincuentes”— deben generar preocupación sobre la vigencia de los derechos y garantías judiciales que protegen a todos los ciudadanos frente al poder del Estado.

Todos los países hispanohablantes de Latinoamérica han logrado abandonar -al menos en la teoría- los sistemas de enjuiciamiento penal inquisitivos que fueron impuestos durante la colonización española. De forma paralela, en casi todos estos países se han levantado apasionados discursos contrareformistas declarando que los nuevos sistemas penales de corte acusatorio son “demasiado garantistas”, “aumentan la criminalidad” o “son muy beneficiosos con los delincuentes”. Estas afirmaciones son falsas, pero gozan de buena aceptación social ya que conectan con la profunda crisis de legitimidad que sufre la justicia en la mayoría de países de la región.

Detrás de este discurso contrareformista, muy habitual en la actualidad mexicana, siempre aparecen las mismas falacias, mentiras y medias verdades. En definitiva, se trata de mitos y leyendas que se han utilizado para intentar devolvernos al sistema inquisitivo así como para debilitar los incipientes sistemas penales acusatorios.

1. ¡El nuevo sistema ha fracasado!

El profesor argentino Alberto Binder ideó el sistema penal acusatorio como un instrumento para descolonizar las instituciones judiciales y fortalecer las frágiles democracias latinoamericanas. Una de sus enseñanzas advierte acerca del fenómeno del “fetichismo normativo”, esto es, la creencia de que las leyes pueden cambiar por sí solas la realidad de una forma casi milagrosa. La única manera de modificar el universo de prácticas de un sistema judicial que ha funcionado de la misma forma durante siglos de sociedad colonial, dice también Binder, requiere de un trabajo importante de implementación que incluya capacitación, infraestructura, tecnología y recursos.

Curiosamente, se dice que el Nuevo Sistema de Justicia Penal ha fracasado justo después de haber desactivado las oficinas a cargo del monitoreo y la supervisión del proceso de reforma como si cuando el nuevo sistema penal acusatorio inicia la operación ya no existiesen los problemas de funcionamiento. Podremos comulgar con que la SETEC quizás no fue el mejor de los organismos de implementación de la región, pero su desbaratamiento (Que Peña obró y AMLO continuó) a los pocos meses de la operación total del sistema penal acusatorio ha sido una decisión temeraria e irresponsable hacia todos los recursos públicos desembolsados en el mayor proceso de modernización judicial de la historia reciente de México

1. Con la inquisición vivíamos mejor

Si se quisiese dar un premio al estamento del Estado con la mayor capacidad para burocratizar un servicio público, mecanizar la labor profesional, tener un desconocimiento total de las demandas ciudadanas y funcionar a través de prácticas obsoletas; ese premio sería para las instituciones de procuración y administración de justicia.

Existe una presión muy fuerte por parte de los operadores jurídicos para volver al sistema de tramitación escrito, ya que esto permite fenómenos tan cómodos como delegar las funciones jurisdiccionales hacia personal subalterno. De esta forma, los jueces y los ministerios públicos sólo tendrían que supervisar y firmar. El viejo sistema escrito garantiza la desconexión total con el conflicto del ciudadano común y permite a los funcionarios no tener que escuchar en sus oficinas el quejido del vecino o los llantos de las víctimas. Los operadores del sistema inquisitivo se acostumbraron a pisar finas moquetas y a tomar café a las once.

Por lo tanto, la oralidad es la única forma de desterrar las viejas prácticas del sistema inquisitivo ya que obliga a los servidores públicos a asistir a una audiencia ante el escrutinio de la comunidad. Por eso siempre habrá voces que nunca querrán la oralidad y que siempre nos dirán que fracasó. Los verdaderos servidores públicos son aquellos que día a día dan la cara ante los conflictos de los ciudadanos y que no esconden la cabeza entre los expedientes como si fuesen avestruces.

1. Inocente condenado = Culpable en libertad

Una de las estrategias más recurrentes en los discursos contrareformistas es decir que el uso de las salidas negociadas y las medidas cautelares alternativas genera impunidad a través de frases como “el delincuente llegó a los tribunales y lo liberaron”, “salió caminando tan tranquilo”, o “el sistema penal es una puerta giratoria”. Ante esto, la respuesta más frecuente es promover el uso de la prisión preventiva, aspecto en el que México encabeza un triste ranking en regresión de derechos con su catálogo constitucional de supuestos donde opera la prisión preventiva oficiosa. Con la prisión preventiva oficiosa, esta medida cautelar comienza a funcionar como una pena anticipada donde lo único que importa es meter a alguien en un recinto carcelario sin importar ni un ápice si está persona es la que realmente cometió el delito.

Si alguna vez se cumple la promesa adoptada en su momento de evaluar el funcionamiento de la prisión preventiva oficiosa a los cinco años de la modificación del art. 19 constitucional, desconozco qué respuesta dará el Estado mexicano cuando comiencen a encontrarse casos de “inocentes condenados” como ha pasado en infinidad de países, incluso con sistemas de justicia con mejor desempeño que el mexicano.

La utilización de la prisión preventiva como una pena anticipada es el mayor de los dramas sociales ya que permite que personas que aparecen vinculadas a los hechos (en muchos casos sólo por información policial de dudosa veracidad) sean privadas de libertad sin que existan pruebas suficientes en su contra. Además, el drama de la condena de inocentes tiene otra consecuencia adicional de vital importancia: cuando el sistema de justicia condena a una persona inocente, el verdadero responsable de los hechos recibe como premio la libertad, la impunidad y la posibilidad de reincidir en la comisión de nuevos delitos.

1. Populismo penal: el cuento de nunca acabar

Un clásico que no puede fallar en todo proceso contrareformista es el uso del “populismo penal”. Esto significa subir las penas asignadas a los delitos para aparentar que se están tomando medidas radicales en contra de la criminalidad, mientras no se toma ninguna acción significativa en esa dirección. Esta suele ser una opción bastante atractiva para cualquier gobierno ya que permite posicionarse con “mano dura” cuando en realidad al crimen organizado no se le mueve ni una pestaña. Se suele decir que el delincuente no camina por la calle con una versión actualizada del Código Penal y una calculadora para tomar la decisión de asaltar o no asaltar el banco.

A lo que sí tienen miedo los grupos criminales es al fortalecimiento de los Ministerios Públicos. Cuando en el año 2011 los Zetas mataron a 27 campesinos en Petén, la entonces Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz, focalizó de forma estratégica los recursos del Ministerio Público hacia ese grupo criminal lo que le permitió detener a casi cien integrantes de esta banda. El crimen organizado, a lo que le tiene pavor es a una fiscalía independiente que no ceda ante las presiones de los grupos de poder permeados por el narcotráfico. A los criminales les preocupa saber que tienen del otro lado a Ministerios Públicos autónomos que van a llevar las investigaciones hasta el final de sus consecuencias y que no van a recibir presiones de sus jefes diciéndoles “mejor no investigues esto” o “mira para otro lado”.

Conclusión

Detrás de esta retórica contrareformista se encuentra la incapacidad de gestionar de forma adecuada una de las Fiscalías con más recursos de toda América Latina. En torno a la Fiscalía General de la República se han cometido numerosos errores como el pase automático de personal, el nombramiento de un fiscal carnal o la presentación de un mediocre Plan de Persecución Penal.

A pesar del cambio de nombre, al interior de la FGR subsiste la vieja PGR con su funcionamiento opaco y burocrático así como su tendencia a no respetar los derechos de los imputados, lo que genera que termine perdiendo los juicios al igual que sucedería en cualquier país que conserve un mínimo resquicio de Estado de Derecho. Cada día que pasa se hace más urgente modificar el rumbo de la política criminal en México para revertir de forma efectiva los preocupantes niveles de criminalidad y violencia.

 

* Marco Fandiño Castro es Director de Estudios y Proyectos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo técnico especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA).