Misael Zamora, defensor del bosque, criminalizado

El caso del joven tlahuica Misael Zamora desnuda de cuerpo entero cómo se sigue usando al sistema penal para castigar a quienes afectan intereses de los grupos de poder (criminales y gubernamentales), que pretenden hacer ganancias ilegalmente a costa de la devastación de la tierra. Al mismo tiempo, su historia es un urgente llamado para que todas las personas podamos defender a quienes defienden los recursos naturales y enviar así un mensaje de que esta sociedad no permitirá este tipo de ataques nunca más.

La familia de Misael ha defendido al Gran Bosque de Agua en San Juan Atzingo, Estado de México, desde hace más de 20 años. Sus denuncias contra los taladores clandestinos que acaban con ese reservorio de vida y sus campañas de reforestación les han ganado el reconocimiento y acompañamiento de su comunidad y de prestigiadas organizaciones como Greenpeace.

Y es que la labor de la familia Zamora no es poca cosa ni para ellos ni para quienes habitamos la zona metropolitana de la capital. Las 10 mil 800 hectáreas forestales de esta comunidad tlahuica son parte del Gran Bosque de Agua, que recarga 3/4 partes del agua que se consume en la Ciudad de México y acoge al 2 por ciento de la biodiversidad mundial. A la vez, San Juan Atzingo es una de las 15 regiones críticas de tala ilegal en México, según la PROFEPA. Su desaparición -que se ha calculado en unos 50 años- comprometería la viabilidad de la vida en la capital de México.

Con un empeño y una valentía muy particular, la familia Zamora ha documentado la tala ilegal, ha iniciado denuncias con nombres, fotografías y videos, ha insistido en que las autoridades -entre ellas, algunas que hoy lo acusan- cumplan con sus obligaciones de vigilancia y realicen operativos y ha empujado campañas de reforestación. Su amor por la tierra ha sido ejemplar y fructífero.

Sin embargo, el precio ha sido alto: Aldo, el hermano mayor, fue asesinado por talamontes en 2007. Don Ildefonso, el padre, fue encarcelado por un robo inexistente en 2015 y ahora Misael -quien tomó el lugar de su padre, afectado en su salud por la estancia de nueve meses en la prisión- enfrenta un proceso penal fabricado, acusado burdamente por tala ilegal.

Apenas esta semana, la organización internacional Global Witness advertía que México es el sexto país más peligroso a nivel mundial para las personas que defienden lo que es común, poniendo énfasis en la persecusión legal irregular contra las y los defensores del territorio. Mientras tanto, 17 Procedimientos Especiales de Naciones Unidas han urgido al Estado mexicano a ratificar el Acuerdo de Escazú, que reconoce el papel de las personas defensoras de derechos humanos e insta a su protección.

La defensa de Misael, representada por el Centro Prodh, ha insistido en que los datos de prueba con los que vincularon a este joven defensor al proceso penal surgieron en un contexto de violaciones a derechos humanos y no demuestran ni que haya existido el supuesto delito ni que Misael estuviera vinculado a él. La esperanza de la familia está puesta ahora en que un juez de amparo pueda frenar las evidentes irregularidades que se están cometiendo nuevamente en su contra. O que la Fiscalía desista de llevar adelante este proceso que le podría acarrear 20 años de cárcel injusta a un joven indígena que no ha cesado en su defensa de la tierra.

En su momento, don Ildefonso fue reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional. Ahora, en consonancia con la indignación de la comunidad, Greenpeace y el Centro Prodh han lanzado la exigencia de que se detenga la criminalización contra este joven defensor. Lo que sigue es comprobar si este 7 de agosto la respuesta del Poder Judicial y de la Fiscalía del Estado de México será acabar con un proceso que burla a la justicia y viola los derechos de Misael.

@CentroProdh