Más allá de la militarización y el punitivismo: otras formas de hacer justicia

El cambio de gobierno representa una nueva oportunidad para replantear la estrategia de seguridad y justicia. En un país como México, en donde la mayoría de los delitos no se denuncian y la impunidad para delitos de alto impacto como las desapariciones, los homicidios dolosos y feminicidios es casi absoluta, es necesario repensar las políticas públicas que nos han llevado hasta aquí y buscar alternativas para salir de la espiral de violencia en el que nos encontramos.

En los sexenios pasados, las estrategias de seguridad en México se han enfocado en utilizar a las instituciones militares para mitigar la violencia. Tan solo el sexenio anterior se creó la Guardia Nacional, una institución civil que se ha buscado que esté bajo control militar, y se han extendido las facultades de las fuerzas armadas en el país. Por otro lado, en los últimos meses de transición hacia el nuevo gobierno, la reforma judicial está en el centro de la discusión, bajo el argumento de que es necesaria una profunda reforma en la impartición de justicia para prevenir y erradicar la corrupción de los jueces y magistrados.

Desde la sociedad civil el diagnóstico es claro: más militarización no solucionará la violencia, y la reforma judicial no es la respuesta para disminuir la impunidad. Sin embargo, estas soluciones parecen ser populares entre la ciudadanía. En la última edición de la encuesta de Percepciones de Impunidad 2024, 8 de cada 10 de las personas encuestadas estuvo total o parcialmente de acuerdo con que mantener a las fuerzas armadas en las calles puede ayudar a mejorar la inseguridad.

Sin embargo, aunque popular, la militarización del país no es la única estrategia identificada para mejorar la inseguridad. Si bien el 27 % de las personas encuestadas declararon que tener a más elementos de las fuerzas armadas en las calles es la mejor forma de combatir la inseguridad, casi el mismo número de personas (24 %) consideró que se deben implementar acciones de prevención de los delitos y que se deben invertir más recursos en policías (24 %).

Por otro lado, las medidas punitivas continúan siendo populares. La gran mayoría de las personas entrevistadas estuvo parcial o totalmente de acuerdo con que todos los delitos se deben sancionar con cárcel (80%) y 7 de cada 10 estuvo total o parcialmente de acuerdo con que todas las personas acusadas de cometer un delito deben permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa. Sin embargo, a pesar de los altos niveles de aprobación del uso de la prisión preventiva y el aumento en las penas, 8 de cada 10 consideró que otorgar medidas de reparación a las víctimas también es una forma de impartir justicia.

Este hallazgo es de suma relevancia porque demuestra que, a pesar de las tendencias punitivistas, se consideran posibles otras formas de hacer justicia. La justicia restaurativa, por ejemplo, tiene como objetivo resolver los conflictos enfocándose en la reparación del daño a las víctimas, así como despresurizar el sistema de justicia, canalizando casos que pueden ser solucionados por esta vía. En el caso de las medidas de reparación, estas pueden ser económicas, pero también pueden ser el reconocimiento y la aceptación de responsabilidad del delito y la garantía de no repetición. Es necesario seguir explorando la aceptación pública de estas medidas que pueden constituir formas alternativas de justicia para las víctimas y la comunidad.

Otras formas de hacer justicia son posibles y desde sociedad civil nos toca seguir reforzando este mensaje, así como construir puentes con el nuevo gobierno para encontrar el equilibrio entre un diseño de políticas públicas que ponga al centro las necesidades de la ciudadanía, pero que no deje de lado la evidencia y buenas prácticas que pueden ayudar a mejorar la situación de inseguridad e impunidad en la que el país está atrapado desde hace décadas.

* Monserrat López Pérez (@monlopez_) es analista de datos y colaboradora de Impunidad Cero.